Condena de 60 años de cárcel para el pistolero de Olot por cuatro asesinatos

La Audiencia de Girona ha condenado a 60 años de cárcel a Pere Puig Puntí, el albañil que asesinó a tiros a cuatro personas en Olot el 15 de diciembre de 2010. La sentencia establece que el pistolero no podrá permanecer más de 25 años en la cárcel, periodo al que hay que restar un año que Puig ha pasado en prisión provisional. Puig tiene ahora 58 años. La sentencia, contra la que cabe recurso, cierra un capítulo de la crónica negra de Olot, una localidad que vivió conmocionada tras el día en que el albañil decidió matar a su jefe, al hijo de este y dos empleados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo con su rifle de cazador.

El pistolero de Olot fue condenado por un jurado popular el pasado 16 de diciembre. No había dudas sobre la autoría de los asesinatos: Puig se autoinculpó minutos después de matar a su última víctima y múltiples testigos y pruebas confirmaron la veracidad de la confesión. El jurado debía dirimir si, como afirmaba la defensa, Puig sufría varios trastornos mentales que le llevaron a cometer los crímenes. Su abogada solicitaba también que se tuviera en cuenta que el albañil se entregó a la policía y colaboró en todo momento durante la instrucción del caso.

El veredicto contra él fue muy desfavorable: el jurado consideró que Puig estaba “en plenas facultades mentales”, tal como declararon los psiquiatras del Instituto de Medicina Legal, y no dejaba lugar a que el juez aplicase una atenuante por colaboración que aligerase la pena. No solo no se entregó, decía el jurado, sino que dejó el motor del coche encendido mientras disparaba contra los empleados de la CAM porque tenía “voluntad de huir”. El jurado se mostró contrario a una suspensión de la condena o a la proposición de un indulto total o parcial.

El fiscal del caso pidió 20 años de cárcel para Puig por cada uno de los asesinatos (80 en total). Alegó que el pistolero es “una mala persona” que “no tiene respeto por la vida de los demás” y recordó que la intención de Puig era matar a otras dos personas –el dueño del bar La Cuina de l'Anna y un electricista– pero que no lo hizo porque ese día no les encontró. La abogada de la defensa, una vez escuchado el veredicto, pidió para Puig la pena mínima que le podía aplicar el juez: 15 años por cada asesinato.

Esa es la pena que finalmente se le ha impuesto a Puig. La sentencia considera probado que el 15 de diciembre de 2010 el albañil acudió sobre las 7.45 horas vestido de cazador y armado con un rifle al bar La Cuina de l'Anna y allí disparó contra su jefe Joan Tubert y el hijo de este. Luego se subió a su coche y condujo hasta la sucursal de la CAM de Olot, donde descargó el arma contra Anna Pujol y Rafael Turró. La sentencia cree que no está justificado imponer la pena máxima al pistolero, puesto que “no opuso resistencia” cuando le detuvieron, “colaboró en el esclarecimiento” de los hechos y reconoció sus crímenes. Tras matar a los dos empleados de la CAM, Puig esperó dentro unos minutos porque pensaba “liarse a tiros con la policía”, como él mismo afirmó, pero al ver que nadie entraba salió del banco y dejó que un policía local le detuviese.

Un año después de los crímenes, los familiares de los constructores siguen sin explicarse las motivaciones del pistolero. Puig declaró durante la instrucción que mató a los Tubert porque le debían dinero (dos pagas extras). El albañil cobraba 1.150 euros al mes y vivía con su padre en una casa propiedad de este. La hija de Joan Tubert y hermana de Àngel aseguró en el juicio que ambos sentían cariño por el empleado, con el que habían compartido numerosas comidas. El albañil también dijo que mató a los trabajadores de la CAM porque le informaron de que debía el importe íntegro de un crédito que había pedido y del que solo había pagado los intereses, cuando él pensaba que ya lo tenía liquidado. El director de la sucursal declaró, sin embargo, que el día que se lo dijeron Puig no reaccionó mal.

Ni la falta de un móvil razonable para cometer los crímenes ni las extravagancias del acusado –a Puig, una persona solitaria y sin amigos, le gustaba que le llamaran el sheriff– sirvieron a la defensa para convencer al jurado de que el albañil sufre trastornos. Tampoco que Puig explicara que su jefe “se le había metido dentro, como una serpiente” y que por eso lo mató. Los psiquiatras forenses concluyeron que las rarezas de Puig son meros rasgos de la personalidad y no patologías o trastornos.

La sentencia establece que Pere Puig deberá satisfacer las responsabilidades civiles derivadas de los cuatro asesinatos –entre ellas las indemnizaciones a los familiares de las víctimas–, por las que deberá abonar 643.000 euros.