Mas reta a la oposición a llevar al juez el nombramiento del presidente del ICS
Iniciativa y Ciutadans piden el cese de Josep Prat por representar los intereses privados
El Gobierno catalán mantiene la defensa acérrima del presidente del Instituto Catalán de la Salud, Josep Prat, en el ojo del huracán tras hacerse público que compaginaba dicho cargo con la presencia en la empresa municipal de Reus Innova y la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. Prat decidió renunciar a ambos puestos para seguir en la presidencia del ICS. Su presencia al frente de la gestión de los centros públicos indigna a sindicatos y oposición.
Prats no cometió ninguna irregularidad, le defiende Mas
Los partidos han expresado hoy sus quejas en el Parlament, en el primer pleno del año. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, les ha respondido desafiante, retándolos a denunciar a Prat. “El señor Prat no ha cometido ninguna irregularidad. Si lo consideran, ustedes hagan las acciones que deban hacer para que los tribunales puedan intervenir”, espetó Mas al líder de Ciutadans, Albert Rivera. La Oficina Antifraude ha abierto una investigación para aclarar si hay irregularidad en la combinación de cargos del presidente del ICS. Mas defendió que no hay incompatibilidad porque Prat no cobra por presidir el ICS.
El consejero de Salud, Boi Ruiz, también ha defendido la tarea de Prat y ha negado que haya incompatibilidad en combinar cargos públicos y privados en el sector sanitario. Ruiz ha englobado el nombramiento de Prat en la estrategia de atraer al sector público a “personas reconocidas por su tarea en el sector”. Josep Vendrell, de Iniciativa, ha rebatido el argumento. “Hay una contradicción evidente entre presidir la empresa que gestiona los hospitales públicos y trabajar para un competidor de la misma”, ha dicho Vendrell, que ha sentenciado: “Si a Prat no se lo ha destituido es porque cumple la importante misión de trocear el ICS para pasar a su mercantilización”. Prat ha diseñado un plan para trocear el ISC en una veintena de empresas para abrirlas a la colaboración del capital privado. Ello genera suspicacias por si sus decisiones como gestor público pudieran beneficiar sus negocios como empresario.
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