Un alto cargo de CC OO negoció la inclusión de un intruso en un ERE

La connivencia de los sindicatos en el escándalo de los ERE tiene desde ayer tintes de actor activo. El sindicato CC OO justificó la inclusión de un intruso en el ERE (expediente de regulación de empleo) de la empresa Calderinox. Antonio Fernández Garzón nunca trabajó en dicha firma, pero esa circunstancia no impidió que CC OO pidiera a la Junta que fuera incluido en el ERE para percibir una póliza de 172.669 euros. La solicitud tuvo éxito y Fernández se prejubiló en el expediente de Calderinox pese a haber trabajado en la firma Litalsur.

“Comprobé que Antonio Fernández Garzón no estaba incluido en la póliza e insistí a Juan Márquez [ex director general de Trabajo] para que fuera incluido en la misma”, afirmó Enrique Jiménez, secretario general de la federación de industria de CC OO, en su declaración como imputado ante la Guardia Civil. “Márquez me pidió que justificara su inclusión y lo justifiqué mediante una carta (...) Hay pólizas que afectan a personas de diversas empresas, aunque no sé si administrativamente se ajusta a la legalidad”, admitió Jiménez.

Fernández Garzón fue incluido en el ERE de Calderinox para nueve trabajadores junto al exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, otro intruso. Jiménez achaca al exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, el compromiso para incluir al intruso Fernández. Tanto la carta como la declaración están incluidas en las 2.500 nuevas páginas del sumario que la juez del caso, Mercedes Alaya, entregó ayer a las partes.

En la misiva dirigida al ex director general Juan Márquez y fechada en diciembre de 2009, Jiménez alega que Fernández Garzón había trabajado durante más de 30 años en la empresa Litalsur, pero que al realizar su traslado a Aznalcóllar (Sevilla), una disminución en la carga de trabajo provocó que la empresa planteara el cierre de las instalaciones y concentrara la carga de trabajo en la factoría de Álava. Estos cambios afectaron a nueve trabajadores, entre ellos Fernández.

“Se acordó entre nuestra organización [CC OO] y la Delegación de Empleo buscar esa solución, para lo que se recabaron los datos y cálculos necesarios, de los que tiene conocimiento la Delegación de Empleo (...) Le solicito por tanto que dada la situación y el proceso por el que ha pasado el trabajador en cuestión actúe en consecuencia con los acuerdos que en su día se alcanzaron y logremos solventar este problema, con el tratamiento individual que proceda”, rezaba la carta, denominada como “documento muy relevante” por los investigadores.

La Guardia Civil estima que la carta fue enviada a Márquez para poner de manifiesto “una serie de compromisos que no figuran por escrito” de la etapa de su antecesor, Javier Guerrero, a lo largo de 2007. En la inclusión del intruso tuvo una participación decisiva el imputado exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a juicio de los agentes. “La primera vez que aparece el nombre del intruso Antonio Fernández Garzón es en un documento manuscrito, haciendo alusión a una reunión a la que asisten, al menos Antonio Rivas y responsables sindicales, y en la que se trató en relación a esta persona”, asegura el informe policial.

Los agentes destacan la connivencia entre la Junta y el sindicato: “Antonio Rivas tiene conocimiento de todo lo que sucede y participa en la inclusión de intrusos”, sostienen los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO)..

El sindicato CC OO fue el tomador de la póliza en dicho ERE y Juan Márquez, director general de Trabajo entre 2008 y 2010, lo autorizó con su firma a sabiendas de la inclusión irregular de dos prejubilados. Tras su imputación, Márquez renunció como candidato del PSOE en Lucena del Puerto (Huelva) las pasadas elecciones municipales.

Mientras, Jiménez resultó imputado en la causa por su papel en el ERE de Calderinox, al igual que el responsable sindical en Sevilla, Juan Antonio Caravaca. Respecto al papel del intruso Fernández Garzón, los agentes destacan que después de que los sindicatos y la empresa le convencieran para que se prejubilara, recibió una llamada desde CC OO y tras hablar con Caravaca, este le dijo que su póliza ya estaba firmada pero que se le había incluido en la póliza de Calderinox “para no hacerle a él una póliza individual”. A continuación, acudió a la sede de la aseguradora La Estrella, dio su cuenta bancaria y DNI, y firmó su póliza de adhesión para empezar a cobrar.

La inclusión de los dos intrusos no es la única supuesta irregularidad detectada en el expediente de Calderinox. La Guardia Civil alerta sobre un misterioso pago de 168.000 euros que debía ir destinado a 84 trabajadores de Calderinox a razón de 2.000 euros por empleado, pero el dinero se quedó supuestamente por el camino. La agencia Idea (pagadora de los ERE) transfirió el dinero a una cuenta de La Caixa señalada en el convenio, pero esta no pertenecía a la compañía. “Que La Caixa se comprometa a realizar un anticipo antes de que sea ingresado el dinero el 23 de diciembre (finalmente se realizó el 29 de diciembre) hace pensar en la existencia de un pacto entre la Dirección General de Trabajo y La Caixa”, subraya el informe policial, que destaca como una cuestión pendiente averiguar la titularidad de la cuenta.

Mientras, en el ERE del restaurante sevillano Río Grande, la Guardia Civil responsabiliza a Márquez y su antecesor Javier Guerrero, de la defraudación de fondos públicos. Los dos ex altos cargos de la Junta autorizaron “pagos cruzados” a las aseguradoras para pagar el ERE de la empresa, cuyo costo fue de 1,5 millones. Este dinero fue pagado íntegramente por la Junta pese a que la empresa fue la tomadora de la póliza. Los agentes destacan que no existen solicitud ni documentos en la Consejería de Empleo con los que se hayan gestionado las ayudas a favor de Río Grande.

“Ambos directores generales de Trabajo han actuado abusando del ejercicio de sus funciones públicas y son responsables de la defraudación de fondos públicos en donde se ha beneficiado de forma injustificada a la empresa Río Grande”, reza un informe de la Guardia Civil. El ERE de Río Grande lo gestionó la consultora Vitalia a través de los intermediarios Juan Lanzas y Francisco González, que declararon en sede policial haber defraudado más de 130.000 euros a través de una de las intrusas, Carmen Fontela. La Guardia Civil denuncia que la Junta pagó 1,5 millones, una suma “que sobrepasan los costes totales de la póliza”.