Garaikoetxea aboga por suprimir las Juntas Generales y unir municipios

“Tenemos un problema político porque hay una ley sacrosanta” dijo ayer el primer lehendakari del Estatuto de Gernika, Carlos Garaikoetxea, en referencia a la Ley de Territorios Históricos (LTH), que impide “optimizar la gestión económica del país y el bien social”. Para ello, es preciso que el fondo de poder resida en el Gobierno y en el Parlamento, defendió.

Lo hizo durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudia las duplicidades e ineficiencias del complejo entramado institucional vasco, ante la que admitió una de las constantes quejas del actual lehendakari, Patxi López. El sistema es “tan atípico” como indica la carencia casi total de poder fiscal por parte del Gobierno. López tuvo en él un aliado de sus planteamientos, incluido el de que el Parlamento arbitre un tributo específico para una situación tan especial como la actual de crisis.

Garaikoetxea se muestra “horripilado” por la “elefantiasis” institucional vasca

Garaikoetxea salpicó su intervención de anécdotas de su propio calvario con las Diputaciones: la de Bizkaia llegó a puentearle con el Gobierno central en la época de UCD, recordó. Su entonces consejero, Juan Porres, se encontró con el ministro De la Cuadra preguntándole “a qué jugábamos, que el asunto que le planteaba ya estaba zanjado con el diputado general de Bizkaia y el representante del partido”, en referencia al PNV.

Las cosas estaban “muy enconadas”, dijo, y ello causó que “diéramos a luz un sistema con deficiencias”, admitió. En su intervención y posteriores respuestas a las preguntas de los grupos no se privó de calificar de “exceso” y “desmesura” la coexistencia de las Juntas Generales, que en la práctica funcionan como pequeños parlamentos provinciales, con la Cámara autonómica.

Aboga por reducir las Juntas a comités de control de las cuentas forales

El arreglo razonable, defendió, sería convertir a las primeras en meros y reducidos “comités de control” de la elaboración y el seguimiento de los presupuestos forales. Con mucho menos de 51 junteros —los que suma cada uno de los tres Legislativos forales— y más profesionalizados, bastaría, y se ahorrarían estériles debates políticos sobre lo humano y lo divino que se dan en las cámaras forales.

Sobre la fusión de municipios, la aplaudió porque derivaría en una mejora en la prestación de servicios y posibilitaría “economías de escala”. Garaikoetxea concedió incluso al representante de UPyD, Gorka Maneiro, que no estaría mal incluso suprimir la diputaciones, a las que sí concedió un papel como coordinadoras municipales, pero consideró que vale más quedarse con “un objetivo más realista” dado su arraigo histórico y en tradiciones “muy acendradas”. Estas son importantes, admitió, “pero a veces merecen mejorar con el paso del tiempo”. Los actuales dirigentes políticos irían ya bien servidos, no obstante, si lograran “redimensionar” el mapa institucional vasco, que no dudó de calificar de “maraña inextricable de operadores y recursos”, con una enorme “pléyade de sociedades públicas y parapúblicas”. Los convenios que se hacen imprescindibles para manejar esa maraña son “fuente de confusión competencial” y también para los propios ciudadanos, dijo también.

Garaikoetxea criticó la intervención de las Diputaciones en asuntos fuera de su competencia, “con interpretaciones abusivas de la capacidad de fomento” y siempre respecto de competencias del Gobierno vasco —con el Ejecutivo central se libran muy mucho, vino a decir—. “Me habría horripilado”, afirmó, el mero hecho de pensar, cuando puso en marcha la autonomía hace más de treinta años, que se alcanzaría, “en una comunidad de 6.000 kilómetros cuadrados y 2,5 millones de habitantes” el crecimiento y sobredimensionamiento en estructuras y sociedades y la burocratización “progresiva e irreversible” que se ha producido en tres décadas, y que puso en contraste con la austeridad de sus dos gobiernos. “Ha habido un crecimiento desmesurado, elefantiásico”, diagnosticó.