Caso Evo Morales: cuando la violencia sexual contra las mujeres queda atrapada en el lodo político

Evo Morales ofrece una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba. Está sentado delante de los micrófonos junto a su abogado Nelson Cox y sostiene muchos papeles. A sus costados hay dos dirigentas, y dos filas de asambleístas departamentales y militantes le sirven de escolta. Durante 20 minutos, responde a las acusaciones surgidas en las últimas semanas en su contra: “estupro agravado con trata de personas” por supuestamente haber abusado sexualmente de una joven de 16 años en 2016. El expresidente de Bolivia lee encuestas de intención de voto que le benefician y dice que se trata de una estrategia política para inhabilitarlo en sus aspiraciones presidenciales en 2025. “Esta campaña tan sucia, tan mentirosa. Todos molestan a Evo porque es ganador”, afirma antes de terminar su intervención, entre ovaciones de sus seguidores.

- Evo: ¿es cierto que el 2016 tuvo una hija con una chica de 16?, le pregunta un periodista al expresidente de 64 años.

Morales le apunta con el dedo, y le dice con tono altanero: “Yo te preguntaría: ¿cuántos hijos tienes? [...] No se metan con la familia. La familia es sagrada”, se queja. “El compañero me va a preguntar: ¿cuántos hijos tiene y con cuántas mujeres?”, ríe al acabar su intervención, mientras Cox y una de las mujeres de la mesa le acompañan a carcajadas.

Pero, lejos de ser algo privado, el asunto está en primera línea de la actualidad en Bolivia. Con el padre de la menor detenido y una orden de aprehensión contra el expresidente, que se ha atrincherado en su feudo de El Chapare, el país espera los avances judiciales de un caso atrapado en el lodo político. Además, en un país donde la edad de consentimiento sexual es de 14 años, pone el foco sobre un delito sexual, el estupro, que se comete cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor de edad sin su consentimiento legal, valiéndose de engaños, chantajes o abuso de poder, y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió que fuera derogado.

“La forma como los hombres de oposición y del oficialismo están abordando el tema de la violencia sexual contra las mujeres es degradante”, afirma la socióloga boliviana Sonia Montaño. “Los hombres de ambos bandos han encontrado el terreno más fértil, porque sale toda la mentalidad conservadora que hay en Bolivia, cuando sabemos que estos están golpeándonos, matándonos o abusando sexualmente”.

No es la primera vez que Evo Morales, un político que a lo largo de su carrera se ha jactado públicamente de su gusto por las mujeres menores de edad y ha debido enfrentar acusaciones de estupro, se ve envuelto en un escándalo que concierne su vida personal. Sus dos hijos, nacidos de madres distintas en 1994 y 1995, tuvieron una larga lucha para que el expresidente reconociera su paternidad.

Cinco acusaciones de abuso sexual a menores contra Morales

Desde su primer Gobierno en 2006, Morales ha acumulado al menos cinco acusaciones de abuso sexual a menores en su contra. El caso más notorio, y que también fue explotado políticamente, fue el de Gabriela Zapata, con quien tuvo una relación, según admitió el mismo mandatario. La mujer acabó siendo gerente de la empresa china CAMC, con la que el Estado boliviano hacía contratos millonarios cuando el líder cocalero era presidente, y en 2016 le acusó de haberla dejado embarazada cuando era menor de edad.

Zapata fue acusada por el delito de trata y tráfico de personas por inventar un hijo con el entonces mandatario. Fue absuelta de esos cargos en abril de 2024 ante la falta de pruebas. “Quiero denunciar que mi ex pareja [Morales] siempre tuvo una fijación por mujeres menores de edad, pues así me conoció y logró, mediante engaños y promesas falsas a mi familia, que yo tenga una relación con una persona mucho mayor que yo. Espero que el poder que aún tiene Evo no lo mantenga impune ante las leyes de nuestro país”, afirmó Zapata, el pasado 3 de octubre, a través de su cuenta oficial de Facebook.

