El mayor astillero privado de Galicia, al borde de la liquidación
Guerra cree que la propuesta de los propietarios no sirve para salir del concurso
El plan de Barreras no tiene ninguna posibilidad de prosperar tras el amplio rechazo que ha concitado. Ni los trabajadores, ni los acreedores ni la Xunta lo han tomado en cuenta porque, dicen, distribuye el peso del rescate sobre casi todos los actores de este drama menos en los principales interesados: los accionistas. Si no lo revisan de arriba abajo, el astillero se verá obligado a entrar en fase de liquidación.
“No estamos en absoluto satisfechos, sinceramente, consideramos que es en algunos aspectos muy importantes un plan incompleto e insuficiente”, aseguró ayer el conselleiro de Economía, Javier Guerra. “Con este plan se nos dice que las cosas empiezan ahora, pero el astillero lleva muchos meses en esta situación, y ustedes saben que yo les he solicitado en numerosas ocasiones el plan de viabilidad”, reprochó Guerra.
La deuda total, todavía sin cerrar, suma 74 millones, y sobre ella se plantea una quita del 95%, lo que significa que los acreedores deberían asumir —y perdonar— unos 70 millones. De ese total, unos 55 millones son facturas impagadas a la industria auxiliar del naval, que ayer dio un no rotundo al planteamiento de Barreras. “Estamos dispuestos a apoyar una salida, pero no a cualquier precio”, señala un portavoz de la plataforma de afectados que agrupa al 60% de las pymes. Por el momento la patronal Asime, que en el caso de Vulcano manifestó sus divergencias con el rescate, guarda silencio.
La empresa reconoce errores en la gestión durante los años de bonanza
Los accionistas, en esencia el grupo que encabezan el empresario José García Costas (que tiene el 20% y es propietario de las auxiliares Emenasa, Mecanasa, Valiño) e Ignacio Lachaga (con otro 20% desde Albacora) estarían dispuestos únicamente a inyectar seis millones de euros. “Si a las auxiliares se les pide que pongan unos 60 millones y ellos ponen seis, no parece que la relación sea muy precisa”, apuntó Guerra, que mantiene el compromiso de la Xunta en “ser parte de la solución de Barreras”.
“Una de dos, o es un punto de partida para negociar a la baja, o lo que se nos está diciendo es que quieren liquidar el astillero pase lo que pase”, añade un empresario que tiene numerosos impagos del constructor. Otro apunta a que podría tratarse de una jugada de los accionistas para recomprarlo libre de cargas, tras la liquidación, “por muy poco dinero”. Sea como sea, el malestar en el sector y en la Xunta es notorio.
Uno de los aspectos que más ha irritado a la Consellería es el hecho de que el documento, de apenas 50 folios, dé por sentado que la Administración autonómica vaya a ayudar a la empresa aportando seis millones de euros de capital a través de Xesgalicia, la filial de capital riesgo. “Por si no ha quedado claro, la Xunta no va a entrar en ninguna compañía, no lo ha hecho en los últimos años en sectores maduros y no lo vamos a hacer ahora. Para ayudar a las empresas hay otros instrumentos, como préstamos”. Enfocado en “mantener el empleo y la credibilidad del sector”, maltrecha por el hecho de que los propios accionistas hayan reconocido que hubo graves errores en la gestión, el conselleiro insistió en que el documento “habla mucho del pasado, de cómo se llega a esta situación, pero poco del futuro”. Sobre ese pasado, remite a falta de control de los costes en pleno boom de la contratación, lo que habría llevado al constructor naval a incurrir en pérdidas. Barreras añade que los números rojos se agravaron durante las huelgas de trabajadores en la negociación del convenio del metal en la provincia.
Nada se aclara sobre futuras contrataciones más allá de la referencia imprecisa a que habrá “tres pedidos al año”. “Es un plan muy exigente con todas las partes pero probablemente menos con los propietarios, que son los responsables de esta situación”, concluye la Xunta.
Acciones en el aire
El compromiso de que nuevos accionistas se interesen por un astillero al borde del abismo es, según el propio plan de viabilidad, una posibilidad difusa. El documento da algunas pinceladas, sin nombres ni apellidos, sobre que una nueva inyección de inversores privados podría sumar otros ocho millones de euros, pero se produciría siempre y cuando se dé por superado el concurso. El propio Guerra ironizó sobre esta posibilidad, apuntando que lo importante es que las soluciones se ejecuten “ahora”.
Otra de las patas del plan, la contratación de barcos, depende en gran medida de que se articule un nuevo sistema de financiación con bonificaciones, algo que no ocurrirá hasta, por lo menos, el mes de mayo.
Los proveedores manejan varias alternativas para evitar su disolución, como la de perdonar la mitad de las deudas y la otra mitad dividirla entre participaciones en el capital junto a un plan de pagos realista —y no en un calendario que se dilata hasta el 2028, como se proyecta ahora—. Pero fuentes de la patronal rechazan negociar mientras la propiedad no rebaje sus expectativas. “Si perdonamos todas las deudas sería un agravio comparativo para otros astilleros”, señala un empresario.
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