Caballero destituye al interventor que le contrarió en varios informes
El PP atribuye la destitución a una "caza de brujas" y el regidor, a un "cierre de ciclo"
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, comunicó ayer la destitución del interventor municipal, Juan Ramón González Carnero, y el nombramiento para ese puesto de Luis García, hasta ahora jefe del departamento de Contabilidad y que desempeñará provisionalmente el cargo. Caballero atribuyó el relevo a que “se cierra un ciclo” y el PP, desde la oposición, a una “caza de brujas”.
El regidor ofreció ayer unas explicaciones expeditivas: “Se cumplen ciclos”, dijo. “Lo nombró el gobierno anterior [de Corina Porro], que cesó a otro, y nosotros cesamos a este, le agradecemos sus servicios y nombramos uno nuevo”, añadió Caballero para justificar su decisión. Hoy, según fuentes municipales, se elaborará la propuesta de comisión de servicios de García, el interventor interino, que tendrá que aprobar la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta.
González Carnero era el tesorero municipal cuando fue nombrado interventor —el puesto municipal de mayor salario, 80.000 euros anuales— por Corina Porro en 2005, tras cesar a la funcionaria Berta Guarner que desempeñaba el cargo desde años antes. González Carnero emitió en los últimos meses relevantes informes desfavorables a expedientes municipales propuestos desde la alcaldía. “Caballero no soporta que haya opiniones de altos funcionarios que sean contrarias a las suyas o que emitan escritos en los que pongan en duda la forma de gestionar determinados expedientes”, comentó el PP, para denunciar la existencia de una “caza de brujas” por parte del gobierno de Caballero.
Entre los informes de González Carnero que contrariaron los planteamientos del regidor se citan los relativos a los pluses o gratificaciones que el Ayuntamiento ha dispensado a diversos grupos de funcionarios en ejercicios anteriores; otro, desfavorable con la prórroga de la concesión del auditorio-pazo de congresos Mar de Vigo y, sobre todo, el último, en el que recomendaba la realización de una auditoría a Aqualia, la concesionaria municipal del servicio de aguas, antes de ampliar el contrato de concesión. Hace unos meses Caballero firmó la ampliación de la concesión a Aqualia durante cinco años sin realizar la auditoría sugerida.
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