Entre la recesión y la inflación: el dilema del Gobierno argentino

El Gobierno argentino parece tener la economía controlada. El dólar financiero está estable, el resultado fiscal se mantiene equilibrado, el riesgo país está bajando y la inflación, aunque más despacio de lo que el Gobierno quisiera, también. Pero no son todas buenas noticias para Milei. La actividad sigue sin consolidar la recuperación y eso puede terminar en un dolor de cabeza para el presidente.En los últimos meses, por primera vez en mucho tiempo, las encuestas muestran que la principal preocupación de la gente dejó de ser la inflación y es ahora el desempleo.

La recesión, que comenzó unos meses antes de que asumiera Milei, se agravó severamente tras las primeras medidas implementadas, en particular con el salto del tipo de cambio (de más de 120%), que llevó a una aceleración inflacionaria, con la consecuente caída del poder adquisitivo de la población y el consumo. A eso se le sumó un drástico recorte del gasto público, fundamentalmente en las jubilaciones, los salarios y la obra pública, que llevó a que la actividad económica se ubicara en el nivel más bajo desde la salida de la pandemia.

La consecuencia más grave fue el dato que conoció en las últimas semanas: el incremento de las personas en situación de pobreza, que pasó del 42% en el segundo semestre del año pasado al 53% en el primer semestre de este año. Si bien fue un salto sumamente grande, siempre en estos casos es importante advertir que la canasta de bienes y servicios que se utiliza en Argentina para definir la línea de la pobreza es alta. Como pueden ver en el gráfico a continuación, es más del doble que la de la mayoría de los países de la región y similar a la de países europeos como Grecia o Portugal. Esto no busca justificar el dato, solo contextualizar por qué se ubica por encima del 50%.

La causa principal por detrás del salto de la pobreza es la caída de los ingresos que se observó en los hogares de menor poder adquistivo (en torno al 20%, al comparar el segundo trimestre de este año con relación al año anterior), que encima fueron los más afectados (en los ingresos medios la caída promedió el 16%, mientras que la caída del 10% más rico de la población fue de solo el 7%). Como dato alentador, en los últimos meses se observó un repunte, aunque fue más marcado en el sector privado formal, y bastante más moderado en el sector público, en el sector informal y en las jubilaciones.

De cara a los próximos meses, para que la situación social mejore, es crucial que la actividad económica repunte, algo que no parece del todo claro que vaya a suceder. Si bien el último dato oficial marcó la primera mejora significativa de la actividad económica (con un incremento del 1,7% en julio), la gran mayoría de los indicadores de los distintos rubros con los que ya contamos con datos para agosto (recaudación del IVA, actividad industrial, producción de autos, despachos de cemento, entre otros) muestran una desaceleración respecto del mes anterior, lo que estaría indicando que la actividad económica se volvió a frenar en agosto (el dato oficial se conocerá recién el 23 de octubre).

Esto podría ser un problema para el Gobierno ya que, si bien todavía mantiene una elevada aprobación, lo que en alguna medida podría ser leído como que buena parte de la sociedad está dispuesta a tolerar estos ajustes en pos de una mejora futura, la paciencia social parece estar empezando a impacientarse. Sin ir más lejos, el índice de confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella marcó una caída muy significativa en su último relevamiento de septiembre. Como referencia, el nivel de confianza actual es 15% menor al de la medición de septiembre 2016 al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, y 5% menor al de la medición de septiembre 2020, al comienzo de la gestión de Alberto Fernández.

Ahora bien, si la actividad lograra repuntar de manera sostenida en los próximos meses, eso también podría llegar a ser un problema para Milei, por dos motivos. En primer lugar, porque podría le podría poner presión a los precios. El Gobierno se fijó como su principal meta acabar con la inflación, objetivo que se le complicó en los últimos meses, dado que las últimas cuatro mediciones se ubicaron en torno al 4%, confirmando que se frenó el proceso de desinflación que se había visto en los meses previos.

Frente a eso, el Gobierno decidió reducir el impuesto PAÍS (que afecta a las importaciones) un 10%, con la idea de que la reducción de los bienes, pero sobre todo de los insumos importados, contribuya a la baja de la inflación. Si bien todavía no tenemos el dato oficial de la inflación de septiembre, las mediciones de la mayoría de las consultoras la ubican en torno al 3,5%, mostrando una leve mejora. El tema es que, de cara a octubre, se disiparía el efecto que tuvo la reducción del impuesto y ahí es donde un repunte de la actividad económica podría jugarle una mala pasada a Milei.

Pero, además, está el tema de la falta de dólares. A pesar del blanqueo de capitales que impulsó el Gobierno en los últimos meses y que llevó a que muchas personas y empresas ingresaran divisas al sistema financiero local, las reservas del Banco Central se mantienen en terreno negativo (además, probablemente sea la única de las metas del tercer trimestre del acuerdo con el FMI que no se cumpla).

Esto es un gran problema, porque el año que viene el gobierno enfrenta abultados pagos de deuda en moneda extranjera (ya en enero tiene un vencimiento muy grande, de unos 5.000 millones de dólares) y, por ahora, no se confirmó que haya conseguido ningún tipo de financiamiento. Un repunte de la actividad económica no haría más que complicar este panorama, dado que llevaría a un incremento significativo de las importaciones, poniendo más presión a las magras reservas del Banco Central.

En suma, la recesión económica por la que todavía atraviesa la economía argentina se plantea como un problema de difícil resolución. Por un lado, necesita que la actividad repunte, de modo que eso contribuya a la mejora de los ingresos y el empleo, en el marco de un fuerte deterioro socioeconómico de toda la población, especialmente de los estratos más vulnerables. Pero, por otro lado, si se consolidara la recuperación de la actividad económica, eso podría poner en jaque el proceso de desinflación -principal objetivo fijado por el propio Gobierno-, como así también llevaría a que se incrementen las necesidades de divisas frente a un Banco Central que hoy no cuenta con las reservas suficientes. Todo un dilema.

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