Aguirre acusa al PNV de perjudicar la solvencia de Euskadi con sus "mentiras"
El consejero de Economía exige a Urkullu una rectificación pública
El Gobierno vasco y los Ayuntamientos gastan el 80% de los recursos que proceden de los impuestos de todos los vascos, pero son las Diputaciones las que los recaudan, legislan las normas fiscales e ingresan periódicamente el dinero a los otros dos niveles administrativos.
El consejero de Hacienda, Carlos Aguirre, acusó ayer al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, de ponerse al frente de una operación que, abusando de ese sistema fiscal busca “asfixiar las cuentas públicas” del Ejecutivo. Es decir, le culpó a él y al ámbito institucional de su partido —fundamentalmente, la Diputación de Bizkaia— de no tomar medidas para mejorar los ingresos tributarios y por esa vía poner en aprietos a las cuentas públicas, para finalmente “mentir” sobre su situación real “perjudicando seriamente la solvencia exterior de Euskadi”.
Economía asegura que cuenta con un margen disponible de 900 millones
La acusación de Aguirre, formalizada en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, fue la segunda respuesta institucional del Ejeutivo a Urkullu por asegurar, el pasado viernes, que Euskadi se halla al borde de una “quiebra inminente”. Aguirre cree que el líder peneuvista ha lanzado un torpedo en la línea de flotación de las finanzas vascas, “sin ningún fundamento”.
El consejero, en una de sus intervenciones más duras en casi tres años al frente del departamento, exigió a Urkullu una “inmediata rectificación pública”, pues “no todo vale” para llegar al poder y menos cuando la factura “la tienen que pagar” las empresas y las familias. “Gracias a Dios”, que la última emisión de deuda pública vasca autorizada por el Consejo de Ministros por 276 millones de euros se cubrió antes de las declaraciones de Urkullu, porque, se congratuló el consejero, no se sabe qué podría haber pasado en los mercados en caso contrario.
Mendia arremete contra Urkullu por ser “un auténtico irresponsable”
El PNV ha sido “puntualmente informado” de que a 31 de diciembre pasado la caja del Gobierno —sumando sociedades públicas— ascendía a 1.160 millones de euros. A ellos y a los 276 millones de la deuda recientemente colocada, se van a sumar otros 440 millones de una primera autorización de endeudamiento de 2012, y las aportaciones de febrero, abril y junio de las diputaciones, otros 4.250 millones de euros más, datos todos conocidos por el PNV, insistió Aguirre. Es decir, 6.126 millones para unos pagos previstos máximos de 5.200 millones, tomando como referencia los de 2011 con un presupuesto mayor. “Existe un margen de 900 millones. No sé por qué el PNV ha entrado en esto cuando conoce estas cifras”, lamentó el titular de Economía.
Para el Gobierno, las declaraciones de Urkullu fue la gota que colmó el vaso después de varias semanas en las que el PNV le ha acusado primero de “esconder facturas en el cajón” para atribuir los gastos a otro periodo contable y, después, de retrasar pagos, afectando a la sostenibilidad de algunos proveedores del sector público. Una situación crítica para el PNV, cuya principal conclusión es que Euskadi se acercaba a una situación similar a la de los países rescatados por la UE.
“El señor Urkullu es un total irresponsable por poner a Euskadi al nivel de Grecia, y además se ha demostrado que no es una persona de fiar”, sostuvo, sensiblemente irritada, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia. Y acusó al líder nacionalista de “manipular y falsear” el contenido de una conversación que mantuvieron con él varios consejeros para pedirle la colaboración peneuvista ante la continua caída de la recaudación fiscal.
La acusación de que el PNV quiere asfixiar económicamente al Gobierno tiene un recorrido más largo y parte de la negativa sistemática de la Diputación de Bizkaia a trabajar de manera conjunta contra el fraude fiscal para mejorar los ingresos. Pero también es una crítica a la posición que asumió el pasado año su diputado general, José Luis Bilbao, para frenar, junto a Álava, la reforma fiscal que impulsaba el Ejecutivo para aumentar la tributación de las rentas altas.
“En los últimos días se ha orquestado una campaña de desprestigio a base de insidias y mentiras que ha dañado la imagen del país y que ha puesto en riesgo su credibilidad exterior”, criticó Aguirre. El consejero recordó que el endeudamiento de Euskadi es el más bajo de toda España y que el principal problema de las cuentas públicas es el desajuste de 2.600 millones entre las previsiones de ingreso y el gasto final de 2009 que heredaron los socialistas del Gobierno de Juan José Ibarretxe.
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