Anticorrupción urge a la juez Alaya a que cite a declarar a 18 imputados

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que cite a declarar a los últimos 18 imputados en la causa. “Interesamos que a la mayor brevedad se señale calendario de declaraciones de los mismos, con el fin de avanzar en la investigación y concretar las imputaciones”, refleja el escrito del ministerio público dirigido ayer a la juez. Entre estas 18 personas figuran el director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, y su antecesor, Juan Márquez. Asimismo entre estos imputados también destacan cuatro abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís, dos sindicalistas, varios empresarios y los responsables de las consultoras Vitalia y Uniter que intermediaron para los ERE entre la Administración y las aseguradoras.

Es una llamada de atención por parte de la fiscalía, que estima conveniente concretar los extremos delictivos de estas piezas separadas de la ingente instrucción que afectan a cinco empresas y cerrar, o al menos esbozar, un capítulo. La Junta ya pidió ayer a la juez que “delimite” la investigación para avanzar en los indicios criminales ya existentes e impedir que los imputados y personas señaladas por la Guardia Civil eludan sus responsabilidades. La causa acumula 48 imputados, entre ellos ex altos cargos tan relevantes como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que lleva 11 meses imputado y aún no tiene citación para declarar.

Anticorrupción destaca cómo la magistrada ha citado al principal imputado del caso, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, para el próximo 23 de febrero, y sin embargo el resto de los 18 nuevos imputados subrayados en el auto del pasado 27 de enero aún no han sido citados a declarar. Estas personas están vinculados a la tramitación supuestamente irregular de los ERE fraudulentos de las empresas Río Grande, Surcolor, Calderinox, Acyco y Aglomerados Morell.

Mientras, la fiscalía solicita a la juez que exija a la Junta la entrega de todos los expedientes de ayudas directas a empresas que no han sido abonadas y que no figuran en el desplegable de la agencia Idea (pagadora de los ERE) incorporado a la instrucción. La petición proviene del análisis de dos subvención que pidió la empresa Marco de Estudios y Proyecciones Siglo XXI y que la Junta se negó a pagar. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) dio la razón al Ejecutivo en el pleito, y ahora Anticorrupción hace hincapié en que el expediente administrativo de la causa judicial “no coincide” con el expediente que aportó en su día la Junta.

La fiscalía pide recabar la información de la demanda que los administradores de la aseguradora belga Apra Leven, perteneciente al grupo Eurobank y actualmente en quiebra, han puesto contra la Junta para que les pague 36 millones por los “supuestos impagos de las pólizas” de cientos de trabajadores prejubilados. La demanda está en el Juzgado de primera instancia 8 de Sevilla, que debe enviar junto a la contestación que la Consejería de Empleo ha presentado ante la demanda de la aseguradora.

Finalmente, Anticorrupción ha pedido a la juez que ordene a la Guardia Civil investigar si Juan Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, ha recibido otras ayudas públicas además de los 900.000 euros que se gastó en cocaína y fiestas, según su declaración policial. El fiscal quiere que los agentes indaguen en otras empresas de Trujillo, como Sapphire Grupo Empresial SL.