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¿A la cárcel por tocar el piano en casa?

La fiscalía pide siete años y medio de prisión para una joven concertista por molestar a una vecina con el “ruido” de los ensayos

¿Debe una joven pianista ir a la cárcel por molestar a una vecina con la música que interpreta? Esta es la cuestión que deberán dilucidar los jueces en un caso que lleva a preguntarse por los límites del derecho penal. Laia Martín, una joven de 26 años vecina de Puigcerdà (Cerdanya, Girona), afronta una petición de siete años y medio de cárcel por contaminación acústica y un delito de lesiones psíquicas, y puede ver truncada su carrera musical.

El fiscal solicita la misma pena para sus padres, que en 2003 instalaron en casa un piano para que su hija, que cursaba estudios oficiales de música, pudiera ensayar con tranquilidad. “Alentada y ayudada por sus padres”, define el fiscal en su relato, Laia “se dedicó a tocar el piano” en el piso un mínimo de cinco días a la semana, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas. La vecina del piso adyacente, Sonia Bosom, oyó las prácticas todo ese tiempo.

La “inmisión permanente de ruido” en el piso de la vecina era “notablemente superior” al máximo permitido para instrumentos musicales, según el fiscal, que acusa a los padres de no tomar medidas para evitarlo, como insonorizar el piso. Se da la circunstancia, además, de que la localidad de Puigcerdà está considerada por una ley autonómica “zona de sensibilidad acústica alta”, lo que permite un máximo de 30 decibelios en horario diurno. Ese tope se superó, según las mediciones que recoge el escrito de acusación.

“No se puede comparar el sonido de un instrumento con el ruido de una discoteca o un aeropuerto”, dice el abogado de la pianista

Harta de las prácticas con el piano, Bosom denunció el caso en el Ayuntamiento de Puigcerdà. Tras diversos requerimientos, en 2008 los padres trasladaron el piano a otro lugar. Pero el daño ya estaba hecho. El sonido acabó “perturbando notablemente la intimidad y tranquilidad” de Bosom, que sufrió alteraciones del sueño, angustia, episodios de pánico, irritación y hasta problemas en el embarazo de uno de sus hijos, siempre según el relato del fiscal, que hoy ha avanzado La Vanguardia.

La fiscalía concluye que debe imponerse a Laia y a sus padres la pena seis años de cárcel por un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica y un año y medio por la lesiones psíquicas. Para el abogado de la familia, Marc Molins Raich, del despacho barcelonés Roca Junyent, es un castigo a todas luces excesivo. “Es un buen ejemplo de qué no debería hacerse nunca con el derecho penal, que debe reservarse para castigar las conductas más graves. Este hecho nunca se tendría que haber criminalizado. Incluso en el caso de que fuese cierto lo que dice la fiscalía, y no lo es, como máximo se tendría que haber acudido a la vía civil o administrativa", dice.

El letrado también se pregunta si puede hablarse en este caso de contaminación acústica y “ruido” como apunta el fiscal. “Considerar que un programa de formación musical es una fuente de ruido es un error conceptual grave. Comparar el uso de un piano con el ruido de una discoteca o de un aeropuerto es manifiestamente equivocado e injusto”, explica Molins Raich a este diario.

Laia es una joven promesa del piano, pero su carrera puede verse seriamente perjudicada si los jueces la condenan en los términos que pide el fiscal, ya que este también solicita su inhabilitación durante cuatro años para tocar el piano. “Pedir cárcel para una persona con el prestigio, el talento y el reconocimiento de Laia no es solo un error técnico, sino también una hostilidad hacia una joven promesa del panorama musical catalán y, por extensión, un agravio hacia el talento y la cultura musical de este país”, concluye el abogado de Roca Junyent.

La fiscalía ha emitido esta mañana una nota en la que puntualiza: "En caso de que en el acto de la vista del juicio apreciara una disminución de los efectos de la actividad molesta o una adopción de medidas correctoras eficaces, podrá modificar su escrito y atenuar su petición inicial. También podrá estudiar la petición de un indulto parcial en caso de que se dictara una sentencia condenatoria". También apunta que "la presunta actividad sonora tuvo una duración muy extensa, ya que se inició en 2003 y finalizó en 2007.