Los últimos de la calle de Wellington

Solo se oyen algunos graznidos de animales del zoo. Al margen de eso, reina la calma total en un piso de uno de los edificios que tiene los días contados en la última manzana que queda en pie de las antiguas viviendas militares de la calle de Wellington. En los cinco bloques viven 10 familias, las últimas de las más de 100 que se vieron afectadas por un convenio que firmaron hace 24 años el Ministerio de Defensa y el Departamento de Enseñanza de la Generalitat para la cesión del acuartelamiento de Jaume I y Roger de Llúria. La Universidad Pompeu Fabra (UPF) adquirió finalmente todo el complejo en 1992 y lo transformó en su campus Ciutadella.

La universidad derribó el pasado mes de diciembre una manzana de viviendas —entre las calles del Doctor Trueta y Ramon Turró— y ya tiene las licencias de obras para construir en ese solar los dos edificios del futuro parque de investigación de Ciencias Sociales y Humanidades. Los que residen en los últimos pisos de la otra manzana saben que se acerca la recta final de un proceso que no les deja de angustiar: “Vine aquí con 14 años y esto es muy duro”, explica María, nombre ficticio de una de las afectadas que no quiere que se desvele su identidad por la incertidumbre del proceso.

Los bloques de pisos se levantaron en 1886 como compensación al ejército, que cedió terrenos en el interior de la Ciutadella para levantar pabellones de la Exposición Universal. Sus moradores siempre fueron militares y guardias civiles. Las 10 pisos aún ocupados lo están, en su mayoría, por viudas de militares, que no están satisfechas con el trato recibido de la UPF y adivinan que en breve instarán su desahucio. Pagan un canon anual muy bajo, muy lejos de los precios de los alquileres.

Los diez inquilinos que quedan son, en su mayoría, viudas de militares

Pese al estado de abandono de los edificios, los pisos habitados están bastante bien conservados y las galerías traseras, de columnas y hierro forjado, son un pequeño tesoro escondido. Nunca han tenido gas ni ascensor, y las escaleras —con puertas tapiadas con planchas de aluminio para evitar que sean ocupadas— todavía conservan un aroma de lo que debieron de ser.

“Aquí hemos vivido muy bien, y eso que en la calle había de todo”, recuerda María. La parte trasera del parque, antes de la gran transformación de la zona con los Juegos Olímpicos, era oscura, estrangulada entre las vías y el muro de industrias de la avenida de Icària que hasta la transformación de 1992 ocultaba el mar. “Recuerdo el mercado del pescado y el trajín de camiones por el paseo de la Circumval·lació”, explica María. El mercado cerró en 1983. Esa actividad, junto a la prostitución y el zoo, es lo que tienen grabado en la memoria quienes todavía viven allí. “Había mucho travestido. La mayoría era buena gente. Incluso uno de ellos vigilaba que no le pasara nada a mi hija, que llegaba tarde de la universidad. Pero a veces se pasaban y a plena luz del día, dentro de los coches aparcados, se veía cada cosa… hasta que les llamamos la atención”, añade.

Aunque la prostitución no se ha eliminado totalmente, la zona no tiene nada que ver con lo que fue y ahora Wellington es una extraña calle en Barcelona. Sin coches, solo se oye el paso del tranvía. Y la orquesta animada del otro lado de la tapia del zoo. Naturalmente, los afectados se han resistido a irse todo lo que han podido.

La UPF construiráen el solar el Parque de Investigación de Ciencias Sociales

“La gran mayoría marcharon en la década de 1990, cuando la universidad ofreció el realojamiento en pisos protegidos de la Vila Olímpica”, dice el abogado Ricardo de la Rosa, que ha intervenido en gran parte del proceso. El centenar largo de familias estaban sujetas a un régimen particular, el de cesión de las viviendas en uso a miembros de las fuerzas armadas. De entrada, los afectados constituyeron una asociación —de defensa de los usuarios y ocupantes de los pabellones militares— que impugnó la cesión inicial de Defensa a la Generalitat. No lograron ganar las acciones judiciales.

Lo que obtuvieron buena parte de los afectados que se fueron en los noventa y que ahora viven en la Vila Olímpica fue indemnizaciones para hacer frente a la entrada de un piso de protección. “Se ha ido negociando caso por caso”, explican portavoces de la UPF. “El problema es que los residentes se han ido haciendo mayores y así es más difícil que les den hipotecas o que puedan asumir alquileres de mercado con las indemnizaciones que plantean”, precisa el letrado, que se queja de la “arbitrariedad” de la universidad a lo largo del proceso porque algunos afectados han tenido mejores condiciones que otros.

La UPF dispone de financiación para construir el Parque de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades. Concretamente, 4 millones de euros del Ministerio de Educación y 4,5 del desaparecido de Ciencia e Innovación. Las obras empezarán en febrero. Lo formarán, en una primera fase, tres edificios, uno de los cuales, obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, ya está terminado. Los otros dos tendrán 8.500 y 4.300 metros cuadrados.