Amazonia, SA
El Gobierno de Lula da luz verde a la privatización de territorios de la selva para evitar la deforestación ilegal
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que como su partido el Partido de los Trabajadores (PT) se ha mostrado siempre contrario a las privatizaciones, se ha rendido ante los problemas insalvables para la preservación de la Amazonia y ha dado luz verde para que se comience a privatizar parte de la selva brasileña.
Según explicó el Ministerio de Medio Ambiente, la decisión de comenzar el proceso de arrendamiento se debe a que los índices de deforestación ilegal están aumentando. La expectativa del Gobierno es que, con la llegada de empresas para explotar madera y otros productos de forma sostenible, se inhiba la deforestación ilegal.
La primera zona que pasará a manos privadas el año que viene comprenderá un área de 90.000 hectáreas de la Floresta Nacional (FLONA) en la Reserva de Jamari, en el Estado de Rondonia, cuya extensión total es de 220.000 hectáreas.
El territorio saldrá a concurso y las tres empresas ganadoras podrán explotar la selva, naturalmente bajo una serie de condiciones que serán publicadas el 31 de octubre próximo. La parcela que será licitada en primera instancia consta de tres lotes con extensiones de 45.000, 30.000 y 15.000 hectáreas cada uno. Estos lotes podrán ser explotado solamente por empresas brasileñas, independientemente de cuál sea el origen de su capital, que firmarán contratos de entre cinco y 40 años.
Entre las exigencias impuestas a las empresas privadas que ganen el concurso figura la reforestación de las zonas devastadas por el fuego. En cada área será determinada la cantidad por hectárea de árboles que podrán ser derribados para la comercialización de la madera.
Según fuentes del Gobierno, la licitación tomará en cuenta los criterios de precio y tecnología que las empresas ofrezcan, pero dará prioridad al segundo aspecto. De esa forma, la empresa que oferte el mejor precio no será necesariamente la vencedora de la licitación, sino que primarán los criterios técnicos, entre los que se encuentran el beneficio social, el impacto ambiental o la eficiencia.
De los 194 millones de hectáreas de selva amazónica propiedad del Estado brasileño, un millón están llamados a ser privatizados.
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