La oposición pide responsabilidades por el uso irregular de vehículos municipales

La investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid, adelantada hoy por EL PAÍS, sobre el presunto uso privado de recursos públicos por parte de funcionarios del departamento de control de tráfico es “altamente preocupante”, ha asegurado esta mañana el portavoz del grupo municipal socialista, Jaime Lissavetzky. “Hay que exigir transparencia para aclarar toda esta situación, y urgencia en hacerlo”, ha añadido.

Según la denuncia que se está investigando, varios técnicos del área de Circulación emplearon presuntamente para fines particulares (ir y volver a sus casas, viajes de fin de semana…) coches puestos a su disposición por las empresas encargadas del contrato de gestión de los semáforos que debían usarse para realizar inspecciones o acudir a incidencias.

“Ya hemos vivido momentos difíciles y situaciones de irregularidades en este Ayuntamiento, como el caso Guateque”, ha señalado Lissavetzky en rueda de prensa para presentar las preguntas que lleva su grupo al pleno municipal de mañana. “Ahora estamos frente a una presunta irregularidad más que puede tener una vertiente incluso desde punto de vista penal. Vamos a pedir que se constituya cuanto antes una comisión de investigación. Es necesario depurar responsabilidades, incluso de carácter político. Llevaremos esto hasta el final”, ha afirmado.

El concejal socialista se ha preguntado por qué, si el caso “era tan evidente”, solo se ha destapado tras una denuncia: “¿Se sabía de antes? ¿Era consentida esta actitud por los responsables máximos del área? ¿Desde cuándo existen estas corruptelas? ¿Ha tenido consecuencias en la adjudicación de contratos? ¿Cuántas adjudicaciones deben ser revisadas?”. Lissavetzky ha afirmado también que ya había “oído algo de esto”. “Estábamos esperando a que se tomaran medidas que por lo que se ve no se han tomado. Vamos a exigir toda la información. Esta no es la mejor tarjeta de presentación de este Ayuntamiento. Ahora hay que probar si ha sucedido lo que los indicios parecen demostrar”.

El portavoz del grupo de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha manifestado su “respeto al proceso de investigación”. Si el Ayuntamiento tiene datos que prueban que se han producido estas prácticas, ha añadido, “evidentemente se trata de un fraude a la hacienda municipal”. Pérez ha mostrado su intención de colaborar para esclarecer los hechos. “Esto es algo que el Ayuntamiento no debe consentir”.

“Me extraña que esta denuncia salga ahora. Los hechos al parecer se produjeron entre 2007 y 2001. Estamos hablando de cuatro años”, ha asegurado el portavoz del grupo municipal de UPyD, David Ortega. “En esta cuestión hay que entrar a fondo y ser muy exigentes”, ha añadido, y se ha preguntado: “¿Qué ha pasado con el Gobierno municipal, que no ha controlado esto?”. “Queremos que se conozca todo. Y que haya responsabilidad. Alguien tendrá que asumir la responsabilidad. Lo seguiremos de cerca y lo controlaremos”, ha concluido.

El vicealcalde de la capital y portavoz del Ejecutivo municipal, Miguel Ángel Villanueva, ha explicado que el Ejecutivo local "actuará con total transprencia, contundencia y absoluta rapidez". "A resultas de esa investigación se podrán tomar medidas cautelares, se podrá detectar o incoar expedientes disciplinarios o, si hubiera algún tipo de responsabilidad penal, dar traslado de la pieza al Ministerio Fiscal", ha añadido, informa Europa Press.

Por otro lado, Villanueva ha rechazado la petición de Lissavetzky de crear una comisión de investigación porque "no es el momento". A su juicio, "lo que es razonable y responsable es dejar a la Inspección General de los Servicios que haga su trabajo". Villanueva ha eludido avanzar si el Ejecutivo local tiene algún indicio concreto de cuántas personas podrían estar implicadas en este asunto o de cómo ha podido pasar tanto tiempo sin que se conociera, ya que los hechos se habrían estado produciendo desde 2007.