Así funciona el blanqueo de la carne procedente de la deforestación de la Amazonia brasileña

Blanquear la carne sucia. Es el concepto clave para entender cómo funciona el principal vector de la deforestación en la Amazonia brasileña: la apertura de pastos para la ganadería. La carne que llega a las estanterías de los supermercados de Europa, Asia o Estados Unidos procede en buena parte de terrenos deforestados ilegalmente, y las grandes empresas productoras, aunque se esfuerzan cada vez más en verificar el origen de sus productos, no pueden probar totalmente que estén libres de pecado. Es lo que revela un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) presentado este martes. En el punto de mira, la empresa brasileña JBS, la mayor productora de proteína animal del mundo.

En los últimos años, la organización se fijó en dos puntos calientes del estado brasileño de Pará, históricamente uno de los campeones en deforestación. El año pasado, según datos oficiales, aquí se arrasaron 249.000 hectáreas de selva, el equivalente a cuatro veces la ciudad de Madrid. Dos de las zonas más afectadas son áreas protegidas: la tierra indígena Cachoeira Seca, hogar de los indígenas Arara, y el asentamiento Terra Nossa, donde se realizan prácticas de agricultura sostenible. Las dos regiones sufren desde hace tiempo con invasiones para deforestar y colocar ganado que después puede acabar vendido en todo el mundo. La resistencia de indígenas y pequeños agricultores cuesta vidas: desde 2019 se cuentan cuatro asesinatos y un intento de homicidio de un líder comunitario.

El ciclo de blanqueo de las reses es muy opaco, porque cada animal pasa por varias fincas y es casi imposible seguir el rastro. Normalmente, el ganado nace en la tierra ilegal, después pasa por varias haciendas que ejercen de intermediarias, donde crece, y finalmente va a la propiedad final, donde acaba de engordar y desde donde es vendido a empresas como JBS. Los compradores finales sólo tienen certeza del origen legal de la última hacienda, pero no consiguen rastrear todos los intermediarios anteriores.

El informe de HRW detectó cinco casos, entre 2019 y 2024, en que se vendieron al menos 379 cabezas de ganado criado en esas dos zonas protegidas a haciendas que luego las revendieron a la multinacional. En algunos casos, JBS compró el ganado ‘limpio’ de fincas rurales en el estado de São Paulo, a pesar de que muy probablemente parte de esos animales pasaron parte de su vida pastando en terreno deforestado miles de kilómetros al norte, en la Amazonia. Entre 2020 y 2025, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda y Suecia importaron carne bovina de municipios donde están los frigoríficos de JBS sospechosos. Además, Italia fue el principal destino del cuero de los animales.

La investigadora de medio ambiente y derechos humanos de HRW, Luciana Téllez, una de las autoras del informe, señala que no se trata de hechos aislados, sino de algo “muy común” en la Amazonia. “La hacienda ilegal es la primera, que después vende a intermediarios y finalmente ese se lo vende a los frigoríficos. Como no hay visibilidad sobre la mayoría de la cadena de proveedores, es difícil estimar cuánto de ese ganado tiene origen ilegal. Eso debería preocupar a JBS”, recalcó.

La empresa asegura que en enero de este año presentará un sistema de rastreabilidad que también afectará a los proveedores indirectos, aunque desde HRW resaltan que eso ya se prometió para 2011 y que hasta ahora no hubo resultados concretos. La multinacional, que suele escudarse en las dificultades técnicas, cerró 2024 con unas ganancias brutas de más de 6.100 millones de euros, un 128% más que el año anterior.

En paralelo, los Gobiernos también prometen mecanismos para garantizar el origen de la carne. El Ejecutivo de Pará quiere tener listo en tres años un sistema para verificar el origen de cada animal a través de chips. Tras el primer año en marcha del proyecto, apenas el 0,25% de los 25 millones de animales está identificado. Las organizaciones piden que esos mecanismos sean a escala nacional, pero el sistema prometido por el Gobierno federal sólo estará listo en 2032. Detrás está la creciente presión de los consumidores de medio mundo, y amenazas concretas, como la normativa europea que impedirá la importación de productos derivados de deforestación posterior al año 2020. Debería entrar en vigor en 2026, pero los legisladores europeos están debatiendo aplazarla.

El impacto sobre el terreno de esa falta de controles es devastador: Cachoeira Seca se creó hace diez años precisamente para intentar frenar la deforestación, pero el año pasado fue la tierra indígena de Brasil con más tala ilegal. Sus habitantes han tenido que crear nuevas aldeas para distribuirse mejor y controlar el territorio. Algo parecido ocurre en Terra Nossa, donde a pesar de las promesas no se logra expulsar a los invasores: en 2023, más del 45% de su territorio ya se había convertido en pasto.