Madrid remite las interrupciones del embarazo a clínicas privadas

La pregunta fue: "¿Los hospitales públicos van a practicar intervenciones voluntarias del embarazo?". Y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, contestó ayer sin responder: "Llevamos 25 años con un sistema que permite a aquel médico que no quiere practicar abortos no practicarlos, y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo". Lo que está haciendo Sanidad es derivar la práctica totalidad de los abortos a la privada: solo el 2% de las 22.126 intervenciones (en 2008) se realizan en centros públicos. Y seguirá siendo así, a juzgar por el protocolo que Sanidad ha enviado a sus profesionales, en el que da instrucciones para remitir a las mujeres únicamente a clínicas privadas.

La prestación debe recibirse de manera sencilla, recuerda Igualdad

La nueva ley del aborto dice, en su artículo 17, que entre la información que debe recibir la mujer figuran "los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir". La Comunidad de Madrid únicamente ofrece una lista de siete centros sanitarios autorizados, los siete privados, según recoge el protocolo. El documento, que detalla las actuaciones que deben seguir los profesionales sanitarios ante la solicitud de una interrupción voluntaria del embarazo con cargo a los presupuestos públicos, no ofrece a la mujer la posibilidad de pedir una cita en un centro sanitario público.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, alentó ayer a los profesionales sanitarios a declararse objetores, al decir que serán "respaldados y respetados" por su consejería y por el Gobierno regional. Añadió, durante una visita al hospital Severo Ochoa, que la objeción es "muy mayoritaria", pero su departamento, a preguntas de este periódico, no detalló cuántos profesionales se han declarado como tales. El consejero aseguró que ve innecesario crear un registro de médicos objetores.

"En nuestros hospitales hay libertad para poder practicar abortos dentro de los marcos legales", aseguró por la tarde un portavoz de la consejería. "Los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia y no se les va a obligar a realizar abortos". Fernández-Lasquetty había asegurado por la mañana que la ley "se está aplicando" en Madrid, aunque también mostró su "disconformidad" con ella. Aprovechó para afirmar que el Gobierno central "bien podía haber aprobado los decretos de desarrollo no seis días antes, sino con un poco más de tiempo para que no hubiera habido esa sensación de confusión".

Los trabajadores sociales se convierten, según el protocolo de Sanidad, en piezas clave a la hora de informar a las mujeres. Serán ellos los que detallarán las "técnicas de interrupción voluntaria de embarazo y sus indicaciones". Es decir, informarán sobre técnicas quirúrgicas como esta: "Dilatación cervical y legrado uterino instrumental. Dilatación cervical con tallos higroscópicos y misoprostol y evacuación uterina con pinzas". Sanidad asegura que siempre se han encargado de la canalización de las mujeres que solicitaban una IVE. Algunos profesionales explican que están actuando como hasta ahora y critican el procedimiento porque consideran que no es su función.

En el espíritu de la ley estaba que se realizase el mayor número posible de intervenciones en los centros públicos. También, recuerda Isabel Martínez, secretaria general de Políticas de Igualdad, que la mujer reciba la prestación de manera sencilla y gratuita. Según el sistema madrileño, hay que pasar por el médico de familia, el trabajador social, la clínica privada y el Centro de IVE de la Comunidad de Madrid. "El mecanismo disuade a las mujeres de que soliciten la financiación de la prestación", sostiene Luisa Torres, trabajadora social y portavoz de la clínica Dator. La intervención cuesta más de 350 euros. "El proceso crea una gran confusión a las mujeres. Esta parte administrativa se convierte en una rémora que perjudica más a las que tienen menos recursos porque muchas de las otras, para evitar que se dilaten los plazos y para no perder días de trabajo, van a preferir pagar la intervención de su bolsillo", señala Torres. Comunidades como Asturias lo ponen más fácil: presentar la tarjeta sanitaria en la clínica es suficiente para que la intervención sea gratuita.

Martínez explicó que las comunidades son competentes para escoger el procedimiento para informar y financiar la prestación. Pero advirtió de que "no está en el espíritu de la ley que ese procedimiento sea costoso y tedioso para la mujer. Todo lo contrario". Y recordó: "Las comunidades están obligadas a dar la información en los sobres a la mujer en todos los centros de salud y a decirle que asumen la prestación". No hacerlo supone "desalentarla de ir a la sanidad pública". El informe que Madrid incluye en el sobre -que aún no está en los centros de salud- contiene información sobre beneficios fiscales por nacimiento, deducciones sobre el IRPF para familias con dos o más hijos, "alojamiento en centros maternales", apoyo psicológico, título de familia numerosa, etcétera. El Ministerio de Igualdad está "vigilante" ante el comportamiento de las comunidades, advirtió Martínez. "Pedimos un ejercicio de responsabilidad. Esperemos que sean sensatas". Madrid es la tercera comunidad con la tasa más alta (15,79 por 1.000) de IVE. Un 21,8% de embarazos acaba en aborto. Sanidad asegura que no ha calculado cuánto le costará derivar las intervenciones.