Uruguay vota la primera ley de eutanasia de América Latina: “Lucho por el derecho de todos a elegir”

El último mensaje que recibió Florencia Salgueiro de su padre fue el 11 de marzo de 2020. La comunicación por WhatsApp celebraba el ingreso en el Parlamento de un proyecto de ley para despenalizar la eutanasia en Uruguay que quedaría estancado en el Senado. A Pablo Salgueiro le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2017, cuando tenía 54 años. “Es una enfermedad neurogenerativa que no tiene cura, no hay ningún tratamiento que te pueda salvar, por ahora no”, cuenta Florencia, de 31 años. La enfermedad era una vieja conocida en la familia: su abuelo paterno y su tío habían muerto por ELA.

Salgueiro tuvo primero dificultades para mantenerse en pie, después para comer, más adelante para respirar y hablar. Era profesor de arte, relata su hija, un tipo mesurado y casero. También tozudo. Si no hay respuestas en la medicina convencional, se dijo, hay que buscar por otro lado: acupuntura egipcia, dieta macrobiótica, constelaciones familiares. “Esto me da esperanza”, le comentó.

En 2019 recibió cuidados paliativos, pero las crisis respiratorias y los ahogos se agravaron. Reunió a su esposa, a sus dos hijas y les dijo con la lucidez que siempre conservó: “Me quiero morir, lo que tenía para vivir ya lo viví”. Se lo planteó a los médicos de paliativos el 8 de febrero de 2020. “Lo que usted está pidiendo es ilegal”, respondieron. Lo que siguió, recuerda su hija, “fue una tortura”.

El 19 de marzo de ese año Salgueiro murió, pocos días después del ingreso del proyecto que despenalizaba la eutanasia en Uruguay. Esa propuesta del exlegislador Ope Pasquet, del Partido Colorado (centroderecha), sumó contribuciones del Frente Amplio (FA-centroizquierda) y se aprobó en Diputados en 2022. Pero terminó estancada en el Senado, dominado en ese entonces por sectores conservadores, sobre todo del Partido Nacional.

En 2025 el tablero político cambió y el regreso al gobierno del FA dio brío al actual proyecto denominado Muerte Digna, similar al texto de 2022, que obtuvo media sanción en agosto pasado en la Cámara Baja, por 64 votos a favor y 29 en contra. Este miércoles 15 de octubre se votará en el Senado, donde las bancas progresistas son mayoría. Este 15 de octubre Salgueiro cumpliría 63 años.

De acuerdo con el actual proyecto de ley, podrá acogerse a este derecho toda persona uruguaya —o residente en Uruguay— que sea mayor de edad y “psíquicamente apta”, que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que como consecuencia de esa enfermedad “padezca sufrimientos que le resulten insoportables” y atraviese un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.

“Es un proyecto potente, profundo y sensato”, define el diputado del FA Federico Preve, médico neurólogo y uno de los principales impulsores de esta propuesta. Tiene un grado de “potencia” al habilitar “un derecho humano a morir con dignidad”, explica Preve, es “profundo” porque aborda “la mayor cantidad de circunstancias vitales adversas” y también es “sensato”, dado que sus definiciones y garantías se basan en legislaciones de eutanasia que tienen más de 20 años.

El paciente que solicite la prestación deberá hacerlo por escrito y en persona ante el médico tratante, quien tendrá que informar sobre los tratamientos disponibles y evaluará si se cumplen las condiciones (en un máximo de tres días); se requerirá la opinión coincidente de un segundo médico independiente (en cinco días) o de una Junta Médica si hubiera desacuerdo (en cinco días).

En una segunda entrevista, el paciente podrá expresar su última voluntad —“siempre revocable”— por escrito ante dos testigos, y el médico “procederá a cumplirla cuándo y dónde el solicitante lo decida”. Todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán poner a disposición “los servicios necesarios para el ejercicio de este derecho regulado”.

