El PPCV no es el PSPV

Cuando se estaba negociando el vigente sistema de financiación autonómica, Jorge Alarte afirmó que el PSPV no toleraría un modelo que diese a los valencianos una financiación per cápita inferior a la media.

Como todo el mundo se temía y han corroborado los resultados oficiales, la Comunidad Valenciana sigue estando en la cola de la financiación por habitante, lejos de la media y muy, muy lejos de las comunidades autónomas que más se benefician del modelo.

Eso sí, en esto como en otras cosas —los resultados electorales, por ejemplo—, Alarte y el PSPV no nos han explicado qué consecuencias prácticas tiene su intolerancia, qué han hecho para reprobar al PSOE y a sus líderes nacionales el seguir relegando a los valencianos y no acabar de una vez por todas con la injusta discriminación que sufre la Comunidad Valenciana desde el primer modelo de financiación autonómica, implantado por el socialismo de González y Lerma.

Hoy gobierna Rajoy, que hizo una defensa encendida de nuestra tierra en su investidura, es ministro de Hacienda Montoro, quien en sus visitas a la Comunidad Valenciana durante los últimos años siempre ha criticado la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, y el PPCV ha renovado la confianza de los valencianos para gobernarles, con un programa que considera una meta irrenunciable acabar con la discriminación que en materia de financiación estamos sufriendo desde que la Generalitat Valenciana existe.

Desde mi punto de vista, ese objetivo debe alcanzarse teniendo en cuenta las siguientes premisas:

— Debe llegare a él por vías constitucionales, esto es, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en un foro multilateral, huyendo de vías oblicuas y bilaterales.

Hay centrarse en el futuro, huyendo de la tentación de hablar de supuestas deudas pasadas o históricas

— Debe centrarse en el futuro, huyendo de cualquier tentación de hablar de supuestas deudas pasadas o históricas. Los sistemas existentes hasta hoy y la aplicación efectiva de los mismos nos han perjudicado enormemente —las mareantes cifras las acaba de poner de relieve el presidente Fabra—, pero yo no creo que España sea deudora de ninguno de los territorios que la componen, como tampoco creo que los cántabros o los extremeños —por citar dos comunidades históricamente beneficiadas por los diferentes modelos de financiación— sean deudores históricos del resto de españoles.

— Debe dejar de arrastrar las ineficiencias e inequidades de los modelos pasados, no pudiendo construirse conceptos tales como el coste efectivo de los servicios transferidos ¡a mediados de los ochenta del siglo pasado!, coste desmesuradamente inferior al coste real actual de esos servicios y al que se reconoció a las comunidades que asumieron la educación y la sanidad hace unos pocos años.

— Debe basarse casi exclusivamente en la población, en las personas, porque es a las personas a las que va dirigida la actividad de las Administraciones autonómicas: sanidad, educación, justicia y servicios sociales.

— Debe adaptarse anualmente a las magnitudes que definan la cuantía de los recursos a percibir por cada comunidad. Si cada año sabemos qué población tiene cada comunidad, cuántas son las personas en edad escolar o mayores de 65 años y cuál es el número de dependientes reconocidos, ¿cómo puede el sistema no adaptarse automáticamente a los sucesivos cambios de estas magnitudes?

— Debe de contener mecanismos de solidaridad de los más ricos con los más pobres, atendiendo a la renta per cápita de cada región y a su contribución proporcional a la riqueza nacional, pero también debe fomentar que las regiones más pobres acorten el gap con las más ricas y no se beneficien sine die de esos mecanismos de solidaridad.

— Debe garantizar que no existan diferencias sustanciales entre la financiación per cápita de cada comunidad autónoma. Claro que la existencia de mecanismos de solidaridad conlleva que la financiación por habitante no sea homogénea, pero lo que no pueden existir es comunidades que perciban, año tras año, trescientos y cuatrocientos euros por habitante más que otras, porque esta cantidad, multiplicada por los cinco millones de valencianos, provoca una infrafinanciación anual de mil quinientos a mil ochocientos millones de euros, grosso modo el coste de la factura farmacéutica, por ejemplo.

— Debe entrar en vigor en un plazo razonable, y por razonable entiendo, como muy tarde, el 1 de enero de 2014. Todo lo que rebase esta fecha sería contrario tanto a lo que en el PPCV hemos predicado durante muchos años como a la clara voluntad reformista del Gobierno de Rajoy.

¿Y qué ocurre si todo lo hasta ahora afirmado no ocurre, es decir, si el sistema no se reforma o se hace de un modo que no acabe con la discriminación que sufrimos los valencianos?

¿Y qué ocurre si todo lo hasta ahora afirmado no ocurre, es decir, si el sistema no se reforma o se hace de un modo que no acabe con la discriminación que sufrimos los valencianos?

Pues ocurre que el PPCV no es, no debe ser el PSPV, y que ni podemos ni debemos darnos por no aludidos, olvidarnos de nuestro discurso de los últimos ocho años y borrar de un plumazo nuestro programa electoral, el que llevó al PPCV y a los presidentes Camps y Fabra a gobernar nuestra tierra y a los valencianos, a apoyar masivamente al PP y a Mariano Rajoy.

Y como el PPCV no es el PSPV, desde ya el presidente, el Consell, el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas y los diputados nacionales y senadores valencianos debemos trabajar en la buena dirección, escuchando a quien haya que escuchar, hablando con quien haya que hablar y dejando claro, con mucho respeto y comprensión pero también con toda rotundidad y firmeza, que el sistema de financiación tiene que dejar de discriminar a los valencianos de una vez y para siempre, y que es justo y bueno para España que así sea.

Después de todo, si los valencianos no somos menos que el resto de los españoles, es lo cierto que el PPCV ha contribuido mucho más que otras organizaciones regionales del PP a la pasada victoria electoral y a que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno.

Nos merecemos los valencianos, pues, que el programa del PPCV se cumpla.

José Marí Olano es portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y Secretario de política económica del PPCV.