Tras la crisis electoral de 2019, que resultó en la renuncia y posterior exilio de Morales primero en México y después en Argentina, en 2020 fueron filtradas imágenes, mensajes de texto y hasta boletos de avión que una joven de 19 años, Noemí N., supuestamente utilizó para visitarlo. El periodista Jon Lee Anderson menciona en el reportaje La caída de Evo Morales, en The New Yorker, a una joven que lo acompañaba en México. El entonces Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó una demanda contra el expresidente por estupro, abuso sexual y trata de personas. La investigación policial reveló que el vínculo entre ambos comenzó cinco años antes, cuando ella tenía 14 y el exmandatario 56.

Ese mismo año, en 2020, el Gobierno de Áñez volvió a denunciar a Morales por una supuesta relación que tuvo en 2015 con una joven de 15 años, Cindy V., que presuntamente quedó embarazada y tuvo una hija del exmandatario, quien tenía 57 en ese entonces. Con la victoria de Luis Arce en las elecciones y el retorno del MAS al poder ese mismo año, ambos casos fueron desestimados a favor de Morales.

Cuatro años después, en medio de la pugna política interna entre Morales y su sucesor y otrora delfín, Luis Arce, el caso Cindy V. volvió a salpicar al exmandatario. Este 2 de octubre, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, emitió una orden de captura contra Morales por presunto estupro y trata de menores. Esta quedó sin efecto de forma inmediata porque la funcionaria fue destituida por su jefe, Juan Lanchipa, fiscal general del Estado y un hombre cercano al exmandatario. Un día después, aseguró que había tomado esa decisión para sancionar la “negligencia” de la funcionaria y no para proteger al acusado.

Según la orden de captura, entre 2014 y 2015, “haciendo uso desmedido de su condición como presidente del Estado Plurinacional, [Morales] crea una guardia juvenil (...) conformada por personas de 14 y 15 años, denominada Generación Evo”. Ese documento indica que los padres de la adolescente la inscribieron en esa organización con el objetivo de “escalar políticamente”, “es decir, conseguir lo que deseaban a cambio de su hija menor”.

El padre de Cindy V., detenido por no haberse presentado a declarar por la denuncia en la Fiscalía de Tarija, admitió en su declaración —cuya transcripción fue difundida por una diputada opositora—, que Morales embarazó a su hija cuando era menor. “Es el Evo Morales”, afirma el padre al ser interrogado por la identidad del padre de su nieta.

Otras dos denuncias por violación a menores de edad surgieron en el departamento de Cochabamba contra Morales, según dio a conocer la directora de Género de la alcaldía de la cabecera de ese municipio, Tatiana Herrera, quien afirmó que los hechos datan de 2014 y se produjeron en el trópico de esa región, bastión político del expresidente.

Cada vez que ha surgido alguna de estas denuncias, Morales siempre ha llevado el tema a la arena política y ha calificado las denuncias como un intento de “proscribir” su derecho a ser candidato. A través de su cuenta en X, calificó este proceso como un “nuevo Plan Cóndor” por el que, dice, sus opositores “promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares”. EL PAÍS ha contactado al expresidente para conocer su versión de estas acusaciones, pero hasta la publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.

Una deuda con el estupro

Más allá de la batalla política desatada por estos casos, la última acusación contra Evo Morales ha reabierto el debate sobre el uso de la figura del estupro, un delito sexual que ha registrado 7.181 denuncias en Bolivia en los últimos cuatro años y medio, según datos del Ministerio Público. Las organizaciones feministas critican que se trata de una figura que permite atenuar otros delitos como la violación, y que tiene una pena menor, ya que solo contempla de 2 a 6 años de prisión.

“Existen muchísimos casos de violaciones que las fiscalías prefieren tratar como estupro”, afirma María Galindo, del colectivo feminista Mujeres Creando. “Evo Morales, para cometer este delito, ha usado permanentemente la infraestructura del Estado. Las complicidades [de autoridades] han sido muy conscientes y muy claramente enmarcadas dentro de la figura de construcción de un caudillismo que lo justifica absolutamente todo”, apunta.

