Málaga acepta el pago aplazado y en especie de los convenios urbanísticos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga que preside Francisco de la Torre (PP) está dispuesto a dar las máximas facilidades a las promotoras urbanísticas para cobrar las cuantías millonarias que tienen comprometida por convenios urbanísticos firmados durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor desde el pasado septiembre.

El Ayuntamiento lleva meses renegociando el pago de los tres principales convenios, por los que debía cobrar 165 millones de euros, y prefiere diferir los pagos e incluso aceptar cobros en especie antes que revocarlos o entrar en procedimientos judiciales complejos y de largo alcance temporal.

De momento, el consistorio ya ha cerrado un acuerdo con la inmobiliaria Espacio y Unicaja, que promueven las torres de Martiricos, dos edificios de 30 plantas con 464 viviendas libres, para diferir en cinco plazos anuales hasta finales de 2017 el pago de los 11,6 millones de euros pendientes.

El consistorio ya cobró la otra mitad de los 23 millones del total del convenio para el desarrollo del área en torno a la antigua fábrica de Citesa, que contempla además un edificio de ocho plantas para 210 viviendas de VPO, otro bloque de seis pisos para oficinas y comercios, y una zona verde de 25.000 metros cuadrados.

Las adendas incorporadas al convenio contemplan que en noviembre de 2013 se producirá el primer pago, 2,5 millones. Serán montantes diferentes cada ejercicio, con un máximo de 4,25 millones en 2016, año en que en teoría la promotora ya tendrá en comercialización las viviendas. El Ayuntamiento destinará 7,1 millones a distintas obras de adecuación y mejora en el entorno de la zona afectada.

El Consistorio está a punto de firmar también un acuerdo con NovacaixaGalicia sobre el convenio de las torres de Repsol, el más cuantioso de todos, un total de 84 millones de euros de los que están pendiente de cobro 72 millones.

La promotora logró con la firma del convenio que se multiplicara por tres la edificabilidad, lo que le permitirá construir el que será edificio más alto de Málaga (40 plantas), dentro de un complejo urbanístico que incluye 1.332 viviendas, zona comercial y parque en los suelos que ocuparon los antiguos depósitos de Repsol.

Ante los problemas de liquidez, el Ayuntamiento está dispuesto a aceptar que parte del pago se le efectúe en especies, con la cesión de derechos urbanísticos sobre el suelo recalificado.

La oposición quiere que se revoque el convenio, pues se teme que las soluciones pueden ser ruinosas para el consistorio, pues para obtener rendimiento a estos derechos o tendría que convertirse en promotor, o venderlos a un tercero. "Qué sentido tiene recibir unos aprovechamientos que no quiere el promotor, si fueran rentables no los cedería", advierte el portavoz adjunto del PSOE Carlos Hernández-Pezzi, quien recuerda además que la valoración se realizó hace seis años, en un momento en el que el mercado inmobiliario tenía unas expectativas que se han desmoronado.