Un juzgado avisó al colegio en diciembre de que sería embargado

La deuda del colegio Santa Illa de Madrid con la Seguridad Social, que asciende 992.263 euros desde hace 20 años, comenzó a acumularse en 1991. Así queda reflejado en el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 19 de Madrid que autoriza a los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social a ejecutar el embargo del colegio privado bilingüe.

El auto está fechado el pasado 22 de diciembre. El director, Iñaki Santa, lo recibió el 31 de ese mismo mes, según  explicó él mismo a EL PAÍS. Es el documento el que autoriza a la Tesorería a entrar en horario escolar, de 9.00 a 18.00 horas en el centro. La resolución especifica que la ejecución del embargo corre a cargo de funcionarios de la Seguridad Social y no es un acto en el que intervenga el juzgado, que simplemente se limita a conceder la autorización previa necesaria para proceder a "la ejecución forzosa de actos de la Administración pública".

Señala que los funcionarios deben ir acompañados de agentes de Policía y que el embargo se ejecutaría "en el plazo máximo de un mes" desde la notificación a la Tesorería. Santa asegura que no avisó a los padres entonces porque el auto permitía presentar un recurso de apelación del que hizo uso y del que "todavía" no tiene respuesta.

Según un portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Tesorería conoció el permiso de embargo el 23 de enero. El plazo se cumplía el jueves, recuerda el ministerio en una nota,  que señala que la dirección del colegio "estaba al corriente" de lo que iba a ocurrir y acusa a la empresa de "ignorar repetidamente los requerimientos de la Administración para resolver su abultada deuda". Entre otras soluciones "ofrecidas por la Seguridad Social" cita la posibilidad de "pago fraccionado de la deuda" y añade que el centro "hizo caso omiso" a la petición que se le hizo de una relación de bienes. Hubo un intento previo de embargo en 2010, según la información facilitada por el ministerio, y la empresa "negó" el acceso a sus instalaciones. Entonces, la Seguridad Social solicitó autorización judicial. 

El director ha explicado que la notificación con fecha y hora concreta le llegó el miércoles  a las tres de la tarde para su ejecución el jueves en horario escolar. Asegura que intentó mediar con la Consejería de Educación y la patronal de centros privados (Acade) y no avisó a las familias porque se le echó el tiempo encima. "A las seis de la tarde ya no puedes decirle a los padres que no lleven a sus hijos a clase al día siguiente", ha explicado después de que los operarios que se llevaron pupitres y el resto de enseres volvieran a dejarlos en el colegio apenas 24 horas después.  La mayoría de los padres tuvieron noticia del embargo mientras se estaba produciendo y conocieron los detalles el jueves por la tarde en una reunión en la que decidieron no llevar a sus hijos el viernes a clase.

Después de la denuncia pública de los padres, la Seguridad Social ha buscado una fórmula para que el centro siga funcionando, al menos, hasta junio. El funcionario que esta mañana acudió al colegio, Andrés Ruiz, aseguró que el cambio de planes (devolver los muebles y permitir que el centro siga su curso) se ha debido a la "alarma social" provocada por el caso. Tanto el jueves por la tarde como el viernes por la mañana, las puertas del centro estaban rodeadas de periodistas y cámaras.

El Ministerio de Empleo señala en su nota oficial que el cambio se produce "en atención al interés de los alumnos y una vez comprobado que se cumplen las garantías de seguridad y solvencia". La empresa, Colegio Santa Illa SA, es  ahora la depositaria "obligada a custodiar los bienes" que han sido devueltos al colegio. Pero el proceso de embargo sigue, aseguran desde la Administración.