Mendia: "Nosotros no acusamos a nadie. Eso lo tiene que decidir el fiscal"

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo que la fiscalía tendrá que decidir si aprecia o no indicios de delito en las irregularidades descubiertas en algunos contratos de dicho departamento entre 2000 y 2009, cuando lo dirigían el ya fallecido Sabin Intxaurraga primero y luego Joseba Azkarraga, ambos de EA. "Nosotros no acusamos a nadie, no acusamos a ninguna persona física o jurídica", ha señalado. Mendia ha rechazado opinar sobre el desmentido en torno a su implicación que han hecho algunas empresas adjudicatarias y ha insistido en la idea de que el Gobierno no acusa "a nadie". En caso contrario, ha argumentado, habría presentado directamente una querella en lugar de optar por "poner a disposición del fiscal el informe, los contratos y todos los expedientes. Hemos hecho un exhaustivo examen de lo que encontramos y lo hemos puesto a disposición del fiscal".

"Ya está en manos de la fiscalía y serán ellos partir de ahora los que decidan sobre este asunto, si consideran que hay indicios de delito para ponerlo en manos del juez de instrucción. Estaremos a lo que los jueces y la fiscalía demanden", ha añadido.

El fiscal superior considera

Para Mendia, el Gobierno no debe entrar a interpretar si pudieron o no darse órdenes políticas para la firma de los contratos que se consideran irregulares o un contrato que se firmó unos días antes de la llegada de los socialistas al Ejecutivo. "En un asunto de estas características no se pueden emitir opiniones, hay que ir a las certezas, los hechos y las cosas que se puedan probar. Hay que ser prudente". Y es que, ha concluido, el sistema democrático se caracteriza precisamente por "la separación de poderes y al Poder Ejecutivo no le corresponde esas cuestiones, será el Poder Judicial quién lo haga si considera que tiene que hacerlo. El Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer: conoce unas irregularidades y las pone en manos del fiscal y, a partir de ahí, es la fiscalía y el Poder Judicial los que tienen que trabajar".

Mientras, el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, quien ayer decidió remitir todas las diligencias a la Fiscalía de Álava, ha afirmado hoy en una entrevista de ETB que el informe elaborado por el Gobierno "es muy completo y detallado", por lo que "merece la pena ser investigado". Calparsoro ha añadido que el escrito que el Ejecutivo remitió a la Fiscalía "es bastante elaborado" y por tanto, ha dicho, "hay que hacer una investigación" ya que el valor de lo pagado por esas contrataciones, "sin que existiera la contraprestación correspondiente", asciende a 23 millones de euros.