Las conclusiones de los verificadores alientan las expectativas del desarme

Las conclusiones de la Comisión Internacional de Verificación después de sus contactos en Euskadi han alentado, desde diferentes posiciones, las expectativas de un próximo desarme por parte de ETA para así allanar la respuesta del Gobierno central. En este escenario, la izquierda abertzale adelanta que se imagina a corto plazo la reflexión en la banda terrorista de dejar las armas, el lehendakari, Patxi López, toma la temperatura a los contactos de la propia Comisión y el propio PP vasco reconoce que “atiende” estas conclusiones, aunque la vicepresidenta, Soraya Sánez de Santamaría, las “obvia”, como dijo ayer.

Horas antes de su visita a Mariano Rajoy, López, durante una visita a Ribabellosa (Álava), confirmó que el Gobierno vasco ha establecido contactos con los verificadores internacionales porque el Ejecutivo “no quiere ser ajeno a absolutamente nada de lo que suceda en el terreno de la libertad y de la convivencia”.

El lehendakari indicó que los verificadores han dicho “una cosa muy curiosa” cuando el propio Gobierno vasco ha manifestado que “los que mejor verifican, seguramente, la no actuación es la Policía o la propia Ertzaintza”. Para López la percepción y los datos que “maneja” su Gobierno es “lo que el consejero de Interior dio a conocer cuando hemos estado con todo este affaire de las escoltas o del ministro del Interior”. Así, ratificó que “los datos, efectivamente, indican que ETA está parada, que no hay ninguna decisión para rearmarse estratégicamente, como hemos oído en otras ocasiones, sino que confirma lo que ellos dijeron en su comunicado”, añadió.

Batasuna ratifica que la voluntad ya conocida de ETA es “irreversible”

Desde posiciones abertzales, la portavoz de Batasuna, Maribi Ugarteburu, cree “lógico” que la Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego de ETA pida a los miembros de la banda terrorista, dentro de su labor, que no lleven armas. Además, está convencida de que ETA abordará una reflexión sobre esta cuestión y espera que los verificadores puedan entablar “una relación normalizada con el Gobierno”.

No obstante, desde Madrid, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, dijo, como se esperaba, que la única verificación que le importa al Gobierno es la que hacen día a día las fuerzas de seguridad deteniendo etarras e impidiendo que sigan con sus actividades criminales. “Al Gobierno lo que le importa es que ETA desaparezca para siempre y lo único que nos importa es la labor de las fuerzas de seguridad, esa es la labor clave para nosotros, la verificación que cada día viene haciendo deteniendo terroristas e impidiendo que sigan en sus actividades criminales, eso es lo único que le importa al Gobierno y en lo que está el Gobierno”,

Pero desde los populares vascos se escuchó una melodía distinta. El secretario general del PP del País Vasco, Iñaki Oyarzábal, asegura que en su formación “atienden” las opiniones de la Comisión Internacional de Verificción, pero “no se presta al juego” de la izquierda abertzale, que es la que la "contrató". Para Oyarzábal, según dijo en Onda Vasca, la verificación es “un tanto relativa”, aunque sus conclusiones apuntan “en la buena dirección”.

El PP vasco atiende las conclusiones y el Gobierno central obvia el informe

No obstante, el actual escenario es visto con optimismo desde el entorno de la izquierda radical. Ugarteburu sostiene que ETA “sigue dando una serie de pasos” y “ha renovado sus compromisos y dado por finalizada su actividad armada”, un hecho “irreversible” que se ha podido “verificar”, ratificó.

Para los socialistas vascos, es evidente que se ha “constatado” que ETA no tiene intención de cometer acciones terroristas. Así lo dijo el secretario de Organización del PSE-EE, Alfonso Gil, que ha participado en los contactos con este grupo, y que adelantó la voluntad de su partido de colaborar con la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA si sus informaciones siguen siendo contrastadas.

La Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego en el País Vasco se constituyó el 28 de septiembre, impulsada por la izquierda abertzale y el abogado sudafricano Brian Currin, y hasta ahora no había obtenido un reconocimiento explícito a sus trabajos por parte de los Gobiernos central y vasco.