El banco público del agua negociará el 10% de los recursos del Guadalquivir

Andalucía afronta su cuarto año consecutivo de sequía. En este contexto, el Gobierno acaba de dar luz verde al llamado banco público del agua en la cuenca del Guadalquivir, un mecanismo que busca optimizar los recursos hídricos disponibles a través de la compraventa de derechos de uso de agua entre territorios, cuencas y agricultores. Este novedosos sistema de redistribución del agua se presenta especialmente útil en esta campaña, donde las previsiones apuntan a que el agua disponible para riego será de un 25% de un año normal.

A través del banco público, los agricultores con cultivos que necesitan una alta cantidad de agua y que no dispongan de ella, como pueden ser los casos del arroz, el maíz o el algodón, podrán vender sus derechos asignados a otros cultivos con menos necesidades hídricas, como las frutas y hortalizas de Almería o el olivar. De esta manera, recibirían compensaciones económicas a las pérdidas derivadas de la falta de riego.

El banco público del agua permitirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CH) realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de agua. que sirvan para mantener el caudal de los ríos o venderlos a otros usuarios. Javier Serrano, comisario de aguas de la Confederación, señala que ya han detectado a sectores interesados en entrar en esta subasta de los usos del agua, y estima que el banco público podría negociar inicialmente unos 40 hectómetros cúbicos, lo que supone en torno al 10% del volumen actual del sistema de regulación general disponible en la cuenca del Guadalquivir, cifrado en 400 hectómetros cúbicos.

"El banco público del agua va a permitir optimizar los recursos y desarrollar sectores estratégicos", señala Javier Serrano. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la constitución del Centro de Intercambio de Derechos de Uso de Agua en la Confederación del Guadalquivir y autorizaba a ésta a realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua de acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Serrano apunta que el precio de esa subasta podría estar en torno a 15 céntimos de euro el metro cúbico, que ha sido la tarifa aplicada en otros intercambios entre particulares realizados en los últimos años con el visto bueno de la Confederación.

Riego y población

Aunque el banco público del agua está abierto tanto al agua de abastecimiento como al de regadío, el hecho de que el suministro a la población esté garantizado durante al menos dos años en la mayor parte de la comunidad, permite adivinar que los potenciales beneficiarios de este instrumento serán, principalmente, los regantes, un sector que acapara el 80% de los usos del agua en la cuenca del Guadalquivir y que mueve más de 4.500 millones de euros al año. "Este centro de intercambio de derechos no acaba con el déficit hídrico de la cuenca, pero sí puede ayudar a solucionar problemas puntuales, puede salvar cultivos y debe impedir cualquier especulación por el control que ejerce la Confederación", manifiesta Pedro Parias, secretario general de Feragua, la principal organización de regantes del Guadalquivir, con 290.000 hectáreas gestionadas. Feragua ya ha pedido una reunión a la Confederación para recibir más información sobre la regulación de este nuevo instrumento.

Las organizaciones agrarias también están expectantes por la viabilidad de este banco público. "Claro que puede ayudar a salvar situaciones coyunturales a través de la reasignación de recursos", señala Agustín Rodríguez, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía. Rodríguez pone como ejemplo a los agricultores del Almanzora, en Almería, como eventuales beneficiarios de este novedoso instrumento. "O compran derechos o no tendrán agua", advierte.