El fiscal del País Vasco comprobará las denuncias de los contratos informáticos

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, va a abrir una investigación para determinar la calificación jurídica, o incluso el archivo, de las denuncias recibidas sobre supuestas irregularidades detectadas en el departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, bajo el mandato de Eusko Alkartasuna dentro de los sucesivos Gobiernos de Juan José Ibarretxe. Durante este nuevo período procederá a concretar los hechos investigados y determinar su alcance en base a los documentos que le han sido entregados a partir del pasado 9 de febrero por los responsables de la actual consejería, que dirige ahora la socialista Idoia Mendia.

Según una nota oficial remitida desde la propia fiscalía superior, dado el carácter secreto de las diligencias de investigación que acometerá Calparsoro, ya se advierte de que no va a informar sobre su desarrollo hasta que concluyan los trabajos. Eso sí, la duración de estas diligencias no podrá exceder de seis meses, en cumplimiento de la propia normativa.

La denuncia se basa en una investigación abierta desde la viceconsejeria de Justicia

Esta decisión se produce horas antes de que la consejera y portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, comparezca, a petición propia, en el Parlamento para dar cuenta de las supuestas irregularidades que se fueron detectando desde que el actual Gobierno asumió las responsabilidades de Justicia. De hecho, los dos viceconsejeros, Txema Fínez, hasta su fallecimiento, y la actual, María Victoria Cinto, han asumido la investigación sobre las posibles desviaciones presupuestarias en las adjudicaciones de los servicios informáticos de esta consejería y que, según la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del País Vasco, podrían elevarse a 23 millones de euros.