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Suspendida la integración de empleados de una agencia en el SAE

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechaza la resolución de la Junta

Manifestación de funcionarios contra la reordenación del sector público. Ampliar foto
Manifestación de funcionarios contra la reordenación del sector público.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla ha notificado a la central sindical CSI-F un auto en el que acuerda la suspensión del protocolo de integración del personal de la Agencia Andaluza del Conocimiento en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Según ha informado la CSI-F en un comunicado, el auto suspende la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se aprobaba el protocolo de integración del personal en la citada agencia, como uno de los pasos de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz.

La central sindical, que afirma que de esta forma la ley sufre "otro fuerte varapalo judicial", interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución el pasado 7 de diciembre, pidiendo la adopción de medidas cautelares de suspensión, alegando la "irreparabilidad del daño que se podría ocasionar" si no se suspendía.

La CSI-F ha informado de que el auto indica que "hay que reconocer que si no se adopta la medida cautelar, de consolidarse la integración regulada en el protocolo impugnado sería prácticamente imposible retrotraer la situación en la que se verían afectados los trabajadores y afectará a la estabilidad y a la carrera profesional de los empleados públicos".

De esta forma, el Juzgado estima la adopción de medida cautelar basada en la "probable falta de ajuste a los principios constitucionales de la integración acordada", dándole "otro fuerte varapalo judicial a la ya a todas luces ilegal Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz", ha indicado la central sindical.

Para la CSI-F Andalucía se trata de "otro éxito judicial de calado que pone de manifiesto la lucha incesante de esta central sindical en la defensa de los intereses de los empleados públicos".

La CSI-F Andalucía "prometió que hasta que la Ley 1/2011 no fuese derogada no iba a conformarse", ha explicado el sindicato, que ha añadido que "todas las decisiones judiciales sólo refrendan el buen camino emprendido por CSI-F Andalucía para lograr esta derogación".