Evo Morales se refugia en su bastión cocalero frente a la orden de arresto por presunto abuso de menores

Miles de campesinos del Chapare, el hogar y bastión de Evo Morales, han salido a los caminos a realizar vigilias que buscan disuadir a la policía de ejecutar la orden de arresto que enfrenta el expresidente de Bolivia. En las dos entradas de la carretera que pasa por Villa Tunari, la pequeña ciudad en la zona de cocales de Bolivia donde vive Morales, sus compañeros de muchas luchas sociales y políticas han levantado campamentos. “El bloqueo de caminos se inicia si sale cualquier orden de aprehensión. Los puntos de bloqueo están listos”, declaró uno de sus dirigentes a la televisión. Antes, este sector amenazó con “incendiar el país” si las autoridades detenían al jefe cocalero.

Evo Morales es investigado por la fiscalía por “estupro agravado con trata de personas”, porque supuestamente tuvo una hija en 2016 con una adolescente de 15 años a cambio de favores políticos para los padres de la menor. Debía declarar el 10 de octubre, pero no se presentó, alegando “falta de garantías”, así que el próximo paso en el procedimiento es su detención. Está refugiado en el Chapare mientras sus abogados intentan plantear recursos legales para bajar la presión sobre él. Morales ha señalado que el Gobierno del “traidor” Luis Arce “está forzando un proceso penal” porque se ha desplomado en las encuestas, mientras que él es el favorito de los sondeos para las elecciones de 2025. “Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la justicia pretenden detenernos y acabar con nuestra vida. El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano”, escribió en X.

Las autoridades policiales informaron que habían arrestado al padre de la muchacha que la fiscalía ha identificado como la menor que en 2016 “fue entregada” por sus progenitores al entonces presidente, a cambio de posiciones secundarias en el aparato del Estado. Esta detención se debe a que el padre tampoco asistió a declarar, tal como le exigió la comisión del Ministerio Público encargada de la investigación en Tarija, la región boliviana en la que vive la supuesta víctima del estupro y su familia. Según el abogado de Morales, Jorge Pérez, el caso “nació muerto”, porque no hay denuncias de la presunta víctima ni de su entorno.

La comisión de fiscales dirigida por Sandra Gutiérrez reactivó a fines de septiembre una denuncia que ya había sido realizada por los enemigos de Morales en 2019, pero que otro fiscal rechazó investigar ese mismo año. En aquella ocasión, el signo político de quienes impulsaban la demanda era completamente diferente, se trataba de los encargados de seguridad del Gabinete de Jeanine Añez, que se formó tras el derrocamiento del presidente indígena. Ahora, quienes impulsan la acción judicial son miembros del Gabinete de Arce y militantes del mismo partido que Morales fundó en los años noventa. Según los evistas, Gutiérrez, que fue ministra en los gobiernos de Evo Morales, está actuando por orden del Gobierno.

La guerra interna del MAS se ha intensificado hasta este punto luego de dos años de disputas retóricas y escaramuzas por la propiedad del partido. La escalada comenzó con el anuncio del presidente Arce de convocar a un referendo para legitimar con el voto popular una controvertida interpretación de la Constitución realizada por el Tribunal Constitucional, considerado cercano al oficialismo, que inhabilita a Morales para ser nuevamente candidato a la presidencia del país. Tras la presentación del proyecto de referendo, que hasta ahora no se ha formalizado, el exmandatario organizó una marcha de protesta contra la crisis económica y por su candidatura en el transcurso de la cual los dirigentes evistas no escondieron su deseo de que Arce renunciara a su cargo. Días después de que esta protesta acabara, diferentes actores vinculados al oficialismo iniciaron casi simultáneamente cuatro procesos contra Morales.

La invetigación por abuso es el más grave porque ha sido asociado por las autoridades al delito de trata de personas o incitación a la prostitución, que tiene penas elevadas y permite que la fiscalía actúe de oficio, sin necesidad de la participación de la víctima. También es un proceso envenenado por la historia personal del expresidente, que ha sido relacionado con muchachas menores de edad en más de una ocasión en el pasado.

Como contrataque, un importante diputado del evismo ha presentado a la prensa a una mujer que alegó haber tenido una relación sentimental de medio año con el presidente Arce, supuestamente con abusos sexuales y a cambio de favores económicos. Arce no se ha pronunciado sobre esto, mientras que algunos voceros del oficialismo han salido a cuestionar la credibilidad de la denunciante.

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