Por su parte, Jinky Irusta, de la Oficina Jurídica para la Mujer, recuerda que la Corte IDH solicitó la derogación del delito de estupro y que se cambiara la figura por violación al evidenciar fallas y brechas jurídicas en el sistema, algo que aún no ha sido aprobado por el Poder Legislativo en Bolivia. Esa petición se hizo en un fallo histórico por la demanda interpuesta por Brisa Angulo, quien fue abusada por su primo cuando tenía 16 años y que peregrinó dos décadas por distintos tribunales en busca de justicia, hasta que finalmente la corte interamericana emitió esa sentencia en 2022 en la que afirmaba que el Estado boliviano no había protegido a la joven ni había tenido en cuenta sus derechos.

Irusta ve otro problema en la impartición de justicia, afectada por la lentitud en los procesos y la corrupción. “De los casos de violencia de género que manejamos en la Oficina Jurídica para la Mujer, hay muchos de hace siete, ocho o diez años que todavía están sin sentencia”, acota.

En parte, este problema se atribuye, según diversos especialistas, a un bajo presupuesto asignado por la Administración a este ámbito —un poco más de 200.000 dólares o el 0,48% del Presupuesto General del Estado. Además, desde 2009 Bolivia tiene un sistema de elección de altos magistrados por la vía del voto popular que ha sido cuestionada. Los críticos consideran que hay mayor poder de “manipulación” para elegir jueces afines al oficialismo.

Y ese no es el único factor por el que las mujeres no encuentran justicia, según las organizaciones feministas. María Galindo cree que muchas víctimas de delitos sexuales no denuncian por estar sometidas a un control social colectivo de sus comunidades y sus familias. “Evo Morales no se atrevió a ir contra las jóvenes de las clases medias urbanas profesionales, sino que se sintió en la impunidad de utilizar a las provenientes del movimiento indígena campesino, jóvenes en búsqueda de una renovación, de un proyecto de vida, de un derecho de emanciparse respecto de los parámetros de las vidas de sus madres”, opina la activista.

Además, las denuncias presentadas contra Morales acaban atrapadas en el ring de las luchas políticas, donde lo que menos se escucha son las voces de las mujeres. Unos días después del tumulto por las acusaciones al expresidente, en La Paz apareció Jéssica Villarroel, de 24 años, quien acusó al presidente, Luis Arce, de haber abusado sexualmente de ella y de haberla presionado para que aborte. Según la denunciante, que ofreció su relato acompañada de un diputado afín a Morales, tuvo una relación clandestina durante medio año con el actual mandatario, que comenzó cuando éste le ofreció un cargo de Estado y acabó cuando se quedó embarazada. El presidente no ha contestado a las acusaciones de forzamientos y abuso de poder, mientras que su entorno las ha calificado de un “mal chiste”.

La socióloga Montaño cree que la polarización política y las acusaciones cruzadas entre las dos dos corrientes del MAS —el evismo y el arcismo— ha debilitado al movimiento feminista en Bolivia. “Es cierto que el Gobierno de Morales logró por primera vez una participación política importante de las mujeres indígenas en un país que era mucho más racista y clasista en el pasado. Ese Parlamento que estaba con una presencia minoritaria de mujeres y configurado por las clases medias o altas fue reconfigurado con la presencia de mujeres indígenas y por eso es precisamente más doloroso, porque una pensaba que podía haber un cambio”, lamenta.

La reactivación de una orden de arresto contra el expresidente ha provocado una amenaza de sus partidarios de “incendiar” el país si éste acaba preso. Y Morales, lejos de dar explicaciones a las acusaciones, insiste en que él es el único que puede “salvar a Bolivia” de la crisis en la que se encuentra sumergida mientras mantiene una pulseta por el control de su partido con el presidente Arce. En el medio de estas luchas políticas, las mujeres siguen siendo carne de cañón.