La rebelión de los abogados ante los recortes amenaza la justicia

Los recortes también se notan en la justicia. Pedro Viguer, el decano de los jueces de Valencia, advirtió ayer de que el “servicio de celeridad” que querrían ofrecer en los juzgados “peligra” por la supresión de pagos anunciada por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). El decano insistió en que “el funcionamiento de la Administración” puede verse “muy afectado” si no se pone remedio a unos problemas que “se conocen desde hace muchos años, pero están estancados”.

Viguer indicó, después de presentar la Memoria de los Juzgados de Valencia, que si las medidas de los abogados, que amenazaron con suprimir el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) debido a los impagos, se llevan a cabo puede darse una situación “insostenible”. Aun así, Viguer asumió que “al final, imperará el sentido común ante estas decisiones nada beneficiosas” para el sistema judicial. “Hay que llegar a un entendimiento”, espetó.

Con respecto a la idea del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de incorporar el copago en los juzgados, el decano señaló que en España hay un “exceso de litigiosidad”. También que se debería pensar en fórmulas para “agilizar procedimientos, desjudicializar ciertas conductas y concienciar al ciudadano de que la Administración de Justicia es un bien escaso” y que, por tanto, “sería necesario hacer un uso razonable y prudente” del mismo. Aun así, aclaró que el copago sería, en realidad, una “tasa disuasoria y pedagógica” que se devolvería en el supuesto de que la resolución fuera favorable para el demandante.

Los concursos de acreedores han aumentado hasta un 720% en un lustro

Mantener los juzgados abiertos durante el mes de agosto, otra de las propuestas de Gallardón, le pareció que “no sirve para arreglar nada, con la cantidad de carencias pendientes”. Y añadió que “afectaría a los pequeños negocios” porque “uno de los problemas actuales” es la incapacidad de llevar a cabo juicios en los meses de verano porque no se presenta nadie, luego “no solucionaría en absoluto los problemas de la justicia”.

Con respecto al cambio en la elección de vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el decano resaltó que los jueces y magistrados de España son “plena y absolutamente independientes”, pero que se suele producir una “asociación mental” entre el trabajo de los jueces y el del CGPJ, “con funciones administrativas y no judiciales”. “Bienvenida sea la propuesta”, continuó, “si se ejecuta en los términos planeados” y “cambia la percepción ciudadana de la politización de la Justicia”.

En el informe que presentó el decano destaca el incremento de las demandas por concurso de acreedores en el último año. De los 91 casos presentados en 2006 se ha pasado a 746 durante 2011, lo que supone una variación del 719,8%. Otro de los aspectos más llamativos fue el aumento desmesurado de las subastas judiciales, que se han multiplicado por seis: de los 375 incidentes de 2006 se llegó a 2470 en 2011, una diferencia del 558,7% en tan solo un lustro.

Con estos datos, Pedro Viguer se quejó de la “sensación de cansancio” que aqueja a los trabajadores de un poder que es “el hermano pobre de las administraciones públicas” y que “no tiene recursos ni autonomía presupuestaria”