El plan de ahorro de la Xunta prevé reducir jornada “a todos los interinos”

En dos horas escasas —sobraron diez minutos— aprobó el Partido Popular en el Parlamento un nuevo recorte a las condiciones de los trabajadores públicos para ahorrar, según detalló ayer la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, “entre 75 y 85 millones de euros” del capítulo de personal, que cuesta a la Xunta 3.645 millones, el 40% de su Presupuesto. Cuando la norma entre en vigor, el Gobierno de Feijóo rebajará el sueldo a los funcionarios que enfermen (salvo que haya hospitalización e intervención quirúrgica), establece la jubilación obligatoria a los 65 años aunque faculta para que las excepciones las pueda decidir unilateralmente el Gobierno, que también gozará de discrecionalidad para establecer reducciones de un tercio de la jornada y del salario a los interinos , excepto profesores y personal sanitario.

Por más que el presidente y la conselleira de Facenda repitan que esta última medida de limitar la jornada laboral y el salario a los interinos no se va a acometer de forma generalizada sino que se estudiará caso por caso según las necesidades de la Administración, la memoria económica de la ley aprobada ayer establece un ahorro en este capítulo de 9,682.888 euros. Y detalla textualmente: “Se computa como ahorro solo la reducción de la jornada de todos los interinos menos los que trabajen en en el Servizo Galego de Saúde y el personal docente”. De aplicarse tal y como está en la ley, afectaría a unos 3.900 interinos, según datos del Instituto Galego de Estatística.

Fuentes de la Consellería de Facenda insistieron a este diario que pese a la redacción de la memoria no habrá bajadas de un tercio del sueldo para todos los interinos. ¿Cómo llegar entonces a esos 9,6 millones de euros de ahorro que están contenidos en el documento que permite a Feijóo y Muñoz afirmar que el paquete de medidas contendrá el gasto en 80 millones? Facenda sostiene que son “cálculos aproximados” y advierte que en la memoria no figura “porque es difícil de cuantificar” el ahorro de los funcionarios que voluntariamente opten por reducir su jornada (algo que también contempla la norma).

El PSdeG reprocha a Feijóo su promesa electoral de subidas a los funcionarios

Los cálculos del plan de ahorro de la Xunta son de todo menos minuciosos. La misma memoria económica afirma que la reducción del absentismo contendrá el gasto en 23 millones de euros. Es también una cuenta aproximada. Facenda aventura que logrará reducir el coste en un 60% de las bajas del personal del Sergas (las no relacionadas con enfermedades laborales). Esa estimación se extiende, sin más explicación, al resto de trabajadores de la Xunta.

El plan de acción social, una serie de beneficios sociales para los funcionarios, cae en 10,8 millones, la jubilación obligatoria de los mayores de 65 años reduciría 19,4 millones, si no hubiera ninguna prórroga y el Gobierno solo sustituyese al 10% de los profesionales. Y así se van sumando distintos epígrafes (incluida la reducción de días libres de asuntos propios de seis a tres para equipararlo al resto de comunidades autónomas o la eliminación del plus para ex altos cargos) hasta llegar a 75,5 millones de euros. El descenso de los sueldos de los directivos y consejeros de empresas públicas no aparece desglosado a la espera de un estudio que la Xunta acometerá en las próximas semanas. La titular de Facenda, Elena Muñoz, que con esta comparecencia debutó en el Parlamento, subrayó que los “ajustes” son imprescindibles para “mantener salarios, blindar los servicios públicos esenciales y lograr un ahorro que contenga la caída de ingresos”. Comparó sus medidas con la bajada de salarios que propusieron otras comunidades como Valencia, Castilla La Mancha o Cataluña (todas gobernadas por conservadores) y el “anterior Gobierno socialista” de Zapatero.

Suárez Canal: “Atacan el ADN de los derechos de la democracia”

A esa hora ya no estaban en la tribuna para escucharle los representantes de los sindicatos que se negaron a negociar la ley porque ya habían sido expulsados por la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, tras exhibir carteles contra “los recortes en los servicios públicos”. Tras advertir que interrumpir un pleno de la Cámara es un delito, los representantes de los trabajadores abandonaron la institución.

Sí se quedó a escuchar a la responsable de Facenda, el presidente, que en cuanto terminó de intervenir la conselleira abandonó su escaño. Se evitó así la larga lista de reproches de la oposición que cayó en tromba sobre el Gobierno. Sobre las formas —socialistas y nacionalistas consideran que la aprobación de la ley por lectura única es una anomalía que intenta amordazarles— pero sobre todo en cuanto al fondo. Desde el Bloque, Alfredo Suárez Canal, concluyó que la ley certifica “el clamoroso fracaso de las políticas de la Xunta en su último año de legislatura”. Con tono irónico, preguntó qué quería decir la conselleira con eso de que la ley no tocaba los salarios. El diputado nacionalista se apuró a subrayar que de temporal, nada, que la ley no contempla ningún período y que los recortes se mantendrán hasta que la Xunta decida volver a cambiar la ley. Lo más que comprometió ayer Facenda fue que será revisada en dos años en función de la evolución del PIB y de otros parámetros. Pero sin fijar ningún objetivo concreto. Suárez Canal acusó a la Xunta de “atacar el ADN de los derechos básicos del sistema democrático”. “Un atentado a normas fundamentales de convivencia, se cercena la capacidad de negociación colectiva”, clamó.

El plan de ahorro parte de cálculos "aproximados" y queda blindado por ley

Desde las filas socialistas, José Manuel Lage Tuñas completó la diatriba: “Nos proponen dinamitar los servicios públicos reduciendo la contratación de personal y menguando las prestaciones que reciben los ciudadanos. [...] No tienen proyecto de país, pero sí ideológico, quieren llevar los servicios públicos a la beneficencia”. [...] Cuando ponen en un papel que no cubren bajas, dicen que va a haber menos personal para atender a los ciudadanos en los centros de salud”. Esta sentencia arrancó un aplauso de la bancada socialista. Pero Lage se guardó munición para el final. Leyó el programa electoral del PP que comprometía mejorar las condiciones de los funcionarios con una nueva ley de función pública, aumentar el fondo social, un plan plurianual para recuperar las pérdidas históricas” de los funcionarios. Lo hizo para contrarrestar las críticas que la conselleira había vertido contra Zapatero y su Gobierno.

Por el PP intervino su portavoz y diputado, Antonio Rodríguez Miranda, para pedir “un nuevo esfuerzo a los trabajadores públicos debido a los cambios que en los últimos meses se han producido en las previsiones económicas de 2012”. El parlamentario popular se mostró convencido “de que los servicios públicos no se van a resentir porque la respuesta de los funcionarios va a ser un incremento del compromiso” con su trabajo, dando a entender que pueden suplir las consecuencias de los recortes con más dedicación.

En el turno de cierre tanto socialistas como nacionalistas preguntaron qué cambió desde diciembre, cuando la Xunta aprobó definitivamente sus presupuestos, para que el Gobierno modifique ahora sus cuentas por esta vía extraordinaria e introduzca nuevos recortes. Suárez Canal insinuó que la Xunta impulsó estas medidas en vísperas de las elecciones generales “igual que hace Rajoy ahora esperando a las andaluzas”. El debate no despejó sus dudas.