Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Ministerio de Economía expedienta a la principal consultora de los ERE

Ocho órganos indagan distintas vías del fraude en los expedientes de Empleo

La juez Alaya en los juzgados de Sevilla.
La juez Alaya en los juzgados de Sevilla.

El Ministerio de Economía ha expedientado a la consultora Vitalia Vida, principal intermediaria del fraude de los ERE, por los que cobró hasta un 25% de su coste en millonarias comisiones pese a que el mercado fija un 1%. Economía ha expedientado a Vitalia a través de tres procedimientos sancionadores abiertos por la Dirección General de Seguros (DGS), que investiga las operaciones de la compañía y si esta actuaba como correduría de seguros sin disponer de la preceptiva autorización. Vitalia tramitó los expedientes de regulación de empleo donde se incluyeron 60 de los 72 intrusos identificados hasta ahora en el caso.

Hace un año la DGS recibió varias denuncias sobre una posible actuación irregular de entidades del grupo Vitalia. Tras estas denuncias, Economía abrió diligencias previas que culminaron el pasado 28 de noviembre con la apertura de los tres procedimientos sancionadores contra la firma y sus administradores mancomunados, María Ascensión de la Cruz Antona y Roser Massa Dalmau. La investigación para determinar la sanción por operar sin permisos está en marcha, “pendiente de tramitación”, puntualizan fuentes del Ministerio.

Está por ver el alcance de este procedimiento administrativo, que puede culminar con graves sanciones para la compañía catalana. Vitalia forma parte del grupo Eurobank y es una más del entramado de mutuas y bancos preñados de supuestas descapitalizaciones que los juzgados investigan ahora. Las sospechas de la DGS sobre este grupo empresarial no son nuevas. En 2007 Economía ya rechazó la autorización de otra compañía, Vitalia 2006 correduría de seguros SL, para operar como corredor de seguros “por incumplir diversos requisitos necesarios para obtener la autorización”, matizan las fuentes de Economía.

Múltiples investigaciones simultáneas (hasta ocho) analizan las distintas vías delictivas e irregulares del escándalo de los ERE. Mientras la Junta escudriña la documentación sobre expedientes y ayudas directas que concedió y Economía investiga a la principal consultora que repartió comisiones entre conseguidores, bufetes y conseguidores, el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla capitaliza la investigación penal. Pero la magistrada Mercedes Alaya no está sola en sus pesquisas. Una juez de Andújar (Jaén) investiga el delito contra la Hacienda Pública que supuestamente cometió el exchófer del antiguo director general Javier Guerrero con las ayudas por 900.000 euros que recibió. En paralelo, el Juzgado de Instrucción Central 6 de la Audiencia Nacional investiga la supuesta descapitalización de la aseguradora Fortia, anterior responsable de numerosos ERE subvencionados por la Junta. La fiscalía presentó una denuncia contra 25 directivos que investigaba el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, pero dado que el caso afecta a 3.332 prejubilados de todo el país, el Tribunal Supremo decidió que la Audiencia Nacional debía instruir la causa.

Mientras, en Bélgica un juzgado mercantil investiga por un lado la quiebra de la aseguradora Apra Leven (grupo Eurobank) y otro juzgado instruye la causa penal contra sus anteriores administradores. Por último, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Sevilla estudia la reclamación de 36 millones a la Junta por parte de los actuales administradores de Apra Leven.