Los partidos catalanes aceptan ahora que se revisen las dietas de los entes públicos

La Generalitat deberá revisar las dietas que cobran los miembros de los consejos de administración de las empresas públicas. Así lo decidió ayer el Parlament, que aprobó una moción de ICV-EUiA en la que se pide al Gobierno de Artur Mas que elabore un plan para revisar la composición de los consejos de administración de los 245 organismos públicos que existen actualmente, así como las dietas que cobran y las funciones que realizan, para evitar duplicidades.

No resulta fácil conocer lo que el Gobierno destina anualmente a pagar dietas en concepto de asistencia a los consejos de administración de las empresas públicas, formados por entidades ciudadanas y socioeconómicas, pero también por consejeros y altos cargos que ya cobran su sueldo público. Los importes de las dietas no se publican en el Diari Oficial de la Generalitat y los partidos en el Gobierno acostumbran a mostrarse reticentes a facilitar esta información. Pese a esta opacidad, un estudio realizado por Esquerra Republicana en 2003 apunta que la Generalitat destinó 1,4 millones en 2001 a este tipo de retribuciones, cifra que actualmente se prevé superior.

El cobro de las dietas ha sido muy cuestionado últimamente, especialmente en un marco de crisis económica y de necesidad de reducir el gasto público. Pero los partidos no siempre se muestran dispuestos a pasar la tijera por el importe de estas indemnizaciones. Un ejemplo es la Agencia Catalana del Agua (ACA), en estado de ruina y que arrastra una deuda de unos 1.700 euros. La ACA destina unos 200.000 euros anuales a las dietas de los 27 miembros del Consejo de Administración, que verá adelgazada su representación en los próximos meses. Eso sí, la reducción no afecta ni a los cargos políticos ni al importe de las dietas.

Con todo, los partidos hicieron ayer un gesto y aprobaron la propuesta de elaborar un plan para revisar estos consejos y sus dietas. Pero la redacción del texto es muy general y solo insta a hacer este estudio, no a reducir este tipo de gasto.

La propuesta era uno de los 15 puntos que formaban parte de una moción presentada por ICV-EUiA, que apostaba por un tipo de impuestos que graven “la economía más especulativa y contaminante”. La alianza entre CiU y el PP se empleó a fondo para evitar que prosperaran propuestas de los ecosocialistas como las de frenar los ajustes que afectan a los trabajadores públicos; evitar el aumento las tasas universitarias; eliminar el copago de las recetas; presentar un plan para luchar contra el fraude fiscal; crear impuestos sobre la energía nuclear, sobre los depósitos bancarios y sobre la emisión de dióxido de carbono, y recuperar el impuesto de sucesiones.