Reproches a Álava y Bizkaia

A lo largo de las 68 páginas del borrador del dictamen que servirá de punto de partida para un debate de enmiendas que anuncia acalorado, no faltan críticas a la actuación de las Diputaciones de Álava y Bizkaia, que se negaron a facilitar información fiscal sobre varias de las empresas investigadas argumentando que no había base legal para ello. A pesar de que los servicios jurídicos de la Cámara vasca insistieron en que los entes forales tenían la obligación de colaborar, PP y PSE tuvieron que impulsar cambios normativos en las distintas Juntas Generales para que los datos terminaran llegando a tiempo para ser utilizados en la investigación.

 En el relato de los hechos realizado también queda en evidencia que el nexo común de la trama, investigada por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Vitoria, era su pertenencia y su cercanía al PNV.

En paralelo, el frente judicial llega ya a la veintena sumando los de la presunta corrupción y los del supuesto espionaje político. El juez instructor del caso Tellería, Roberto Ramos, ya ha ordenado la apertura del juicio oral. Todo está pendiente de que se aclare si la Audiencia Provincial de Álava opta por juzgarlo o si prefiere dejarlo en manos de un juzgado de lo Penal. En este último caso, es probable que la Fiscalía interponga un recurso de casación ante el Supremo que alargaría varios meses la espera.

La causa por la presunta corrupción, por su parte, sigue en fase de instrucción.

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