Variable sin variación

No sabemos si la nueva financiación de Cataluña se establecerá o no mediante un concierto como el pactado para el País Vasco en 1981, porque los firmantes del acuerdo destinado a investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat no se ponen de acuerdo sobre lo que ellos mismos han escrito; lo cual nos parece previsible, dado el panorama actual en el que las palabras antes sólidas se vuelven líquidas.

Anda rondando por el debate el vocablo “cupo”, que es básicamente la cantidad que el País Vasco (2,2 millones de habitantes, el 4,5% de los españoles) paga al Estado por las cargas generales que este asume (no sólo por los servicios que presta en la comunidad). El cupo se reduce lógicamente cuando se transfieren nuevas competencias, y aumenta si se conciertan nuevos impuestos.

En los años de la Transición, los nacionalistas catalanes y vascos se miraban de reojo en sus negociaciones sobre el nuevo desarrollo autonómico, y nadie quería ser menos que el otro; hasta el punto de que el País Vasco recibió competencias sobre “pesca lacustre” (artículo 10 del Estatuto), a pesar de que su territorio, a diferencia del catalán, no cuenta con ningún lago.

Sin embargo, los representantes catalanes no mostraron ningún interés en el concierto, porque eso implicaba recaudar impuestos, ingrata tarea entonces: que el Estado quede mal como poli malo; y que luego nos transfiera lo que necesitamos para quedar como poli bueno.

PNV y Gobierno (UCD) acordaron que el cupo se calcularía en función de la renta de las provincias vascas, y fijaron un índice de imputación del 6,24% sobre los gastos totales del Estado, considerando el peso que Euskadi tenía en la economía española. Se suponía que eso era una variable, pues con el tiempo debería cambiar al alza o a la baja. Pero jamás ha variado, en 43 años. He ahí la trampa de lenguaje.

Mucho tiempo después, en 1996, una fuente de la representación estatal en la negociación reconoció a EL PAÍS (3 de noviembre, suplemento Domingo, página 9) que la cifra del 6,24% no fue tanto técnica como política. Y que el índice manejado por los expertos de la Administración se situaba entonces en torno al 7%, similar a la participación real del País Vasco en la economía, aun considerando que en aquellos tiempos la información estadística era muy deficiente. La parte vasca no quiso opinar al respecto en la citada información.

El caso es que unos lo sabían y otros lo sospechaban: el dato pactado quedaba muy por debajo del dato técnico. Y se confirmó cuando el cálculo para el cupo de 1997 dio negativo: ¡El Estado debía pagar al País Vasco! ¿Eso significaba que el Estado había desaparecido de Euskadi? No, significaba que el cálculo originario producía sus efectos.

Desde 1987 a 1995, el cupo ya había disminuido de 103.896,2 millones de pesetas a 17.822 millones. Al no poderse variar la variable unilateralmente, hubo que modificar los datos sobre los que se calculaba, y se transfirieron los “impuestos especiales” (hidrocarburos, alcohol y tabaco) para que luego el País Vasco abonase su parte vía cupo, que así volvería a ser positivo. Y como toda excepción se vuelve un precedente, era de prever que algún día Cataluña reclamase lo mismo. Pero ¿con qué índice de imputación? Se desconoce.

Mientras, aquel 6,24 –la variable invariable– sigue en pie, con sus beneficios y sus perjuicios, ofreciéndonos un nuevo ejemplo de lo que pasa con ciertas palabras cuando la política se apropia de ellas para desvirtuarlas.