La Comunidad de Madrid alardea de sus medidas contra los sindicatos

Fue una negociación ardua y opaca que duró meses. Se trataba de recortar las horas sindicales de 75 a 40 horas mensuales por representante, tal como el Gobierno regional incluyó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, con el que echó por tierra sus convenios (como ha hecho ahora al ampliar la jornada y reducir los sueldos durante las bajas). Fue una medida aprobada a finales de 2010 y aplicada en febrero de 2011 tras un acuerdo entre la Administración y tres sindicatos (CC OO, UGT y CSIT UP).

La Comunidad de Madrid estimaba que reduciría 2.000 de los 3.500 liberados sindicales, una cifra que los sindicatos les acusaban de inflar confundiendo conceptos. Un liberado es aquel que emplea toda su jornada para la representación de trabajadores. Y un delegado, el que tiene horas sindicales en medio de su jornada habitual pero no tiene que ser sustituido en su puesto de trabajo.

La reducción del número de horas por delegado y del número de centros -que pasaron tras el ajuste de casi 120 a 36 comités- supuso un recorte de 1,5 millones de horas sindicales, según estimaciones de la Comunidad de Madrid, que aseguró entonces que el ahorro equivalía a 73 millones de euros.

La excusa para volver a airear a esos datos ha sido un informe de la Consejería de Presidencia que ha pasado por el Consejo de Gobierno y del que ha dado cuenta hoy el vicepresidente Ignacio González en la rueda de prensa posterior. Los datos ofrecidos confirman lo que decían los sindicatos sobre la confusión de términos. La Comunidad de Madrid habla de que antes de septiembre de 2011 había 3.646 liberados que han pasado a 1.846, de los que “712 son a jornada completa”, según la nota oficial, que establece el ahorro en 72 millones de euros, uno menos que hace un año.

Ignacio González ha añadido, preguntado sobre si suponía que esto iba a enfadar a las centrales, que “si por enfado se refiere a las manifestaciones, es el estado natural de los sindicatos”. Les acusa de haber “perdido hacer tiempo la orientación”, de “separarse de la defensa de los trabajadores” y convertirse en “correa de transmisión de determinadas fuerzas políticas”.

Ofensiva contra el absentismo

La nueva ofensiva de la Comunidad de Madrid contra los sindicatos, y contra los funcionarios en general, empezó hace unos días, cuando Esperanza Aguirre anunció en el pleno de la Asamblea que 2.450 empleados públicos que estaban de baja se habían dado de alta en enero al saber que les iban a recortar parte de su sueldo. "Desde que entró en vigor la Ley de Medidas Fiscales, 2.450 empleados públicos regionales que estaban de baja, han dejado de estarlo", aseguró.

Eso fue todo. No precisó a qué tipo de bajas se refería, si se trataba por ejemplo de bajas de larga duración o de todas en general. Tampoco ofreció datos sobre los meses anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, que penaliza a los empleados públicos que estén enfermos (incapacidad temporal; se excluye la maternidad y los accidentes laborales) al dejar de pagarles el complemento con el que se cubría el 100% del sueldo. Este periódico ha preguntado repetidamente cuántos empleados públicos se dieron de alta en noviembre y en diciembre, de manera que se pueda comparar la cifra de esos meses, previos al cambio legal, con la que anunció Aguirre. Solo así puede comprobarse el efecto de la penalización en el número de funcionarios que se reincorporan al trabajo. La Consejería de Economía y Hacienda no ha ofrecido esos datos.

La única cifra que ha proporcionado la Consejería se refiere a las incapacidades temporales iniciadas. En enero pasado fueron 6.000, mientras que en el mismo mes de 2011 se contabilizaron 9.700. Es decir, tras la modificación de la normativa que regula el complemento, los empleados públicos se han dado de baja un 38% menos.