Imputado el alcalde de Bustarviejo por autorizar 400 viviendas ilegales

El alcalde de Bustarviejo, el independiente Julio de Mateo García, está siendo investigado por la construcción de una urbanización de 400 chalés en las estribaciones del futuro Parque Nacional del Guadarrama, una zona altamente protegida. Ecologistas en Acción le denunció por los delitos de prevaricación, malversación y abuso en el ejercicio de sus funciones, y ahora el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna ha abierto diligencias previas.

El juez ha imputado a De Mateo al advertir en el caso "características que hacen presumir la posible existencia de una posible infracción penal". El alcalde, según la denuncia, autorizó la construcción de las viviendas sin la preceptiva declaración de impacto ambiental y renunció a recuperar la propiedad de los terrenos para el Ayuntamiento, a pesar de que el retraso de las obras así se lo hubiera permitido. Ecologistas y CC OO, que apoya a varios agentes forestales que han denunciado el proyecto, acusan al Gobierno de la Comunidad de "permitir y alentar un urbanismo depredador que está dañando irreversiblemente la sierra".

Navalengua es una privilegiada terraza natural de unas 400 hectáreas con imponentes vistas a la vertiente sur de la sierra. Apreciada por los montañeros, también es un suelo codiciado por los promotores urbanísticos que ya han logrado dinamitar la zona, mover tierras y empezar la construcción de la urbanización.

La historia se remonta a los años sesenta, cuando una cooperativa de trabajadores compró unos terrenos al Ayuntamiento para construir segundas residencias. "Cuando yo llegué a la alcaldía, en 1994, el proyecto se había convertido en un problema para el Ayuntamiento y los propietarios. Lo que yo he hecho ha sido intentar resolverlo", dice De Mateo.

Pendientes acusadas

En 1994, el Ayuntamiento comunicó al Gobierno regional su intención de autorizar la construcción en los terrenos. La Comunidad, sin embargo, no consideró la decisión acertada por dos motivos. El primero era que la zona estaba ocupada por "afloramientos rocosos, crestas y pedrizas de granito y gneis, con pendientes acusadas, que la hacen inadecuada para desarrollos urbanísticos". El segundo motivo era que la zona merecía ser considerada "suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y paisajístico".

Pero, a diferencia de ahora, en 1994 un informe medioambiental desfavorable no era vinculante, por lo que De Mateo siguió adelante con sus planes. Un año más tarde, en 1995, el Ayuntamiento modificó la normativa urbanística local para permitir la construcción de las viviendas.

Pese a los informes negativos de Medio Ambiente, el Gobierno regional acabó por autorizar la urbanización en 1996. La actuación de la Comunidad fue en este punto contradictoria, porque la Comisión de Urbanismo permitió a Bustarviejo seguir adelante con el proyecto incumpliendo las condiciones que la entonces Consejería de Política Territorial había impuesto, que era la realización de una nueva declaración de impacto ambiental favorable.

Ecologistas en Acción considera que a partir de este punto "hay que dudar de la legalidad de todo el proceso, porque Ayuntamiento y Comunidad no han hecho cumplir la normativa y el alcalde, además, ha concedido licencias a sabiendas de que no cumplía con lo establecido por la ley y los informes". De Mateo replica: "No hemos tomado ninguna decisión sin que Urbanismo, la autoridad competente, nos la autorizara".

El convenio firmado entre el Ayuntamiento y los propietarios establecía que, cuando estuviera completado el plan parcial de desarrollo urbanístico de la zona, la cooperativa tendría seis años y medio para construir las viviendas. Este plazo empezó a correr en marzo de 1999 y, en caso de no ser cumplido, la propiedad de los terrenos revertía al municipio. Poco después, la cooperativa vendió los terrenos y los derechos de edificación a una constructora, Urbapro, que no inició las obras hasta 2004.

En esa fecha, sin embargo, dos cosas habían ocurrido que, según Ecologistas en Acción, habían dejado la urbanización fuera de la ley. La primera era una sentencia del Tribunal Superior que en 2003 había declarado nulas las normas subsidiarias de 1995. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en agosto de 2005.

La segunda fue la inclusión en 2002 de Navalengua en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque Nacional del Guadarrama. Esto hacía de nuevo obligatoria la realización de una declaración de impacto ambiental. De Mateo trató de sortear ese requisito solicitando que se consideraran los terrenos como urbanos, algo que le fue denegado en un informe preliminar.