Guerra del agua ante la sequía catalana

La peor sequía en Cataluña en medio siglo ha puesto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en un considerable aprieto: si mantiene su oposición a un trasvase de agua desde el río Segre (afluente del Ebro) a Barcelona, se enfrentará al Gobierno catalán; si lo autoriza, el Ejecutivo valenciano, del PP, responderá -ya ha amagado-: "¿Y por qué a nosotros no?", y volverá a reclamar el trasvase a Valencia y Alicante, el mismo que proyectó el PP y paralizó Zapatero cuando llegó al Gobierno en 2004. Además, incomodaría a los socialistas de Valencia y Murcia.

Cataluña intentará templar los ánimos tras tachar de "frívola" a De la Vega

El presidente de Aragón a Montilla: "Nuestro Estatuto nos impide ceder agua"

La guerra del agua enfrenta no sólo a distintas comunidades sino también a gobiernos del mismo color político (y, en el seno de Cataluña, a unas provincias con otras y a los miembros del tripartito). El pasado viernes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció que el Gobierno no autorizará el trasvase Segre-Barcelona; al día siguiente, el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, tachó a la número dos de Rodríguez Zapatero de "frívola", "irresponsable" y "desleal". Hoy, el consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, se pondrá en contacto con la ministra Cristina Narbona para buscar un acercamiento.

Si no prospera, la polémica entre los dos gabinetes -ambos con presidente socialista- está asegurada. Baltasar ya intentó ayer templar los ánimos: después de las graves acusaciones lanzadas por Saura, vino a decir que la negativa a los trasvases expresada por la vicepresidenta no tiene por qué afectar al del Segre, pues éste tendría carácter temporal. "La vicepresidenta en ningún momento citó directamente el Segre", destacó.

En realidad, ya existen en España numerosos trasvases de agua desde distintos ríos a provincias desabastecidas, aunque ninguno de la dimensión del que quiso hacer el Gobierno de José María Aznar desde el Ebro a Valencia, Alicante, Murcia y Almería (pretendía trasvasar 1.000 de los 14.000 hectómetros cúbicos que vierte el Ebro, ahora desbordado, al mar cada año). A esa obra se opuso de lleno el PSOE y también Aragón y Cataluña, donde los socialistas gobiernan: todos enarbolaron la bandera ecologista y dijeron que arruinaría el Delta. Después, Aragón ha aprobado un Estatuto en el que se reserva 6.550 hectómetros de agua, e impulsa proyectos difícilmente sostenibles como poner en regadío decenas de miles de hectáreas del desierto de Los Monegros o construir allí 32 casinos tipo Las Vegas.

Los trasvases generan polémica siempre que se salgan de la comunidad autónoma: PSOE y PP piden en Castilla-La Mancha que se ponga fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, mientras en Murcia y Alicante exigen su continuidad. Y el pasado viernes el Gobierno aprobó la última obra del trasvase del exhausto Tajo al Guadiana (secado por miles de pozos ilegales).

Ahora, Cataluña afronta una situación de emergencia y pide un trasvase desde un afluente del Ebro, el Segre, para garantizar el abastecimiento de Barcelona, donde, si las nubes no asoman, las restricciones al consumo podrían llegar en otoño. Alega que ese trasvase no es comparable a aquel tan denostado porque será mucho menor y temporal, con una tubería desmontable; pero Valencia ya ha ironizado con la aparente contradicción de los socialistas: "Ahora sí quieren los trasvases", dijo el viernes el portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla.

La solución que ofrece Moncloa es enviar agua en barco desde la desaladora de Carboneras, en Almería, a Barcelona (ese viaje cuesta diez veces más que el trasvase del Segre). El PP andaluz ha pedido al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que se oponga. En 2004, el gabinete de Zapatero proyectó una desaladora en Barcelona, pero cuatro años después no esta lista.

Las tensiones entre los Ejecutivos catalán y central por la sequía se reproducen igualmente dentro del tripartito. Consejeros socialistas y de ERC, sobre todo los vinculados a las provincias de Lleida y Girona, han discrepado abiertamente de las intenciones de Baltasar. Montilla tuvo que poner orden el pasado sábado. "Tenemos que prepararnos para lo peor. Debemos ser coherentes y no decir sólo lo que la gente quiere escuchar", subrayó en tono de reprimenda a quienes rechazaban el trasvase del Segre. Uno de los que se habían opuesto, el socialista leridano Joaquim Llena (Agricultura), rectificó ayer mismo: "Tenemos la obligación de prepararnos para cualquier eventualidad".

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, también socialista, se opuso igualmente al proyecto de la Generalitat. "Nuestro Estatuto de Autonomía nos obliga a oponernos a cualquier trasvase", afirmó Iglesias. Se lo dijo en persona al catalán José Montilla, con quien coincidió en un acto en Tarragona.

Información elaborada por Miquel Noguer, Oriol Aymí, Rafael Méndez y Vera Gutiérrez Calvo.