"Queremos ser como cualquier otro vecino de Madrid, sentirnos uno más"

Era un día señalado para los 11.000 madrileños que pueblan la Cañada Real y sus efectos derivados no lo fueron menos. El consejero de Asuntos Sociales ha solicitado esta mañana una moratoria, “como señal de buena voluntad”, a los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas para que “no derriben ninguna vivienda del área salvo que se traten de chabolas y otras infraviviendas o tengan que ver con la venta de droga y fines criminales y por tanto afecten a la inseguridad ciudadana”. Fausto Fernández, concejal de Urbanismo de Rivas, ha mostrado su malestar al respecto: "Nuestro ayuntamiento no renuncia a su obligación de aplicar sanciones por irregularidades urbanísticas".

A la petición de Victoria, caiga o no en saco roto, se añade otro hecho relevante: los representantes vecinales de los seis sectores en que se dividen los 14,4 kilómetros de la arteria a su paso por las tres localidades se han reunido por primera vez, compartiendo el mismo techo y espacio-tiempo desde que la vía utilizada por los ganaderos empezó a ser tomada por miles de outsiders a partir de los años 50. La decisión tampoco gustó al alcalde de Rivas, José Masa, que entiende que el consejero debía haberse reunido primero con los consistorios. "Nos ha sorprendido sobremanera cómo Victoria ha incumplido la palabra que nos dio en la reunión que tuvimos con él, el pasado 7 de noviembre, respecto a dar prioridad a la constitución de la mesa institucional", ha señalado el edil. De momento no hay una fecha fijada en la que Asuntos Sociales se siente con los tres Ayuntamientos referidos.

Al cónclave han asistido una docena de activistas, representantes desde los sectores más normalizados, como el que está integrado en el casco urbano de Coslada al más complicado y poblado (4.000 almas), el sector VI, ubicado en Vallecas y el más complicado al ser un rompecabezas a escala humana con innumerables focos de conflicto que engloban delincuencia, comercio de estupefacientes, altas tasas de analfabetismo y una insalubridad galopante. Vanessa Valenzuela, presidenta de la agrupación Cañada Real Merinas, que aglutina los tres primeros sectores –unos 4.000 habitantes entre Coslada, Vicálvaro (Madrid) y Rivas-, fue la única que aceptó salir en público frente a las reticencias por diversos motivos del resto, como el miedo a que les pudiera afectar en sus puestos de trabajo que se conociera que viven en la Cañada. “Queremos ser como cualquier otro vecino de Madrid, sentirnos uno más… Siempre hemos estado dispuestos a pagar impuestos por los distintos servicios, por comprar el suelo sobre el que levantamos nuestras casas”, ha explicado Valenzuela, que distingue entre "las distintas realidades" de la Cañada. Diferentes mundos que abarcan desde los chalets más lujosos a las chabolas levantadas con cuatro tablas y tejados de uralita.

“Hoy nos hemos sentado juntas las cuatro agrupaciones más antiguas. Lo que pretendemos es dejar de tener un asfalto precario, unas tomas de luz en malas condiciones”, ha resumido la portavoz. “Es tan sencillo como que tengan una serie de derechos y deberes, que dispongan de una recogida de basuras, que las calles estén señalizadas al tráfico, que no tengan que pinchar la corriente eléctrica… Nuestro objetivo es que la mayoría de propietarios puedan comprar el suelo de la vivienda, porque supone una normalización, un reconocimiento, en definitiva seguridad jurídica para atajar un problema para personas que llevan hasta tres generaciones viviendo en sus casas”, aporta Victoria. El consejero ha pedido hoy el censo de fincas y residentes que se encargó a los distintos ayuntamientos implicados, para "poder afrontar con exactitud el reto" que durante décadas ha supuesto la Cañada a todas las Administraciones. "Los primeros datos aproximados, según el recuento de los vecinos y el IRIS [Instituto de Realojamiento e Integración] hablan de unas 11.000 personas frente a las 40.000 que siempre se dijeron. Por lo tanto el problema es menor; quizás antes, ante semejante volumen de gente, no se actuó por desinterés o no saber cómo hacerlo", ha referido Victoria, que coordinará a todas las consejerías con competencias, como Sanidad, Educación o Medioambiente. El responsable de Urbanismo de Rivas también discrepa en este sentido: "El censo que han presentado está plagado de inexactitudes, por no decir de errores manifiestos que hubieran sido fácilmente subsanados si se hubieran dirigido a este Ayuntamiento para preguntarnos”.

La portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ha celebrado la reunión y espera que el plan de trabajo "cuente con la mayor participación y consenso posibles".  "Hace 15 días le pedimos al consejero durante un pleno que se pusiera manos a la obra para acabar de modo eficaz con la exclusión en Cañada Real. Por suerte, parece que la petición ha funcionado”, ha observado la diputada socialista. Lo que no consiguió su partido durante el debate presupuestario es que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre aceptase su propuesta de reservar recursos económicos en las consejerías con competencias para intervenir en los problemas de la Cañada. "Con el no del PP a esta reserva económica, el plan social nacerá probablemente sin presupuesto, una carencia que nos preocupa", entiende Martínez.

El próximo 15 de marzo, día en que se cumple un año de la aprobación de la ley 2/2011, que convierte en bien patrimonial la vía pecuaria para así transformar el suelo en urbanizable, industrial o zonas verdes en función de las necesidades locales, las agrupaciones invitarán a todos los interesados a pasear por el terreno “para acabar con un estereotipo de marginalidad muy lejano de la realidad en la mayoría de los 14 kilómetros”, sentencia una amiga de Valenzuela. Aun así, ella tampoco dice su nombre y rehúye las cámaras, temerosa del qué dirán.