La deconstrucción del modelo sanitario catalán

El modelo sanitario catalán, basado en la optimización de todos los recursos, tanto públicos como privados, se basaba en la racionalidad y en la eficiencia asistencial y económica.

El modelo de gestión empresarial —propio de los centros sanitarios concertados—, basado en la contabilidad analítica, balances, cuentas de resultados y vinculación laboral del personal, tiende a la eficiencia. El modelo de administración pública —por ejemplo el ICS— basado en la contabilidad presupuestaria y en la vinculación pública del personal se creó para regular el orden social, no para prestar servicios personales complejos. Los Gobiernos deben regular, planificar, contratar, evaluar, sancionar… pero deberían ceder la gestión de servicios (como los sanitarios) a estructuras ideadas para realizar esta función con calidad y eficiencia.

El momento es oportuno para aportar rigor al debate que, partiendo de los “recortes”, siembra el fantasma de la privatización, asociándola a la corrupción. Primeramente, no es bueno hablar de “recortes” obviando su causa: la pésima gestión pública de los últimos años. Segundo, asociar gestión empresarial con privatización/corrupción no es honesto. Lo que oculta este trinomio es el ansia de eternizar prebendas funcionariales de los trabajadores del ICS. Poco importa que la productividad estandarizada por facultativo de los centros concertados supere entre el 10% y el 15% la de los del ICS y que, además, sea un 6% más cara.

El tripartito, lejos de aplicar el modelo sanitario catalán, evolucionando el ICS hacia el modelo concertado, amplió el sector público a costa del concertado

Los agentes acríticos de lo público amagan que el tripartito, lejos de aplicar el modelo sanitario catalán, evolucionando el ICS hacia el modelo concertado, amplió el sector público a costa del concertado. La interpretación que hizo entonces la Intervención General de la Generalitat de una norma europea de 1995, el Sistema Europeo de Contabilidad, SEC-95, fue decisiva para limitar la autonomía de gestión de muchos centros concertados y extender, a pesar de los malos resultados, el modelo ICS al conjunto de empresas públicas y consorcios sanitarios. Todo ello a pesar de existir dictámenes de destacados juristas contrarios a esta interpretación. A partir de aquí algunas leyes, decretos y órdenes y muchos acuerdos del Gobierno, promovidos por la Intervención General y la Función Pública de la Generalitat, extendieron los procedimientos públicos a centros que hasta entonces habían aplicado la fórmula que demostró los mejores resultados: la gestión empresarial. Conclusión: entre 2006 y 2010 el presupuesto sanitario público se incrementó un 23%, mientras el PIB catalán crecía el 6,8%. A pesar de ello, las desviaciones presupuestarias siguieron creciendo hasta 2010, en que el gasto liquidado del Departamento de Salud se desvió en 850 millones de euros. En 2011, los esfuerzos realizados han permitido mejorar el resultado.

Para atacar esta evidencia, se asocia la gestión empresarial a una “artimaña” para evitar el control público. Huelga decir que la Administración debe regular, controlar y velar por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Esta no es la cuestión. Lo que se cuestiona es la forma de hacerlo. La administración burocrática, ahogada por la intervención previa y el control a posteriori, no consigue mejores resultados que la gestión empresarial con autonomía y las auditorías practicadas por empresas independientes. Si en lugar de la normativa inducida por la Función Pública y la Intervención General, y de destinar 200 interventores a controlar el ICS, se hubiera transformado este instituto en un ente con autonomía de gestión, los resultados podrían haberse acercado a los del sector concertado.

El Gobierno de la Generalitat debería ignorar el discurso interesado recortes/privatización/corrupción y recuperar el maltrecho modelo sanitario catalán. Los ajustes presupuestarios y una productividad óptima solo serán posibles con autonomía de gestión e instrumentos de control que no la impidan. Esto requerirá modificaciones normativas. Es una cuestión de voluntad política, de Gobierno, no de funcionarios de élite que, como pasó con las tensiones internas del tripartito, acabaron determinando en exceso la acción política.

Josep M. Via es presidente del Parc de Salut Mar de Barcelona.