Venezuela y Estados Unidos: dos campañas entrelazadas

Las encuestas de opinión pública le están asignando a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición en Venezuela, una amplia ventaja en la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Algunas, como la de ORC consultores otorgan a González Urrutia un nivel de 54,99% y a Nicolás Maduro, que pretende su reelección, un 14,42%. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello vaticina que González Urrutia conseguirá unos siete millones de votos, y Maduro unos 4,2 millones. El dictador está acentuando su campaña, por lo que no debe sorprender que se recupere. Pero existe un consenso muy extendido de que no logrará más del 30% de los votos.

La mejor encuesta, sin embargo, es otra: la ansiedad con la que el régimen está obstaculizando el proselitismo de quienes lo desafían. The New York Times lo ilustró este domingo en su portada, relatando la clausura sistemática de cualquier local, por ínfimo que sea, que provea de alimentos a los candidatos que buscan el voto para reemplazar al chavismo. Dirigentes opositores como César Pérez Vivas, que fue precandidato en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática, denunciaron que el gobierno prepara una catarata de impugnaciones para anular en las mesas electorales las boletas de algunos de los partidos que postulan a González Urrutia.

El chavismo tiene motivos para estar nervioso. La oposición se encuentra, como nunca, unificada. La que se perfilaba como su candidata más competitiva, María Corina Machado, fue bloqueada por las autoridades electorales, que son obedientes a Maduro. Ella delegó su representación en la intelectual liberal Corina Yoris, a quien impugnaron la inscripción. Aun así, Machado no llamó a la abstención, sino que se sumó de manera hiperactiva a la campaña de González Urrutia, un exdiplomático en el que convergieron todas las fuerzas que proponen un cambio en el país.

Hay otra novedad que mortifica a Maduro. Dos de sus aliados históricos, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro, le exigieron que las elecciones sean transparentes. Más allá de razones de principios, es muy probable que Lula y Petro estén intranquilos con una de las derivaciones de un triunfo amañado de Maduro: hay sondeos que consignan que el 40% de los consultados prevén abandonar el país frente a ese desenlace. La migración venezolana se ha convertido para Brasil y para Colombia en un problema de primera magnitud. En realidad, Maduro es el problema.

En esta instancia del proceso, la eterna crisis de Venezuela vuelve a plantear la misma incógnita: si es posible que un régimen autoritario incline la cabeza ante la mera aritmética de las urnas para ceder el poder a sus rivales. El chavismo ha ido degradándose hasta convertirse en una oligarquía delictiva para la cual la pérdida del poder podría significar la pérdida de la libertad. Y de ese patrimonio acumulado en las sombras. Quiere decir que, desde una perspectiva realista, es difícil imaginar una alternancia sin una negociación que abra el camino de la transición hacia la democracia.

Este escenario abre una nueva discusión acerca del lugar que ocuparía el Socialismo del Siglo XXI en un juego político que ya no lo tenga como titular del Estado nacional. Es una cuestión muy relevante porque, derrotada el 28 de julio, la fuerza que conduce Maduro igual retendría la mayoría del Congreso, numerosísimos estrados judiciales comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia, además de gobernaciones y alcaldías. Más un detalle no desdeñable: hasta enero, que es cuando se produce la transferencia del cargo, Maduro seguiría siendo el titular del Poder Ejecutivo.

Si es muy difícil caminar hacia un sistema democrático en Venezuela sin una negociación, debe incorporarse una variable internacional importantísima: el poder de los Estados Unidos sobre los principales caudillos del chavismo. Para empezar, el propio Maduro tiene una causa abierta por narcotráfico en ese país, que ofrece 15 millones de dólares por su captura.

Las autoridades de la Casa Blanca y del Departamento de Estado mantuvieron tratativas con el régimen. Fueron ostensibles. Se iniciaron con aquella malhadada visita de Juan González, funcionario del área latinoamericana del Consejo Nacional de Seguridad, a Caracas, para entrevistarse con Maduro, cuyo gobierno no era reconocido como legítimo por Washington. Fue en febrero de 2022. El ataque de Rusia a Ucrania, que activaba alarmas sobre la disponibilidad de hidrocarburos, hizo perder las formalidades. González avisó por teléfono a Juan Guaidó, el presidente legítimo para Washington, que en algún momento le daría explicaciones. Y dio las primeras puntadas de un acuerdo por el cual los Estados Unidos romperían el bloqueo que impidió durante varios años a sus grandes compañías operar en Venezuela. La principal beneficiaria fue Chevron, que volvería a extraer petróleo de los yacimientos caribeños. Estas transacciones materiales fueron acompañadas por rondas de conversaciones que se iniciaron en México y continuaron en Barbados para arrancar a Maduro algunas garantías de pluralismo político.

El triunfo de María Corina Machado en las primarias de la oposición dinamitó esta arquitectura. En enero, el Tribunal Supremo inhabilitó a Machado. De inmediato se interrumpieron las conversaciones internacionales. En febrero, la Casa Blanca anunció que González dejaría la función pública y sería reemplazado por Dan Erikson, otro miembro histórico del staff de latinoamericanistas de Joe Biden.

La victoria de la oposición presenta hoy una verosimilitud que nunca antes había tenido. Pero encuentra a Washington incomunicado con Caracas. Y ese aislamiento impide una negociación para la entrega del poder. ¿Cuál sería el factor capaz de descongelar el entredicho? La amenaza migratoria. Es decir: la misma razón que alejó un poco a Petro y a Lula de Maduro, podría acercar hacia él a Biden y su administración. ¿Por qué? Porque el sueño de llegar a los Estados Unidos es el principal motor de los venezolanos que se proponen dejar su país si se consolida la dictadura de Maduro.

Para entender este fenómeno son ilustrativos los datos de un solo día, el miércoles de la semana pasada, de migrantes que pasaron de Venezuela a Colombia y allí atravesaron la selva del Darien para ingresar a Panamá. Es el itinerario de la mayoría de los venezolanos que se dirigen luego hacia los Estados Unidos. Este 12 de junio se registraron en el control de Bajo Chiquito 861 migrantes de origen americano. De ellos, 709 fueron venezolanos; 69 colombianos; 1 brasileño, 5 chilenos, 2 cubanos, 29 haitianos, 41 ecuatorianos y 5 peruanos.

La presión de los venezolanos sobre la frontera de los Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años. Y no se ejerce sólo desde Venezuela. Muchos ciudadanos de ese país que buscaron otros destinos en América Latina, ahora prefieren cambiar el lugar de su exilio e ir hacia América del Norte, donde la economía se muestra mucho más pujante.

Como se afirma desde antiguo, toda la política es política local. Esta dinámica migratoria impacta hoy en la agenda doméstica estadounidense. Lo hace en uno de los asuntos más sensibles para la suerte de los demócratas: la oleada de extranjeros que quiere radicarse en el país. Es muy probable que esta inquietud fuerce a los funcionarios de Biden a mirar de nuevo la tragedia venezolana como una cuestión estratégica para su propia peripecia. La campaña electoral de Venezuela y la campaña electoral de los Estados Unidos estarían, de este modo, entrelazadas.