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Las elecciones judiciales en Bolivia que López Obrador quiere para México: de la politización al conflicto entre poderes

La selección por sufragio universal de los magistrados de las altas cortes adoptada en 2009 generó problemas de funcionamiento del sistema judicial y apenas concitó el interés de la población, con porcentajes de voto nulo que rondan el 60%

El Congreso de Bolivia, en La Paz, en agosto de 2020.
El Congreso de Bolivia, en La Paz, en agosto de 2020.Gaston Brito (Getty Images)

La Constitución boliviana, redactada por una Asamblea Constituyente y aprobada en 2009, señala que los 26 magistrados del Consejo de la Judicatura, y de los tribunales Constitucional, Agroambiental y de Justicia, son “elegidos mediante sufragio universal”, que en Bolivia es obligatorio. La Asamblea Legislativa Plurinacional realiza por dos tercios de sus miembros presentes “la preselección de los postulantes por cada departamento” y remite al Órgano Electoral “la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”.

Las elecciones deben realizarse cada seis años y los magistrados no pueden ser reelectos, aunque esto ha variado por una decisión última del Tribunal Constitucional; ahora pueden reelegirse pero en un puesto dentro de un tribunal en el que no hubieran estado previamente. También se ha permitido, en contra de la letra de la Constitución, que pertenezcan a organizaciones políticas.

Las recientes elecciones mexicanas han puesto el foco en el sistema boliviano de elecciones judiciales -único en América Latina- porque Morena, el partido del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y de la electa, Claudia Sheinbaum, ha logrado una mayoría calificada en el Congreso, que le permitiría aprobar las reformas que tiene pendientes, incluida la del Poder Judicial, que contempla que los jueces, ministros y magistrados puedan ser electos por voto popular.

Requisitos

Está prohibido que los postulantes o terceros en su nombre realicen campañas electorales, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral es el único responsable de difundir los méritos de los candidatos. Son elegidos los que obtengan mayoría simple de votos. Para optar a las magistraturas, se necesita cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido 30 años de edad, poseer título y experiencia de ocho años como abogado y se valora a la postulación de las autoridades de la justicia comunitaria indígena. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad indígena –al menos uno en cada institución–.

La forma en que se realizó la preselección en 2011 fue considerada poco académica, así que para las elecciones de 2017 intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovación sirvió de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado. Además, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito.

El trabajo de inhabilitación por incumplimiento de los requisitos y de calificación de los postulantes está encomendado a comisiones mixtas de senadores y diputados. Para la votación definitiva en el pleno, las calificaciones que se hubieran obtenido solo sirven de referencia y no son vinculantes.

Votantes buscan sus nombres en listas para participar en las elecciones judiciales en El Alto, Bolivia, en octubre de 2011.
Votantes buscan sus nombres en listas para participar en las elecciones judiciales en El Alto, Bolivia, en octubre de 2011.Dolores Ochoa (ASSOCIATED PRESS)

Conflicto de poderes y bloqueo

Bolivia es el único país de Latinoamérica que cuenta con este mecanismo. Ha habido intentos de cambiar el procedimiento para evitar que fuera puramente político, porque, al final, en las dos elecciones celebradas hasta ahora (2011 y 2017), el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) impuso a la mayoría de los candidatos. Ahora el conflicto entre el poder judicial y el legislativo ha paralizado la aprobación de leyes y la convocatoria a elecciones judiciales programadas para el año pasado. El pasado viernes el Parlamento llegó a suspender a los magistrados de las altas cortes en una sesión declarada ilegal por el Constitucional.

A eso se suma otro factor: en las pasadas elecciones los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los favorables a los candidatos. En la primera ocasión, ascendieron a casi el 60% y en la segunda, al 66% de las preferencias emitidas. Esto ha impedido que se cumpliera la principal razón por la que este método se adoptó, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales. La elevada anulación de votos se debió al desconocimiento de los candidatos por parte del electorado y también a los llamados de la oposición a boicotear los comicios y así bloquear lo que consideraban era una “captura” política de los tribunales.

Hoy estos mismos opositores están unidos tras la consigna opuesta: exigen que las elecciones judiciales suspendidas en 2023 se realicen, porque la alternativa es la prórroga sin fecha de terminación de los magistrados electos en 2017, que consideran afines al oficialismo de Luis Arce. El año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional inhabilitó a Evo Morales, el principal rival del actual presidente boliviano, para participar en las presidenciales de 2025.

El sistema “fracasó”

Cuando el exmandatario, exiliado en México, iba a designar el candidato que lo representaría en las elecciones de 2020, en las que él no podía participar, pensó primero en Eduardo Rodríguez Veltzé. Al final terminó designando a Luis Arce. Rodríguez Veltzé ya había sido presidente por un breve período entre 2005 y 2006. Había llegado a esta alta posición sin hacer política, por ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia justo en el momento en el que Carlos Mesa, que no tenía vicepresidente, presentaba su renuncia. Estuvo un año en el cargo; luego ocupó importantes puestos diplomáticos durante los gobiernos de Morales. Hoy es uno de los más destacados analistas jurídicos del país. Cree que la idea de las elecciones de los magistrados judiciales por voto popular “fracasó”.

Los presidentes Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia y México respectivamente, posan tras una rueda de prensa en Ciudad de México, en marzo de 2021.
Los presidentes Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia y México respectivamente, posan tras una rueda de prensa en Ciudad de México, en marzo de 2021.Presidency of Mexico HANDOUT (EFE)

El jurista se opuso en su momento porque, afirma en una entrevista con EL PAÍS, llegó a “la conclusión de que el volumen de los problemas estructurales de la justicia es tan grande que se necesitaba más que solo nuevos jueces”. “Los altos magistrados no resuelven los problemas estructurales. A su vez, la elección popular de estos no resolvía su parcialidad, porque el hecho de que el pueblo los eligiera no los volvía más sabios, imparciales o eficientes. En cambio, para elegirse debían cortejar a los políticos durante la preselección de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego tenían que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradición alguna en el país. El voto popular obedece a una lógica: se vota por simpatía, por identificación, pero los votantes no están capacitados para evaluar los méritos de un funcionario que, sobre todo, es técnico”, razona Rodríguez Veltzé, quien apuesta por métodos de elección “más sencillos y prácticos, meritocráticos”. “Creo que lo fundamental es verificar la calidad del desempeño de los jueces, lo que requiere cambios en la sociedad y en la academia”.

Para el expresidente, el desempeño de los tribunales dejó además “mucho que desear”. “El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) concedió una doble autorización a Evo Morales para su relección en 2014 y en 2019, forzando la Constitución. El TCP, siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el récord de meter gente en las cárceles. Existen 30.000 reos y, esto es lo grave, un 70% con prisión preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta práctica abusiva. Eso es muy elocuente. Y no se diga hoy, cuando es muy clara la adhesión de una facción del TCP y de varios magistrados a las políticas gubernamentales, y este ha dictado fallos que han detenido las elecciones judiciales y ha definido su prorroga después del cumplimiento de su tiempo de mandato, el 1 de enero de este año. El TCP incumplió así la norma ética y legal de no pronunciarse sobre temas que le signifiquen un conflicto de intereses”, concluye.

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