El primer censo de la senda baja su población de 40.000 a 11.000

La Cañada Real Galiana, una arteria de más de 14 kilómetros de largo y una media de 30 metros de ancho con fama de ser uno de los principales focos de droga, marginalidad, insalubridad e inseguridad de Madrid, cuenta con una población de unas 11.000 personas y no de las 40.000 de las que se habló durante años. Es la conclusión de la Consejería de Asuntos Sociales según los datos cruzados obtenidos del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) y de las cuatro asociaciones de vecinos que representan a los seis sectores en que se divide la vía, que a lo largo de su extensión pasa de estar integrada en el casco urbano de Coslada a las infraviviendas y búnkers de la droga del área de Valdemingómez. La mayoría de los residentes estarían establecidos en la capital (7.104 entre Vicálvaro y Villa de Vallecas frente a los 1.924 de Coslada y 1.536 de Rivas), al igual que las construcciones: 1.956 en Madrid por las 517 de Coslada y 397 de Rivas.

Los cálculos de los que dispone Servicios Sociales, que coordinará al resto de carteras implicadas (desde Sanidad a Medio Ambiente) en un proyecto que pretende reordenar la Cañada, no son los definitivos. De hecho hace casi un año se encargó un censo de habitantes y fincas a los ayuntamientos afectados. El responsable de la consejería, Salvador Victoria, solicitará hoy los censos a los tres ayuntamientos, encargados hace casi un año. También se reunirá con integrantes de las cuatro de asociaciones de vecinos. Por primera vez los representantes de todos los sectores, incluido el VI, el más problemático, compartirán espacio.

El Gobierno regional aprobó el pasado marzo, con la oposición de PSOE e IU, la ley 2/2011, que declara el carácter de bien patrimonial de la vía, que deja de ser pecuaria. La Comunidad podrá “enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio jurídico, preferentemente a los Ayuntamientos”, según el texto normativo. En caso de no ejercer esa opción preferente, la Comunidad podrá enajenarlos a terceros: los vecinos. “El fin es aportar una seguridad jurídica a los residentes con una antigüedad de hasta 50 años en la zona. Que la mayoría de los propietarios de viviendas puedan ser los propietarios del suelo donde se edificaron, siempre que cumplan una serie de requisitos”, explica Victoria.