"Me llamo Bea y soy inquilina"

“Hola, me llamo Bea y soy una inquilina del barrio”. Con esta breve fórmula influida, quizá,en las reuniones de Alcohólicos Anónimos comenzó ayer la primera asamblea de inquilinos. Un encuentro convocado por el grupo de Vivienda de Lavapiés para poner en común los problemas de las personas arrendadas, idear respuestas colectivas y organizarse siguiendo la senda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Una treintena de inquilinos, chicas jóvenes en su mayoría, personas ya desahuciadas y vecinos de de este barrio del centro de la capital incidieron en la importancia de crear un movimiento de oposición al desahucio que englobe no solo a los hipotecados sino también a los arrendados.

“Me encuentro con el problema de que mi alquiler crece cada año con arreglo al IPC pero mi sueldo cada vez es más bajo”, afirmaba ayer una de las asistentes. Otro de los conflictos que distingue al inquilino del hipotecado es el del “enemigo”. El culpable en los amenazados de desalojo es casi siempre el banco mientras que para los inquilinos suele ser una persona -el casero- que alega tener tus mismos problemas.

La huelga de pago es una de las posibilidades que plantea este grupo aunque reconocen que hay “muchos pasos intermedios” hasta dejar de abonar el alquiler. El primero es solicitar masivamente una rebaja del alquiler. Un objetivo posible que algunos de los participantes ya han logrado: “He conseguido acordar una reducción de 100 euros al mes con mi casera, antes pagaba 500 y ahora pago 400. No tenemos que tener miedo a intentarlo”. Otro de las medidas de presión previas a la huelga planteadas es la autoreducción de la mensualidad, presionar a los arrendatarios que cobran el alquiler en negro para que establezcan contratos legales (que aumentan la seguridad del inquilino) y sobre todo crear un movimiento organizado que aglutine a todas las personas que viven de alquiler, tengan el perfil que tengan, para dar voz a un colectivo, por ahora disperso, pero que se enfrenta a los mismos problemas. "Crear una identidad del inquilino, como la que tiene el hipotecado o el okupa y dar a entender que si la economía decrece lo que pago al mes también debe hacerlo".

En el marco legal proponen reformar la ley de arrendamientos urbanos, que el Estado establezca exenciones fiscales y que obligue a las entidades bancarias, con miles de pisos vacíos, a sacar el stock inmobiliario para que al aumentar la oferta, bajen los precios.

La de ayer fue una primera toma de contacto, para conocerse, plantear problemas concretos y crear una primera red de apoyo que, según sus organizadores, tiene que ir creciendo y madurando para hacer visibles a los afectados por el alquiler y para rechazar el mensaje interiorizado de que “el 60% del sueldo tiene que ir destinado a la vivienda”.