Voces de pacientes y familiares

“Hasta que no estén las manos levantadas no está aprobado”, dice Florencia Salgueiro, que desde 2021 es uno de los rostros más conocidos entre quienes defienden la legalización de la eutanasia en Uruguay. Ese año juntó su voluntad con la de otros uruguayos que, sin distinción partidaria, estaban a favor de la aprobación de esta ley. Así nació el grupo Empatía, con una motivación principal: “Que se escuchen las voces de los pacientes o de los familiares”, explica.

Beatriz Gelós, de 71 años, escuchó a Florencia en un programa de radio y se puso en contacto con ella. En su caso, todo empezó en 2006, con una rara fatiga, un peso inexplicable sobre sus hombros y el andar más trabajoso. “El médico me dijo que era estrés, que me fuera a descansar a Isla Margarita”, recuerda. En 2008 ya no podía alcanzar el escalón del autobús que la llevaba a dar clases de Español a institutos de secundaria y a cárceles. También se trataba de ELA.

“Prepárese para lo peor”, le advirtió un neurólogo a su marido, “más allá de 2010 no va a vivir”. Gelós cuenta el pronóstico en la residencia para mayores donde vive en Montevideo. “La enfermedad me tiene a mí, cada día será más difícil que el anterior”, dice. Necesita atención durante todo el día: no puede caminar, sus manos no consiguen sujetar un vaso con agua, la respiración, frágil y agitada, redujo su voz a un susurro casi imperceptible.

“Lucho por el derecho de todos a elegir individualmente”, afirma sobre su apoyo al proyecto de ley. Cuando la persona “está sufriendo por una enfermedad sin cura”, continúa Gelós, y la ciencia “no tiene ningún remedio para aliviar su sufrimiento”, corresponde que “pueda elegir si sigue con su lucha o no”. Y añade a continuación: “Quiero tener la tranquilidad que me da la ley de muerte digna. Por favor: más sufrimiento, no. No puedo más”.

Este miércoles, Uruguay podría convertirse en el primer país en regular la eutanasia por la vía legislativa en América Latina, diferenciándose de Colombia y Ecuador, países que despenalizaron esta práctica mediante fallos de la Corte Constitucional. El 62% de los uruguayos está a favor de que eso ocurra, según una encuesta de Cifra difundida en mayo de este año, mientras que un 24% está en desacuerdo.

Preve hace hincapié en que este proyecto cambia el eje de “la decisión” y da autonomía a la persona como “dueña de su vida”. “Si bien precisa de la anuencia de la ciencia médica”, apunta, “el poder pasa a la órbita del paciente”. Reitera que el sistema de garantías que plantea “tiene evidencia empírica internacional” y cita como ejemplo el caso de Países Bajos, donde no hay médicos procesados y la práctica no se “burocratizó”, como ocurre en muchos lugares de España.

En la acera contraria se encuentran las personas y organizaciones del colectivo Prudencia Uruguay. En una carta abierta, advierten que el proyecto de eutanasia “discrimina a los más vulnerables, es confuso y no da garantías”. Critican que no haya evaluaciones previas de psiquiatras, psicólogos o trabajadores sociales, y que solo se deba “informar” de los cuidados paliativos, sin garantizar un “acceso real” a ellos.

“Lo que está en pugna son dos concepciones distintas de derechos humanos”, dice Miguel Pastorino, portavoz de este grupo. “Una concepción individualista donde cada uno es dueño de su vida sin importar las causas sociales, y otra que entiende que hay ciertos límites, que por humanismo la sociedad no puede descartar a la persona, aunque ella así lo quiera”, señala.

La discrepancia “mejora la convivencia democrática”, reflexiona el legislador Preve, pueden coexistir los diferentes “sistemas de creencias” sin que ninguno se imponga sobre otro. “Quienes quieran ampararse en este derecho tendrán la libertad de hacerlo. Y los que no lo quieran, no lo harán. No se obliga a nadie”. De ser aprobado el proyecto, el Poder Ejecutivo tendrá que reglamentar la ley en un plazo de seis meses. “Con esta ley, Uruguay será más humano, más comprensivo, más amoroso con el enfermo”, sostiene Beatriz Gelós.