Ugarte no dimitirá y tampoco teme una posible moción de censura

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha asegurado esta mañana que no dimitirá por la polémica creada en torno a los 247 millones de, según sus palabras, “desfases económicos” en las obras ejecutadas por la sociedad foral Bidegi en la AP-1 y el Segundo Cinturón de San Sebastián. Ugarte tampoco teme que se promueva una moción de censura contra ella.

Tras preguntarse hace 11 días “¿adónde ha ido a parar ese dinero?”, Ugarte se vio obligada a comparecer ayer en Juntas para aclarar que con su pregunta no se le pasó “en ningún momento” por la cabeza insinuar que el anterior Ejecutivo provincial, en manos del PNV, podía haber cometido un delito de malversación de fondos públicos, sino que únicamente quiso criticar “una gestión muy mala”.

Ugarte ha insistido esta mañana en esta tesis al comentar que “ha habido mucha construcción y mucha ambición”. No obstante, la portavoz soberanista ha mantenido que no descarta una futura colaboración con el PNV “desde el respeto y el acuerdo político”. Eso sí, ha aclarado que no aceptará su tutela.

Ugarte asegura que la media

“Nunca he acusado de malversación al PNV. Ellos han querido desviar la atención hacia ese terreno a sabiendas de que no tiene recorrido jurídico, como ayer bien confirmó Markel Olano”, ha señalado Ugarte, quien, a continuación, ha vuelto a resaltar “la mala gestión” del anterior equipo de Gobierno. “Los proyectos se realizan como se realizan. Después, siempre salen imprevistos y los plazos se van aumentando y, al final, una obra que tenía que costar una cantidad de dinero acaba costando muchísimo más y se ejecuta en un tiempo muy superior”, ha considerado.

“En función del criterio que tenga la Administración -ha continuado-, esas obras pueden acabar costando muchísimo más, que es lo que he denunciado que ha pasado”. A juicio de Ugarte, la media de desfase presupuestario en Europa suele rondar entre el 5 y el 10%, mientras que en Gipuzkoa, ha sostenido la portavoz, ha llegado al 65% en algunos casos. “Eso es inadmisible desde todo punto de vista porque hablamos de dinero y de gestión pública”, ha dicho.