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PRIMERA GRAN PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO DE RAJOY

Más de 100.000 personas llenan el paseo de Gràcia contra la reforma laboral

Los sindicatos cifran la participación en 400.000 personas, pero Interior la rebaja a 30.000

La marcha congrega a trabajadores, partidos de izquierdas y activistas del 15-M

Manifestantes contra la reforma laboral en el paseo de Gràcia de Barcelona.
Manifestantes contra la reforma laboral en el paseo de Gràcia de Barcelona.

Miles de ciudadanos han salido a la calle este domingo en Barcelona para protestar contra la reforma laboral en una marcha convocada por CC OO y UGT a la que se han añadido los partidos catalanes de izquierdas y activistas del 15-M. Los sindicatos calculan que han acudido al centro de la ciudad más de 400.000 personas, aunque el Departamento de Interior de la Generalitat ha rebajado esa cifra a 30.000. Según los cálculos de EL PAÍS, se han manifestado cerca de 105.000 ciudadanos. En todo caso, ambas organizaciones han logrado llenar el paseo de Gràcia, puesto que cuando la cabecera de la manifestación ha llegado al final del recorrido, en la confluencia de la avenida con la Gran Via, la cola de la manifestación todavía no se había movido del punto de partida.

Bajo el lema Ni reforma laboral, ni recortes, los sindicatos han llenado el centro de la capital catalana para denunciar una reforma laboral que consideran que atenta contra los derechos de los trabajadores y que, a su juicio, no creará empleo, sino al contrario. En la cabecera de la marcha estaban precisamente los trabajadores de Fercable, la primera empresa que se ha acogido a la nueva legislación laboral para despedir a 95 personas. El secretario de CC OO en Cataluña, Joan Carles Gallego, ha advertido de que la marcha ha sido "una primera respuesta" a una "reforma antidemocrática" que deja a los trabajadores "con menos garantías". "La democracia se queda a la puerta de la empresa", ha sostenido. Según Gallego, la reforma abre la puerta a una etapa de conflictividad laboral que se verá "empresa por empresa". "La flexibilidad o se pacta o es de libre disposición", ha zanjado.

Su homólogo en UGT, Josep Maria Álvarez, también ha cargado contra el Gobierno de Mariano Rajoy por "encarnizarse" con una "contrarreforma y un bodrio jurídico" que "quita derechos a todos", pero también ha señalado al Gobierno de la Generalitat y, en concreto, a CiU, a los que ha pedido que "no se dejen llevar por los aires neoliberales". Ya antes de que empezara la marcha, Álvarez se ha mostrado convencido de que "la ciudadanía" iba a responder y ha advertido de que, si el Gobierno no se sienta a negociar el decreto, "la lucha seguirá".

A los cánticos de "¡esto no es una crisis, esto es una estafa!" se han añadido los gritos de quienes pedían una huelga general

A la manifestación, que ha durado cerca de dos horas, ha acudido todo tipo de colectivos. Había una nutrida representación de trabajadores de la industria del área metropolitana de Barcelona, sobre todo de empresas en crisis o que han anunciado cierres y expedientes de regulación de empleo (ERE). Por ejemplo, han participado en ella trabajadores de Yamaha, pero también de Roca y Sorea. También han poblado la manifestación los carteles que portaban empleados públicos, a los que la Generalitat acaba de anunciar un recorte salarial del 3% para este año, así como multitud de profesionales de la sanidad y la educación, que han criticado los recortes sociales que desde 2010 viene ejecutando el Gobierno catalán.

Los manifestantes han coreado sobre todo el lema "esta reforma hay que pararla", pero en no pocas ocasiones han reclamado una huelga general para expresar su malestar. A esos gritos se añadían sugerencias a Rajoy ("¡trabaja de peón!") o cánticos de los indignados ("¡esto no es una crisis, esto es una estafa!"). Al final de la marcha, los sindicatos han leído un manifiesto en el que han criticado una reforma laboral "impuesta por el Gobierno del Partido Popular y aplaudida por Convergència i Unió y la patronal". Las organizaciones han criticado la receta de la austeridad impuesta desde Bruselas, que a su juicio está "afectando gravemente" al modelo catalán de "Estado de bienestar", a la vez que está abriendo la "brecha social" entre ciudadanos.

Los sindicatos han criticado que el Gobierno haya optado por una reforma que "instaura el despido libre y generaliza los 20 días de indemnización", permita a las empresas "impulsar ERE sin la aprobación de la Administración pública" y bonifique a los empresarios por contratar sin que a cambio deban ofrecer "ningún tipo de seguridad". "Decimos no a la reforma laboral porque es injusta con los trabajadores y trabajadoras, es ineficaz para la economía y es inútil para crear empleo", han remachado los sindicatos.

El manifiesto ha denunciado que la reforma instaura el "despido libre", "generaliza" la indemnización de 20 días y permite ERE sin autorización

A la manifestación también han acudido los partidos catalanes de izquierdas. En representación del PSC, lo han hecho el primer secretario del partido, Pere Navarro; la exministra de Defensa Carme Chacón; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y los diputados en el Parlament Jaume Collboni, Miquel Iceta y Eva Granados. Navarro ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que en lugar de aplaudir la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, que ha considerado "negativa para el país", se reúna con los sindicatos para explorar nuevas fórmulas.

El líder de ICV, Joan Herrera -que ha acudido con la diputada en el Congreso Laia Ortiz y el jefe de EUiA Jordi Miralles-, ha criticado que el Gobierno no se atreva con los bancos y, en cambio, "siga golpeando" a los trabajadores. En representación de Esquerra Republicana se han manifestado el líder del partido, Oriol Junqueras; los diputados en el Congreso Alfred Bosch y Joan Tardà; la diputada en el Parlament Anna Simó, y el exconsejero Josep Huguet.

También ha habido manifestaciones en el resto de las capitales catalanas. En Girona los sindicatos cifran la participación en 8.000 personas, mientras que Interior la rebaja a 3.000; en Tarragona, 7.000 (2.000 según Interior); en Lleida, 3.000 (la Generalitat sostiene que han ido 1.500), y en Tortosa, 2.000 (900 según el Ejecutivo catalán).