Funcionarios de nuevo contra los recortes

Otro miércoles, como desde hace tres semanas, de protesta del personal de administración y técnico de varias dependencias de la Generalitat contra lo que los sindicatos califican de "brutales" recortes. Varios centenares de empleados públicos bajaron ayer a la calle ante los departamentos de Territorio y Sostenibilidad, Agricultura, Economía, Salud, Bienestar Social y Educación para mostrar su descontento con las medidas de adelgazamiento de la Administración con las que el Ejecutivo pretende ahorrar 625 millones de euros.

Las concentraciones se produjeron entre las 10.00 y las 10.30 horas de la mañana y en algunos casos cortaron la calle, como en la imagen, tomada en la Gran Via de Barcelona. Los sindicatos CC OO, UGT e IAC convocaron  para hoy asambleas en los centros populares y promovieron comidas "de fiambrera". Los representantes de los trabajadores amagaron con repetir los encierros del pasado jueves -hablaban de prolongar estas comidas "más allá del horario laboral"-, cuando los negociadores de la mesa sectorial de la función pública se encerraron en las dependencias de la plaza de Catalunya. La protesta se multiplicó y hubo otros encierros en varias universidades y delegaciones territoriales.

El recorte que la Generalitat aplicará a sus 230.000 empleados se materializará en la ley de acompañamiento de los presupuestos que aprobará el Parlament la próxima semana. Para alcanzar los 625 millones de ahorro, la Generalitat aprobará un paquete de recortes, algunos estructurales y otros coyunturales. Entre los temporales, figura una reducción del 15% de la jornada y el sueldo de todos los interinos para dos años, y la congelación de las aportaciones al plan de pensiones y de las ayudas del fondo de acción social. Entre las medidas que la Administración quiere aplicar de forma definitiva figura la eliminación de los vales de comedor, la reducción de pagas y días festivos, y cambios en las medidas de conciliación familiar.

Los sindicatos, que han convocado varias manifestaciones de protesta masivas (la última, el pasado día 18 de enero), aseguran que estas medidas suponen un retroceso de 30 años en los derechos laborales y salariales de los empleados públicos. La Generalitat, por su parte, argumenta que, tocados otros servicios públicos, como la sanidad y la educación, este año es a los empleados a quienes toca apretarse el cinturón.