Urbanizaciones y vertidos asedian los humedales pese a la catalogación

Construcciones de viviendas, vertidos de residuos, infraestructuras o simplemente laxitud en la protección. Los ecologistas valencianos ven pocos motivos para celebrar el décimo aniversario de la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas, un registro de 48 que se logró sacar adelante con casi siete años de retraso y para el que la crisis puede suponer un respiro en forma de menor presión urbanizadora. También una amenaza por la falta de fondos para labores de conservación, aunque nunca fue el área más mimada a nivel presupuestario. “La tendencia es negativa. El catálogo fue una mera declaración de intenciones porque luego no se acompañó de normas para su gestión y criterios para la conservación de las faunas y floras de esos ecosistemas”, apostilla Carlos Arribas, portavoz en Alicante del grupo Ecologista en Acción del País Valenciano.

Arribas asegura que una década después los humedales más emblemáticos de la Comunidad Valenciana siguen amenazados por los mismos factores, a saber, presión urbanísticas en sus áreas de protección, vertidos de residuos sólidos y aguas residuales indiscriminadas, falta de agua o, en su defecto, de mala calidad por nutrientes como el fósforo. Como sea, no hay cifras al no existir una estadística de denuncias o multas incoadas por la Consejería por construcciones o vertidos en estas zonas.

De norte a sur del territorio valenciano, el panorama de los humedales es desalentador. En la provincia de Castellón, parajes tan emblemáticos como el Prat de Cabanes presentan las secuelas, entre ellas de la urbanización de Torre la Sal y el macrocomplejo Marina d'Or, aunque este un poco más alejados del perímetro de protección. En idéntica situación se encuentra el Marjal de Peñiscola. Aunque en este apartado del corrosivo efecto del ladrillo se lleva la palma el Marjal de Nules, prácticamente ocupado por edificaciones.

De norte a sur, el panorama es desalentador

En la provincia de Valencia, el humedal de referencia es la Albufera. Ecologistas en Acción señala que el humedal presenta las mismas carencias que hace una década.

Es decir, sigue habiendo vertidos incontrolados y la aportación de agua no está asegura por el efecto depredador de los recursos de los nuevos sistemas de riego por goteo. Además, el agua del lago tampoco es de buena calidad, por excesos de nutrientes, especialmente el fósforo procedente del agua de los regadíos o de residuales. En esta provincia, hay otros dos humedales destacados: el Marjal del Moro, en Sagunto, y el Marjal Xeresa. El primero está amenazado por el crecimiento del puerto hacia el sur con un nuevo polígono industrial; y el segundo por las urbanizaciones levantadas a su alrededor.

Mientras, en la provincia de Alicante, el humedal de mayor envergadura el Saladar de Agua Amarga, al sur de la capital alicantina, presenta un panorama que para un lego en materia medioambiental más bien semejaría un secarral. El entorno, a la presión de la presión urbanística del enclave de Urbanova ha sumado el efecto desecación por la actividad de la planta desaladora. Pero su futuro no parece más halagüeño para un humedal cuya única figura de protección es formar parte de este catálogo: el aeropuerto de l’Altet planea una segunda pista de aterrizaje que se adentraría hasta las entrañas del humedal.

Otro entorno destacado son las Lagunas de Rabassa (fuera del catálogo), en el extrarradio de la capital. Ese entorno tampoco se ha caracterizado por su grado de protección y ahora está amenazado por la futura macrourbanización proyectada, el plan Rabassa con cerca de 14.000 casas. El paraje del Hondo igualmente ha gozado de unos niveles de protección bajos, sobre todo a la hora de facilitar la vida a la colonia de aves protegidas, la cerceta pardilla.

Diez años después, el catálogo sigue sin apenas ampliaciones

“La crisis supone un respiro porque la principal amenaza, al menos para los humedales de Alicante, es la presión urbanística”, enfatiza Miguel Ángel Pavón, responsable de protección del territorio de EU en Alicante. El paradigma del acoso urbanístico a humedales protegidos es el parque de las Salinas de Santa Pola y Torrevieja. El primero, además de las decenas edificaciones levantadas alrededor de su perímetro de protección se ve ahora agredido por la construcción de un camping, que impulsa el Ayuntamiento de Elche en el límite con el término municipal de la vecina Santa Pola. Y algunas de las viviendas ilegales de Catral están levantadas sobre el perímetro de protección del Hondo. “Se ha hecho la vista gorda”, denuncia Pavón.

Los colectivos ecologistas reclamaron sin éxito antes de que se cerrara el catálogo de zonas húmedas aprobado definitivamente en septiembre del año 2002 la incorporación de otras muchas zonas en el citado registro. El catálogo llegó con casi siete años de retraso, ya que la ley de Espacios Naturales Protegidos, aprobada en diciembre de 1994, daba un plazo de un año para cerrar esta lista. Casi siete años en los que quedó por el camino una lista elaborada por los socialistas en 1995 y un proyecto de catálogo presentado por el consejero de Medio Ambiente que precedió a Fernando Modrego, el regionalista José Manuel Castellà, socio de Gobierno del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, merced a su pacto con Unión Valenciana. Aquel catálogo de los regionalistas no fue del agrado del Consell, que bloqueó el documento, lo que ha supuesto un retraso de otros tres años.

En este apartado, Pavón recuerda que el catálogo de Castellà tenía un aspecto positivo que desapareció con la llegada de Modrego, ya que el perímetro de protección que preveía para las zonas húmedas “se intentaba ligar a la cuenta hidrográfica” correspondiente, lo que en la práctica ampliaba la zona de protección.

El responsable de Esquerra Unida de Alicante lamenta también que diez años después este catálogo siga sin apenas ampliaciones a pesar de las constantes reclamaciones de los colectivos ecologistas y conservacionistas. “Se optó por un catálogo restrictivo y así se ha mantenido”, lamenta el dirigente de EU. Una crítica que desde la Consejería de Infraestructuras rechazan de plano. “Todas las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana están protegidas mediante la Ley de Espacios Naturales, con independencia de si están catalogadas o no. En el catálogo figuran las más significativas”, esgrime el departamento que dirige Isabel Bonig.

Pavón, por otro lado, asegura que el catálogo tendría que haberse completado con una reglamentación de los usos permitidos en los perímetros de protección de las zonas húmedas para que los proyectos que se presentan y que les afectan o invaden de alguna forma no dependan de “la arbitrariedad de la administración” sino de criterios objetivos previamente regulados. Infraestructuras, sin embargo, lanza la pelota al tejado de los ayuntamientos y de las confederaciones hidrográficas, a quien asegura, les “compete adoptar las medidas oportunas en cada caso”, aunque admite a renglón seguido que con la supervisión de la Consejería.