La renovación de las tres cajas vascas se adecuará a la nueva ley
Los tres principales partidos vascos (PSE, PNV, PP) han llegado a un acuerdo, al que se han sumado Aralar y UPyD, para plantear, a través de una enmienda en la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia, un aplazamiento de la renovación de las asambleas de las trews cajas vascas para que el proceso se realice de acuerdo con la nueva ley de Cajas autonómica, que está pendiente de ser aprobada.
El acuerdo, adelantado ayer por Europa Press y confirmado a EL PAÍS por fuentes parlamentarias vascas, se sustenta sobre una enmienda del PNV a la ley de la Autoridad de la Competencia, en la que se incorpora una nueva Disposición Transitoria. Su texto propone una prórroga de los órganos de gobierno de las tres cajas (BBK, KUtxa y Vital), de forma que los mandatos de los consejeros generales, así como de los miembros de los respectivos consejos de Administración y los de las comisiones de Control que lleguen a su término entre el 1 de marzo y 30 de abril próximos “quedarán automáticamente prorrogados, de forma excepcional”, hasta que sea efectiva la designación de los nuevos órganos según lo establecido en la ley de Cajas ahora en tramitación.
Si el actual proyecto de ley, en tramitación en la Cámara de Vitoria, no llegase a entrar en vigor, los correspondientes órganos de gobierno quedarán obligados a convocar en un mes sus procesos de renovación con arreglo a lo dispuesto en la ley de Cajas actualmente en vigor.
Seis meses
Esta prórroga excepcional “en ningún caso” podrá tener una duración mayor de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley.
Los partidos justifican el acuerdo ya que el retraso en la tramitación del proyecto, paralizado varios meses por un recurso de la Diputación de Bizkaia finalmente rechazado por la Comisión Arbitral —el órgano que resuelve las discrepancias entre las instituciones vascas—, puede provocar que, si caducan los órganos de gobierno de las cajas antes de su aprobación, su renovación deba realizarse con arreglo a una normativa que casi inmediatamente después quedaría derogada.
Con esta iniciativa se pretende evitar dicha disfunción y coordinar los procesos de renovación de órganos de gobierno con la aprobación de la nueva ley de Cajas.
