Viejos problemas para un nuevo Gobierno

El medio ambiente ha caído dos escalones en la nomenclatura oficial con el cambio de Gobierno: Miguel Arias Cañete es el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su antecesora en el Ejecutivo socialista, Rosa Aguilar (exministra de Medio Ambiente, Rural y Marino) se propuso nada más llegar al cargo "pintar de verde" su departamento. Arias Cañete ha centrado sus primeros días en la agricultura y la pesca, con visita a Córdoba y reunión en Madrid con la consejera andaluza del ramo incluidas.

Los problemas generados con la reforma de la PAC y con el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos han eclipsado al resto de asuntos pendientes. Además, los ecologistas han torcido el gesto cuando han conocido que Federico Ramos de Armas -exviceconsejero en Madrid- es el nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente. Sobre la mesa de Ramos de Armas hay proyectos que afectan a Andalucía y que cuentan con apoyo del empresariado, pero que podrían acabar en enfrentamientos con los ecologistas y, en algún caso, con la Junta.

- Oleoducto. El proyecto del Grupo Gallardo es, quizás, el asunto más urgente. "Es lo primero que se va a encontrar en la mesa", señala Felipe Fuentelsaz, coordinador del proyecto Doñana de WWF. Los promotores de la Refinería Balboa llevan más de cinco años tramitando ante el ministerio un proyecto que incluye un oleoducto desde el puerto de Huelva hasta Santos de Maimona (Badajoz) que pasa cerca de Doñana. Tanto la empresa como los ecologistas llevan meses reclamando al ministerio que emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aunque los primeros reclaman que sea positiva y los segundos que sea negativa. Sin embargo, el reloj se quedó parado en abril, cuando la Junta remitió dos informes al Gobierno en los que se cuestionaba el proyecto por su posible afección a los espacios protegidos, entre ellos, Doñana. El Consejo de Participación del parque aprobó en su última reunión un apoyo explícito a esos informes. Ante esta situación, el nuevo ministerio debería pronunciarse sobre la DIA de forma inminente, aunque también cabe la posibilidad de que reclame más informes a la Junta, en concreto, sobre las afecciones a la Red Natura 2000.

La Junta ha descartado que en este momento sea posible acometer la profundización

- Dragado del Guadalquivir. El proyecto del puerto de Sevilla para ampliar el dragado del río y permitir que lleguen barcos de mayor calado también cuenta con un importante apoyo empresarial, pero con el rechazo de los ecologistas, que alertan de la posible afección a Doñana y al estuario del río. Esta profundización, como el dragado de mantenimiento, también depende en última instancia del ministerio, el encargado de pronunciarse sobre la DIA. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha descartado que en este momento sea posible acometer la profundización. Así lo refleja también el completo informe elaborado por el CSIC sobre el estuario, que recomienda que antes de llevar a cabo cualquier actuación se proceda a poner en marcha una gestión integral del tramo final del río. La viceconsejera de Medio Ambiente, Ana Patricia Cubillo, recuerda que aún se está a la espera de que se convoque el comité de autoridades competentes que debe decidir sobre este asunto. Cubillo también muestra sus dudas sobre el "daño medioambiental y para otros sectores" que un apresurado dragado de profundización puede acarrear.

- Guadalquivir. Tras el fiasco del traspaso a Andalucía de las competencias sobre el río -que tumbó el Tribunal Constitucional en marzo- la Junta devolvió al Estado todas las competencias en octubre. Sin embargo, la Junta mantiene viva esta reivindicación, contemplada en el nuevo Estatuto de Autonomía. El Congreso de los Diputados, controlado ampliamente por el PP, tendrá que volver a pronunciarse sobre la delegación de unas competencias sobre el río que están en manos del departamento de Arias Cañete. También el ministerio debe aprobar el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, que quedó prácticamente rematado el año pasado. Además, según señala Cubillo, el Gobierno debe dar el visto bueno también a los planes de las tres cuencas andaluzas.

- Las Aletas. El parque logístico y empresarial de Las Aletas, en Puerto Real (Cádiz) -que ocupa parte del dominio público-terrestre-, fue paralizado en 2009 por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Junta y el Gobierno han intentado seguir adelante a través de una reforma del proyecto inicial. La duda ahora es si el nuevo Gobierno seguirá apostando por este parque, que rechazan los ecologistas.

- El Algarrobico. Una de las últimas decisiones que tomó el anterior Gobierno fue la firma de un convenio por el que el ministerio correría con los costes de derribo del polémico hotel de Carboneras y la Junta se encargaría del desescombro y restauración de la zona. Pero, para poder demoler este edificio, que cuenta con 16 sentencias en contra, todavía habrá que esperar a una decisión firme de la justicia, algo que podría, incluso, no llegar durante esta legislatura.