Bernardo Arévalo no tendrá luna de miel
La administración entrante, que es minoría legislativa, gobernará en un ambiente de confrontación directa con la fiscalía guatemalteca
Desde el inesperado éxito del Movimiento Semilla en la primera vuelta de junio, primero, y con el incremento de su persecución a raíz de la contundente victoria de ese partido en la segunda vuelta de agosto, el Ministerio Público de Guatemala ha intentado socavar el Gobierno entrante del presidente electo Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta Karin Herrera hasta cuatro veces antes de que asumiese el cargo este domingo, 14 de enero.
De manera similar, el padre del nuevo mandatario, el expresidente revolucionario Juan José Arévalo Bermejo, quien estuvo en el poder durante 72 meses (seis años, entre 1945 y 1951), sostuvo 29 intentos de golpe. Aunque los tiempos son distintos, los anacronismos se mantienen: Arévalo de León seguirá confrontado acérrimamente contra fuerzas antidemocráticas, cuyos vestigios se vinculan a la contrarrevolución que data de la Guerra Fría.
El presidente Arévalo de León ya ha dicho que se reunirá con la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, para solicitarle que renuncie al cargo. Desde el 1 de septiembre pasado, la acusó públicamente de orquestar un intento de golpe de Estado para evitar que asumiera la Presidencia. El segundo periodo de la fiscal general concluye en 2026, por lo que se espera que la cronología de hostilidades del MP se extienda.
Aún así, las oportunidades que hoy emergen para poder revertir la autocratización en Guatemala no tienen precedentes. Colocarle esa barra de medición al Gobierno entrante para que asimile su rol de freno frente al retroceso democrático será vital para exigir la rendición de cuentas desde la sociedad civil. La ventana de oportunidad para impulsar reformas es bien vista por la comunidad internacional, cuyo rol en el elenco de reparto en la defensa de la democracia en 2023 fue crucial. Esto se materializa en la amplia representación de jefes de Estado, cubriendo el espectro ideológico iberoamericano, que asistirán a la toma de posesión.
El choque entre el organismo ejecutivo y judicial es el prolegómeno del Gobierno debutante del Movimiento Semilla, que será minoría con 23 diputados en el hemiciclo de 160 escaños. La sobrepasan la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con 28 y la del partido Vamos con 39. Estos últimos cuatro años se evidenció que la alianza oficialista era mayormente conformada por ambas bancadas.
Un total de 96 diputados de la X Legislatura llegarán por primera vez al Congreso de la República este 14 de enero. Además, ya que el universo de partidos políticos representados es de 17 bancadas, la pregunta fundamental es: ¿podrá el oficialismo, en apenas su segunda Legislatura, construir una coalición gobernante desde su posición minoritaria?
Arévalo no tendrá luna de miel. No será fácil complacer un electorado agotado de décadas de ofertas partidistas clientelares y exigente de una agenda programática transparente. Prueba de esto es que, desde antes de siquiera asumir el poder, el gabinete de Arévalo y Herrera ya había sido objeto de críticas y alabanzas. Una antigua representante de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, quien cuestionó la legitimidad de la lucha en defensa de los ríos y aseguraba que las comunidades en resistencia a las hidroeléctricas en Guatemala eran financiadas por organismos internacionales, declinó la nominación al Ministerio de Energía y Minas luego de ser sujeta al oprobio de las redes sociales.
También es la primera vez que el gabinete demuestra una selección basada paridad de género. Pero más que ser una métrica aritmética conveniente, el gabinete refleja cierta meritocracia inclusiva que subraya la calidad en comparación a experiencias anteriores, principalmente durante la administraciones de los impopulares expresidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024). El Gabinete de Morales se fraccionó cuando inició la lucha frontal contra Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); mientras que con Giammattei, 13 de los 14 ministros no completaron los cuatro años. Antes de reflejar un progresismo moderado de primera vuelta, los nombramientos señalan el centrismo reformador que marcó la segunda vuelta del Movimiento Semilla.
Principalmente, la crítica de los sectores más progresistas se basa en que sigue existiendo un sector marginalizado que exige mayor representación: los pueblos indígenas. Esta coyuntura les permitió cobrar una voz y reafirmarse como actores políticos, sujetos históricos en Guatemala y protagonistas del cambio social transformacional. La decisión de los pueblos de llamar a la movilización para evitar que un grupo criminal profundizara un golpe de Estado no fue por defender a Arévalo o Semilla, sino para restablecer la incipiente democracia posconflicto y recuperar sus instituciones.
Eso le competerá a la nueva administración, que comienza endeudada con la valentía y determinación de los pueblos en una situación de mucha volatilidad y de conflicto entre órganos del Estado. Su éxito no sólo beneficiaría enormemente al estado de derecho en Guatemala, sino que también enviaría un poderoso mensaje: la democracia liberal sigue siendo una opción viable en los países del norte de Centroamérica— demostrando a los latinoamericanos que es posible desafiar el status quo manteniendo al mismo tiempo los valores democráticos.
