El Tribunal Supremo anula las normas subsidiarias urbanísticas de Bustarviejo

Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico (Plan General) de Bustarviejo de 1995. El Consistorio espera ahora que la Comunidad informe de cómo se aplica esta sentencia, que tiene paralizada la mitad de las obras del municipio. Fernando Sánchez, de Independientes Populares de Bustarviejo (IPB), dimitió el viernes 12 de agosto de la alcaldía "asumiendo la responsabilidad de la sentencia". El jueves 18 le sustituyó en el cargo Julio de Mateo, también del IPB e impulsor de las normas ahora vetadas.

Las obras de construcción de más de 400 chalés en la zona de Navaluenga, en Bustarviejo, 60 viviendas de protección social y un balneario han quedado paralizadas a causa de una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2002. La sentencia anuló un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1995 que aprobaba parcialmente la revisión las normas subsidiarias de la localidad. Este planeamiento urbanístico había sido impulsado por el entonces alcalde, Julio de Mateo, del PP, y aprobado por el Gobierno de la Comunidad cuando gobernaba Joaquín Leguina, del PSOE. El Ejecutivo regional nunca vio ningún problema en aprobarlas, ya que consideraba que se ajustaban perfectamente a la ley.

Pero Julio Moreno, concejal del PP, denunció entonces ante los tribunales que a estas normas urbanísticas les faltaba un estudio económico de viabilidad. La normativa vigente no obliga a que se realice este estudio, pero la jurisprudencia así lo ha dictaminado durante más de 20 años.

Mientras tanto, y han pasado 11 años, los dos alcaldes que han pasado por Bustarviejo (De Mato y Sánchez) han firmado numerosas licencias de construcción que ahora han quedado en el aire.

Informe jurídico

La Comunidad, según los concejales consultados, deberá dictar ahora un informe sobre cómo ejecutar la sentencia tras consultarlo con los magistrados.

La sentencia ha resultado un martillazo para el sector de la construcción, que ya se ha agrupado como asociación. Seis grandes constructoras y otras pequeñas empresas han decidido unirse para presionar al nuevo alcalde, Julio de Mateo -el mismo que impulsó la normativa de 1995-, a que agilice el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que permitiría seguir construyendo y concediendo licencias. De hecho, la Comunidad ya ha acordado con De Mateo agilizar un nuevo plan general para reducir los posibles daños a terceros.

No obstante, con el parón de las obras en más del 50% del suelo, tres empresas están en grave peligro de quiebra, según confirmó ayer el portavoz socialista, Miguel Martín. El Consistorio, por su parte, a falta de licencias, corre el riesgo de entrar en quiebra financiera.

Fernando Sánchez, ex alcalde hasta el pasado viernes 12 de agosto, pidió a De Mateo que asumiera responsabilidades políticas por unas normas que él impulsó y que fueron aprobadas por el Gobierno socialista de Joaquín Leguina. "Le di hasta el 2 de agosto hasta las 13.00 para que dimitiera", aseguró. Según Sánchez, De Mateo se negó a abandonar su cargo, y por ello él renunció a su puesto de alcalde.

Los hechos políticos se remontan a 2003, cuando De Mateo, alcalde por el PP, se enfrentó a la dirección de su partido por la guerra de Irak, firmando un manifiesto a favor de la paz. El PP le impidió presentarse de nuevo como número uno por la lista popular, por lo que De Mateo formó el Grupo de Independientes Populares (IPB), junto a Sánchez, con el que fue elegido alcalde por cuarta vez consecutiva, con mayoría absoluta.

En 2004, una de las concejales del IPB, Hortensia Recuenzo, "por problemas personales con Sánchez", pasó al grupo de "no adscritos". La oposición presentó una moción contra De Mateo y le quitó el sueldo. Éste presentó su dimisión, y Sánchez, también del IPB, asumió la alcaldía el 24 de octubre de 2004.

"Cuando di el paso a alcalde me di cuenta de cosas que no me gustaban nada, entre ellas que teníamos cuatro sentencias por asumir y una deuda de más de 348.000 euros", explicó ayer Sánchez. Según éste, el Consistorio tenía facturas por pagar, una sentencia por despido improcedente y encima la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba las normas urbanísticas de 1995. "Es un drama gordísimo. Yo estaba dispuesto a prevaricar, firmando licencias, pero me advirtieron de que podía tener responsabilidades penales", explicó Sánchez.

De Mateo declaró ayer que el nuevo alcalde propuesto debía ser Francisco Cobertera, pero el edil rehusó el cargo. De Mateo explicó: "Me acusan de ser el responsable de las normas, pero fue la Comunidad de Madrid, del PSOE de Leguina, la que aprobó las normas del pueblo. La sentencia es parcial, interpretable, y afecta a la Comunidad, que es la que tiene que mover ficha, ya que fue ella la que aprobó las normas".