Ciscar monta una unidad especial de auditores para frenar el gasto

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunció ayer la puesta en marcha de “una unidad especial de control del gasto” que integrará un selecto grupo de cinco auditores. La medida, inédita en la Administración valenciana, pretende hacer catas en las principales partidas de gasto para comprobar que el dispendio es real y está justificados.

Esta unidad especial, prevista ya en el decreto que aprobó el Consell el pasado 23 de septiembre, estará integrada por cinco personas y empezará a operar a partir de la semana que viene en áreas de gasto muy específicas.

Las primeras partidas que analizará esta unidad especial de auditores serán las facturas farmacéuticas, abonadas a través de los colegios provinciales, de noviembre (99 millones) y diciembre (123 millones); los pagos a los abogados del turno de oficio del cuarto trimestre de 2011 (16,5 millones); los gastos de los centros docentes de la red pública de 2011 y los gastos de personal de los mismos correspondientes al primer trimestre de este año. Esta unidad especial también inspeccionará las contrataciones de la Consejería de Infraestructuras y de la Consejería de Agricultura con la empresa pública Vaersa (59 millones) y los gastos de personal en guardias médicas y sustituciones del hospital La Fe de Valencia.

¿Esta decisión es un aviso a navegantes?, se le preguntó a Ciscar. “Aviso a navegantes, ninguno”, prosiguió el vicepresidente, “La selección es porque son áreas de gran presupuesto y tras estas se ampliará a otras. Gestionamos el dinero de los ciudadanos y tenemos que fiscalizar el gasto”. La respuesta de Ciscar es una nueva enmienda a la gestión realizada por Francisco Camps, donde los controles eran más bien laxos.

Vela escuchará a los sindicatos, por separado, tras las movilizaciones contra el tijeretazo

El vicepresidente explicó que este grupo de auditores realizará muestras sobre el total y contará con la colaboración de los inspectores de sanidad y educación. “Tras cada auditoría se harán recomendaciones y se emitirá un informe a la secretaría autonómica correspondiente”, añadió Ciscar.

El Consell prosiguió ayer con la adopción de medidas para agilizar la burocracia y contener el gasto, pero el vicepresidente advirtió que no habrá ni un paso atrás en unas medidas que “son muy duras, pero necesarias”.

Así, tras la manifestación que sacó a decenas de miles de personas a la calle para protestar por el tijeretazo en la Administración valenciana, el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, transmitió su intención de reunirse la próxima semana con los sindicatos, pero por separado. Una estrategia que podría romper con la unidad sindical que han mantenido hasta ahora UGT y CC OO con CSIF, Intersindical Valenciana y FSES. La idea es escuchar las propuestas de los sindicatos, pero la premisa es que tanto las cantidades que hay que recortar, como los capítulos del presupuesto elegidos, son innegociables. En ese clima, el Consell realizó ayer un nuevo gesto al anunciar que antes del 30 de junio subastará 61 vehículos del parque móvil de Presidencia y las diez consejerías, integrado ahora por 112 automóviles.

Los coches, todos ellos Ford Mondeo a excepción de 11 turismos Ford Focus que se darán de baja, se exhibirán en el polígono industrial de La Reva en el municipio de Riba-roja antes de subastarse. Las condiciones se publicarán en la web de la Consejería de Hacienda.

Tan solo el presidente y los consejeros tendrán coche oficial asignado. Los otros 88 altos cargos deberán compartir 37 vehículos. Con la venta el Consell espera obtener unos 130.000 euros y ahorrar otros 270.000 euros anuales.

En este contexto, el Consell también anunció que prepara la segunda fase de reestructuración de las fundaciones de la Generalitat. De la primera fase prevista solo queda por materializar la salida de la Fundación Costa Azahar, que seguirá adelante con el resto de patronos, y la fórmula de extinción de Agua y Progreso.

Por su parte, el Consejo de Ministros autorizó prorrogar hasta el 31 de marzo la autorización a la Generalitat para emitir 1.822 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2011. Una cantidad que el Consell no pudo colocar en los mercados financieros, pero que necesita para refinanciar parte de su elevada deuda.

La autorización del Gobierno no es única, ya que también se concede a otras comunidades autónomas que tuvieron dificultades para colocar en los mercados financieros su deuda.